El 32,7% de los centros educativos son centros privados financiados con dinero público. Y en Madrid y Cataluña superan el 50%. El 63% de esos centros son de la Iglesia Católica.
La educación pública es la única que garantiza la equidad y la cohesión social, sin ningún tipo de discriminación, en condiciones de igualdad y convivencia democrática de personas con distintas procedencias socio-culturales. Mientras que la educación concertada segrega: el 82% del alumnado de origen inmigrante, de minorías o con necesidades educativas, está escolarizado en la pública. Los conciertos son, por tanto, garantía de desigualdad y de segregación, también por la religión católica como ideario excluyente y por la distribución por clases sociales.
Sin embargo, este anómalo sistema de conciertos educativos persiste en España en el siglo XXI. Sorprende que se mantenga cuando también es una anomalía aconstitucional. La “libertad de enseñanza” reconocida por la Constitución Española (Artículo 27), se concreta en la posibilidad de creación de centros privados. Pero ni en la Constitución ni en el derecho comparado las opciones privadas tienen que ser financiadas con fondos públicos (es una decisión política). Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: …siendo del todo claro que el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales”.
En España la escuela concertada, nació como una medida transitoria, como complemento a la red pública, ante la insuficiencia de centros públicos que existían en España a principios de los años 80, cuando el derecho a la Educación se hizo universal. Pero fue consolidada por la política educativa socialdemócrata del PSOE de Felipe González, que asentó una doble red, y que luego los gobiernos del PP han ampliado y consolidado. Como analiza el Colectivo Baltasar Gracián (2009): “En lugar de establecer un sistema público universal de educación, el gobierno del PSOE del comienzo de los ochenta tomó la decisión estratégica de llegar a un acuerdo con la Iglesia. La LODE de 1985 aprobó la regionalización de la educación y la presencia de un fuerte y subvencionado sector privado religioso. Las subvenciones se llamaron ‘concertaciones’. Esto fue un cambio que va más allá del concepto: la subvención reconocía el papel subsidiario del sistema privado, mientras que el concierto era una modalidad de control privado de la provisión pública de plazas escolares. (…) Alumnos con bajas expectativas se vieron concentrados en las escuelas públicas. (…) El gobierno Zapatero elegido en 2004… permitió la extensión de los conciertos a la educación no obligatoria: la LOE de 2006 igualaba a los centros concertados con los públicos, dándoles la financiación completa para concertar la educación no obligatoria, y les concedía un aumento de la financiación mayor que el de las escuelas públicas”.
Sin embargo, la notable mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento de unidades escolares en centros concertados no se pueda justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino que se mantiene por razones ideológicas. Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones privadas. Máxime cuando se están concertando unidades en zonas donde hay unidades públicas que se cierran.
De esta forma la escuela privada concertada se ha convertido hoy en una competencia frente a la red pública, recibiendo un volumen cada vez mayor de recursos económicos a través de los conciertos educativos. El dinero público dedicado a la educación concertada ha subido en España un 43% en una década. Ha ido creciendo hasta situarse en los 6.000 millones de euros anuales . Pero esto se incrementa sustancialmente en las comunidades autónomas, donde hay un progresivo desvío del dinero público a subvencionar los centros privados, mientras se aumenta el recorte de financiación a la educación pública. Si la media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,7%, en el país, en algunas de las comunidades el porcentaje supera ya ampliamente el 50% (Cataluña, Madrid, etc.). Las políticas de los últimos 15 años en España, con gobiernos tanto conservadores y socialdemócratas, evidencian la apuesta por la concertada que ha supuesto un adelgazamiento de la pública y un aumento de la concertada, llegando a triplicar casi el volumen de aulas concertadas en este período.
Actualmente se ha alcanzado una situación en que prácticamente toda la enseñanza privada se encuentra concertada y donde uno de cada cuatro alumnos y alumnas de las etapas obligatorias (cerca de un millón), está matriculado en centros de iniciativa privada pagados con dinero público. Y lo más significativo es que el 63% de este sector privado (que representa un tercio de la oferta de enseñanza en su conjunto) corresponde a centros docentes de la Iglesia católica, que constituyen un auténtico subsistema consolidado y con gran poder. Por supuesto los colegios privados y concertados se concentran en grandes núcleos urbanos. Las zonas menos desarrolladas (zonas periféricas de las ciudades, zonas rurales, etc.), que no son fuente de negocio, han de ser asumidas por la educación pública.
Lo sorprendente es que son los grupos sociales con mayores recursos los que se están beneficiando de esta política de conciertos educativos, ya que se encuentran con que a lo que económicamente estaban dispuestos a dedicar a la educación de sus hijos e hijas se les está añadiendo una ingente cantidad de recursos públicos, sin ni siquiera tener la obligación de compartir sus centros a niños y niñas provenientes de grupos sociales desfavorecidos, y además son quienes reciben más recursos puesto que son los que durante más años permanecen en el sistema educativo alcanzando las titulaciones de mayor duración y de mayores costes para el Estado, que son las universitarias y másteres.
Además, la educación concertada está suponiendo un despilfarro para el erario público y para las familias. Si la inversión pública en la educación pública supone 3.214,4€ por alumno o alumna, la de la privada concertada supone un coste muy similar, de 3.028,9€, pero a este coste hay que añadir la diferencia que supone para las familias llevar a sus hijos o hijas a la escuela pública o a la concertada: si en el primer caso es un gasto de 822 euros por alumno o alumna, en el caso de optar por un centro privado concertado el gasto asciende a 1.549 euros por alumno o alumna al año.
España también en esto constituye una anomalía dentro del panorama europeo. Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros privados sostenidos con fondos públicos, solo por detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Holanda, Alemania, Austria, Reino Unido, Suecia, la católica Italia o Finlandia, entre otros), según datos de la OCDE, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).
Finalmente señalar que, lo que respalda la evidencia estadística, es que detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro, para justificar los conciertos, lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase. Como explica el sociólogo de la educación José Saturnino Martínez (2019), “según el informe PISA lo único que hacen mejor las escuelas concertadas y privadas en España es seleccionar socialmente a su alumnado”, escogiendo una clientela “selecta” y garantizando a clases medias y altas alejarse de alumnado extranjero, con necesidades o de clase baja. Este modelo neoliberal incita a comportarse como “cliente” en un mercado educativo, en donde las familias compitan para seleccionar la mejor “oferta”, como si de un gran supermercado se tratara, que supuestamente dé mayores ventajas competitivas a “los míos”. Alentando así una pedagogía del egoísmo y el interés propio, en vez de alentar el bien común, donde las familias participen, no como clientes, sino como copartícipes activos en la construcción social de una escuela beneficiosa para sus hijos e hijas, pero también e igualmente para los hijos e hijas de los demás.
Debemos garantizar el bien común: el derecho a la mejor educación posible de todos los niños y las niñas. Y eso solo es posible con una red pública única, que no derive recursos públicos de nuestros impuestos a financiar opciones privadas. Esto no solo es menos costoso y más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación. Mantener una doble red (pública/concertada) supone admitir el primer y más importante mecanismo de segregación social del sistema educativo. Supone también renunciar al concepto de enseñanza como bien común al que todos los niños y niñas deben poder acceder de forma equitativa, digna, universal y gratuita. Es cuestión de voluntad política.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León. Coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida.
