Un total de 50 organizaciones pro derechos humanos instaron este viernes a que Emiratos Árabes Unidos (EAU) ponga en libertad a decenas de activistas, incluidos abogados, jueces, académicos y estudiantes, que cumplen distintas penas de cárcel desde 2016 por exigir reformas democráticas en el país árabe.
Según un comunicado firmado por las ONGs, los activistas formaban parte de un grupo de 98 personas, de los cuales 69 habían recibido penas que oscilan entre 7 y 15 años, ocho de ellos en ausencia, «en un juicio que carece de las más básicos estándares internacionales necesarios para un juicio justo, y únicamente por expresar su opinión».
«Llamamos a los aliados de EAU, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y los miembros de la Unión Europea, a que presionen a las autoridades emiratíes para que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos y muestren verdadera tolerancia», dijo la nota.
«El primer paso es liberar a todos los defensores de derechos humanos encarcelados y los demás presos de conciencia», añadió el comunicado, firmado por el Centro del Golfo de Derechos Humanos y otras 49 organizaciones árabes y occidentales.
Asimismo, destaca nombres de varios académicos, abogados y conocidas personalidades emiratíes, que forman el llamado «grupo de los 98», incluido el jeque Sultán bin Kayed al Qasemi, miembro de la familia real del emirato de Ras al Jaima, uno de los siete que componen EAU.
Según las ONGs, las autoridades comenzaron a perseguir a esas personas después que firmaran un «comunicado de reforma» en marzo de 2011, en el que exigían, entre otras reformas, que los miembros del Consejo Nacional Federal sean todos elegido por sufragio general.
Hasta ahora la mitad de los 40 miembros del citado consejo, que el cuerpo legislativo del país, son elegidos por sufragio y la otra mitad son designados por los gobernantes de los siete emiratos que componen la federación de EAU -Abu Dabi, Dubái, Ajmán, Fuyaira, Ras al Jaima, Sarja y Umm al Qaywayn.
La nota apunta que varios de los enjuiciados han cumplido este año la pena en su contra, si bien las autoridades les han comunicado que seguirán retenidas en los llamados «Centros de Consejería», adjuntos a las cárceles del país y en los que los condenados por expresar sus opinión son sometidos a «un proceso de rehabilitación».
«También llamamos a las autoridades a cerrar los llamados centros de consejería en las prisiones, y liberen a todos los detenidos después de cumplir las penas en su contra», agregaron las ONGs que consideran su retención como «flagrante violación de sus derechos civiles y humanos sin fundamento legal».
El comunicado exige, asimismo, que EAU ponga fin a las «desapariciones forzadas, torturas y sentencias injustas basadas en leyes que se utilizan con frecuencia para enjuiciar a los defensores de los derechos humanos, incluidas la Ley de Delitos Cibernéticos y la Ley Antiterrorista de 2014».
Esas leyes «incluyen una definición vaga y amplia del terrorismo y permite mantener a las personas en prisión por tiempo indefinido sin cargos ni sentencia judicial, y detenerlas después del final de sus sentencias», concluyó.
