Un grupo trasversal de diputados presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la educación afectiva y sexual en los establecimientos educacionales. La Comisión de Educación vivió una extensa jornada con las voces a favor y en contra.
Con cinco horas de discusión, la sede de Santiago del Congreso fue el escenario de una extensa sesión de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la primera del regreso al trabajo legislativo, instancia que recibió a expositores a favor y en contra de una política de educación afectiva y sexual para los niños desde la educación parvularia.
Tomando en cuenta los índices de enfermedades de transmisión sexual, el aumento en los casos de abuso sexual infantil y la violencia de género, un grupo trasversal de diputados presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la educación afectiva y sexual en los establecimientos educacionales.
Según los parlamentarios, los grandes problemas que han tenido las políticas públicas de educación sexual de los niños en las últimas décadas es que se abordan desde “una arista valórica y no social, óptica que reduce a una responsabilidad exclusiva a las familias desde el conservadurismo, la morbosidad y criminalización”.
Por otro lado, acusan que sólo se ve desde el ámbito de la salud, especialmente enfocado en fertilidad, sin entender la sexualidad y afectividad como una cuestión integral.
Religión y abstinencia
Si bien la discusión trató de no tornarse valórica, quienes están en contra del proyecto de educación afectiva y sexual en los colegios temen que los lineamientos del Estado sean contrarios a los programas educativos que fomentan los colegios religiosos.
La asesora legislativa de Comunidad y Justicia -una corporación centrada en la defensa del derecho a la vida, la libertad de enseñanza, y de religión- Daniela Constantino, expresó que “se pretende imponer un marco de principios rectores obligatorios” en donde se agrega que la educación sexual debe ser laica. Según Constatino, esto “atenta contra la libertad todas las creencias y el ejercicio libre de los cultos, pues se impide que los establecimientos educacionales que profesen un culto expresen libremente su fe”.
Similar opinión expresó Carolina Garate, facilitadora de Educación de la Red Evangélica de Unidad Nacional (REDUN), quien recordó que “los cristianos nos basamos en un libro sagrado que es la Biblia” y que “la Biblia dice ‘instruye al niño en su camino’. La Biblia no nos enseña a entregar la educación de los niños al Estado”.
Según los opositores al proyecto, no hay claridad en cuáles políticas educativas de este tipo permitan prevenir, por ejemplo, el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Pablo Muñoz, parte del equipo coordinador de Chile Marcha por la Vida y la Familia, aseguró en ese sentido de que “se habla con inocencia que, cuando se implementan estos programas, todo ocurre para bien. Los datos nos dicen todo lo contrario”.
“Una vez que se abre la puerta al monstruo de la educación sexual integral, se abre la puerta a distintos grupos ideológicos que tratan de imponer qué es la sexualidad”, agregó, asegurando que “vamos a caer en situaciones totalitarias e ideológicas”.
“En ningún lugar dice la abstinencia, cuando la abstinencia es el método más seguro”, proclamó Muñoz, afirmando que “la mejor educación que podemos darle a nuestros hijos es guardase hasta el momento adecuado”.
Una pandemia
En respuesta, quienes están a favor de que se implemente un proyecto de educación afectiva y sexual en los colegios desde el nivel parvulario aseguraron que esta es la única forma de prevenir situaciones de abuso.
La primera en tomar la palabra fue Claudia Moreno, del programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad (PASA) de la Universidad de Chile, quien desestimó que los aspectos de creencias y culto sean un impedimento para aplicar este tipo de programas estatales.
“Una escuela católica puede, cuando se trata de programas de prevención del embarazo y de ETS, contener a las tecnologías médicas y las prácticas seguras -los denominados mecanismos naturales y la abstención- sin dejar de usar ejes comunes al sistema educacional. Lo mismo puede decirse de las convivencias sociales”, afirmó Moreno.
En esa misma línea, Daniel Seguel, director académico del Centro de Educación Sexual Integral (CESI), recalcó que “el miedo que tienen los profesores es a los apoderados, que los puedan acusar de abuso sexual”, asegurando efectivamente que “hay límites: el relativizar el abuso, relativizar la discriminación, relativizar lo que la ciencia dice”.
Para quienes apoyan el proyecto, esta iniciativa es fundamental para prevenir el abuso sexual infantil al educar a los menores de edad en el autocuidado.
El psicólogo clínico del grupo Miradas, Ignacio Fuentes, agregó que los adultos no necesariamente están capacitado para enseñar la prevención, por lo que es necesario lineamientos de expertos.
“En las mujeres, en promedio, tienen que pasar 50 años para una persona se dé cuenta que ha sido abusada”, dijo, asegurando que “si no hay educación sexual para prevenir el abuso sexual, se está enseñando una educación, pero que fomenta el abuso”.
“El abuso sexual es una pandemia y lo que se hace aquí es prevenir vidas a futuro”, expresó el especialista, señalando que “yo no soy creyente, pero me costaría creer que si Dios existe y es tan benevolente, no nos diera las herramientas para prevenir el abuso”.
Violentas cifras
El proyecto de ley sobre educación afectiva y sexual desde la primera infancia expone una serie de cifras respecto a la realidad de niños y adolescentes en Chile.
En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, entre enero y diciembre de 2018 se registraron 6.948 nuevos casos de VIH en Chile confirmados por el Instituto de Salud Pública, lo que representa 1.132 casos más que en 2017. Según se estima, en la población que va desde los 15 a los 19 años la cifra ha aumentado un 125%.
En cuanto a violencia sexual contra niños, el informe Cifra negra de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes: ocultamiento social de una tragedia del Observatorio Niñez y Adolescencia reveló que la generalidad de los abusos se produce en un contexto intrafamiliar, y solo un porcentaje menor de estas situaciones son detectadas y denunciadas a la justicia. En esa línea, se estima que las cifras de casos no denunciados fluctúan entre el 70% y 80%.
En 2016, en el país hubo una tasa de denuncias por el delito de violencia sexual contra niños y adolescentes de 91,3 por cada 100 mil habitantes.
La tasa más alta se ubica en la Región Metropolitana (108,8), seguida por la Región de Tarapacá (102,8), y en tercer lugar aparece la Región de Los Lagos (101,7). Las regiones que muestran tasas más bajas son Atacama (42,1), Aysén (64,2) y Maule (64,3).
El mayor número de denuncias se concentra en las mujeres, presentando una diferencia total de más de cinco veces respecto a la tasa de denuncias de hombres. Esta diferencia se acentúa en el rango de edad entre los 14 a 17 años, donde las denuncias de mujeres son casi 12 veces más que las de los hombres.
