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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Educación, Enrique Ossorio

Educación, el último campo de batalla en la cruzada de Ayuso contra el Gobierno

La Comunidad de Madrid pelea contra el Ejecutivo de Sánchez en todos los frentes educativos: ha hecho una ley específica contra la Lomloe, ha tratado de modificar la forma de evaluar hasta que la Justicia lo suspendió y amenaza con revisar los libros de texto por “adoctrinar”

Primero fue la palabra, declaraciones más o menos agresivas contra el “adoctrinamiento” y la supuesta rebaja de la exigencia. Luego vinieron los hechos: una ley muy específica para defender la concertada por aquí, un decreto para boicotear la Lomloe por allá, una instrucción con el mismo fin por acullá. Ahora, las amenazas: “Vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros en la Comunidad de Madrid (…) y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos textos que contengan material sectario”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha echado al monte de manera definitiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación de Pilar Alegría. No le está yendo tan bien: hablar puede no tener consecuencias, pero actuar sí. La Justicia ha suspendido de manera cautelar en la última semana un decreto y una instrucción a los centros por invadir competencias del Estado (e ir contra los designios del Ejecutivo plasmados en una ley). Ambos tenían el mismo objetivo: entorpecer la implantación de la conocida como ley Celaá.

Cualquier cuestión es susceptible de servir de campo de batalla, aunque la propia realidad te deje en mal lugar. Por ejemplo, Madrid protesta porque el Gobierno permita al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas cuando el 14% de sus estudiantes se sacan el título de la ESO sin todas las materias aprobadas, un dato peor que el de otras seis comunidades autónomas.

Otro frente: los currículos del Ministerio, de los que se dijo que adoctrinan y que se han tratado de enmendar con el desarrollo que debe hacer cada comunidad autónoma (el Gobierno realiza un currículo general con el 60% de los contenidos y a las comunidades les corresponde ampliarlo en el 40% restante).

La Consejería de Educación anunció que había retirado una treintena de conceptos que había incluido el Gobierno en el Bachillerato por adoctrinadores, entre los que se incluyen términos como “ciudadanía resiliente” o “emergencia climática”. “Hay párrafos que yo, como consejero de Educación, no entiendo lo que dicen”, explicó Enrique Ossorio hablando del currículo. Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por ‘adoctrinadores e ideológicos’ he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los ‘desafíos científicos’ del futuro en sus recientemente publicados Libros Blancos”, escribía en Twitter.

La realidad, por otra parte, es que no se retiraron esos 30 conceptos porque no está en manos de la Comunidad de Madrid cambiar un Real Decreto del Gobierno –la forma legal en que se realizan los currículos educativos–, aunque anunciarlo dé titulares.

Pero el Gobierno regional manda cartas a Europa lamentando la ideologización de los currículos. Kyriakos Tsirimiagos, jefe de unidad en el Comité Europeo de las Regiones, ha tenido que leer una en la que el consejero le explica que “el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción [esto es cierto, afirmó que eran ”complejos y abstractos“] y por su sesgo ideológico [esto no lo dijo el Consejo], dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid”. Y eso también da titulares.

El ultimísimo elemento sobre el que percutir es la reforma de la ley universitaria. El consejero Enrique Ossorio se encargó el jueves de hacer pública su discrepancia con el proyecto tras la reunión del Consejo General de Política Universitaria. Los argumentos del máximo responsable educativo sorprenderán a pocos que sigan la política madrileña: “Ampara la politización de los campus”, explicó el responsable de que el PP utilice colegios como lugares desde los que cargar contra el Gobierno mientras impide a la ministra Montero intervenir en un acto el 8M. “Daña la calidad y la excelencia”, añadió, aunque su gestión está siendo criticada por la aprobación de Universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio y rechazadas por los rectores de las públicas.

Los libreros también adoctrinan

Ahora les toca a los libros de texto. En su campaña contra Sánchez, el Gobierno regional ha conseguido enfrentarse con la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que también se ha acusado de adoctrinamiento. Ayuso explicó el miércoles que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento [en el ‘sanchismo’] que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto” y anunció una orden a la inspección educativa para que retire todos los “que contengan material sectario”.

La presidenta madrileña ha encontrado una seguidora para esta idea: al día siguiente de su anuncio, la consejera murciana de Educación, Mabel Campuzano, ex representante de Vox, anunció que haría lo propio en la región para asegurar la “neutralidad ideológica”.

El Gobierno reaccionó al anuncio de Ayuso explicando lo evidente: los libros los hacen las editoriales en base a los currículos, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Además, la ley ya prevé que las administraciones controlen qué se publica en los libros, precisamente porque no los hacen ellas. Dice el artículo 153 bis de la Lomloe: “La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley”. Qué libros se utilizan en cada clase es una decisión que se toma a nivel colegio, empezando por la opción de si utilizar libros o no, que no son obligatorios.

Antes había sido la ley

Tras 20 años sin una ley educativa propia –todo el siglo XXI, no la tiene desde que ostenta las competencias en Educación– o saltándosela para ceder parcelas gratis para levantar colegios privados, el Gobierno regional sintió la necesidad de tener una justo después de que se aprobara la Lomloe. El objetivo de la norma madrileña es blindar la escuela concertada, que veía amenazada por la ley estatal. Así nació la Ley Maestra, que directamente va contra varios preceptos incluidos en la Lomloe de impulso de la escuela pública, pensados para favorecer a la privada sostenida con fondos públicos: en Madrid todos los alumnos “tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos”, dice el artículo 5 en un sutil pero clave cambio para incluir a la escuela concertada como garante de las plazas escolares, rol que la Lomloe reserva para la escuela pública.

Todo esto –aprobar la Ley Maestra, lanzar y que te suspendan dos normas de desarrollo de la Lomloe, intentar boicotear los currículos del Gobierno, cargar contra la Ley de Universidades y contra los libros de texto– ha ocurrido en cuatro meses. El siguiente frente que se prevé puede ser el Estatuto del docente, tarea en la que está embarcado el Ministerio de Educación. Quedan 17 meses de legislatura.

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