Los expertos consideran que el Gobierno puede desoír el informe del Poder Judicial que desaconseja incorporar a la futura Ley de Memoria Democrática una disposición que califica la «apología del franquismo» como «interés general», pero podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
¿Es el «estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política de José Antonio Primo de Rivera», instigador político de un golpe de Estado contra la democracia en 1936, un interés general? La Fundación que lleva el nombre del fundador de Falange se inscribió en el registro estatal de fundaciones con ese fin en el año 1996 y el Protectorado, órgano dependiente del Ministerio de Cultura (aunque el registro depende del Ministerio de Justicia), que vigila el funcionamiento de este tipo de organizaciones, la admitió sin mayor problema. No ha sido la única. La Fundación Francisco Franco, la más notoria se inscribió a la muerte del dictador, pero hay otras que llevan unos pocos años en funcionamiento.
Para Javier Nadal, presidente de la Asociación de Fundaciones, hay una tautología evidente: «Si hay fundación, hay interés general, no puede haber fundación sin interés general». Para el Gobierno, la existencia de, al menos, siete fundaciones dedicadas al estudio y la divulgación de figuras destacadas del franquismo, es un problema que han decidido atacar mediante la futura Ley de Memoria Democrática, pero los juristas tienen grandes discrepancias. Tras el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno puede seguir adelante con su empeño o bien optar por otras vías. Para Nadal, una sería reforzar la figura del Protectorado de fundaciones para corregir las desviaciones del interés general. Para otros, como el jurista y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València Albert Noguera, hay que tocar el Código Penal.
Existen tantos protectorados como registros de fundaciones. El estatal depende del Ministerio de Cultura y atiende a las fundaciones cuyo ámbito de actuación es toda España. Las fundaciones con ámbito autonómico se registran en cada comunidad autónoma, por lo que cada una tiene su propio Protectorado. Este tipo de organismo decide qué es interés general y qué no lo es. Aquí ya hay varios problemas, según Javier Nadal. El primero es que «Cultura no parece el lugar más adecuado porque las fundaciones se dedican a fines de un amplio abanico de posibilidades, estaría mejor en un ministerio más transversal o, mejor aún, que fuera un órgano independiente, como una agencia», explica. El segundo es que los protectorados estatales y nacional «no están bien conectados» por lo que a veces se crean duplicidades con los nombres de las fundaciones.
Para evitar «la apología del franquismo» o cualquier otra «desviación de los fines de interés general», según la Asociación de Fundaciones, lo que hace falta es dotar al Protectorado con mejores instrumentos, más recursos y medios, para tomar las decisiones y evaluar si los fines cumplen los requisitos», señala. Hay una labor de vigilancia más allá del papeleo inicial, ya que «una cosa es lo que digan los fines y otra lo que realmente hagan las fundaciones». Cada año hay que presentar una memoria y unas cuentas, las cuales deberían ser públicas, y en muchos casos las fundaciones no las publican. Y, por otro lado, «una reorganización del Protectorado como un órgano colegiado que permita la discusión de los conceptos porque no todo es blanco y negro y necesita estudio y discusión para llegar a una solución correcta y de acuerdo a la ley».
Para Albert Noguera, una opción podría ser una reforma de la Ley de Fundaciones «para desactivar» a las fundaciones franquistas. Ahí se podría incluir que se prohíben las fundaciones «que entre sus objetivos contemplen la exaltación tácita o implícita del franquismo» o que en sus órganos directivos «haya personas que hayan apoyado explícita o implícitamente el franquismo». Pero esta no le parece «la forma más adecuada» ya que lo única que tendría que hacer la fundación es «mutar su naturaleza jurídica», por ejemplo, podría dejar de ser una fundación para constituirse como asociación, y nada cambiaría, salvo los incentivos fiscales de las fundaciones. «La forma más eficaz para evitar que muten su naturaleza jurídica y esquiven la Ley de Fundaciones sería hacer una reforma del Código Penal y que en él se establezca que cualquier tipo de persona jurídica tenga este límite y por tanto queden prohibidas y sean perseguibles penalmente» las fundaciones que hacen apología del franquismo.
La Ley de Fundaciones no hizo una definición de qué es el interés general pero sí citó una larga lista ejemplarizante de lo que serían tales fines, «entre otros». La defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos es el primero de ellos. El voto particular de los vocales del CGPJ que no estuvieron de acuerdo con el informe sobre el anteproyecto de la ley, apuntaron que «aquellos [fines] que son opuestos o contradictorios» a los que ejemplifica la ley no son de interés general. Por tanto, no lo es «la divulgación de un credo o una obra política que es contraria a los valores constitucionales y a la defensa de los principios democráticos», como hacen las fundaciones que elogian el franquismo.
¿Cuáles son los fines que el Protectorado consideró de interés al aceptar el registro de las siete fundaciones que ahora están en el punto de mira del Gobierno?
Fundación Francisco Franco
Inscrita al poco de la muerte del dictador, en 1976, esta fundación no esconde que se dedica a «difundir el conocimiento de Francisco Franco». ¿Cómo lo hace? Promoviendo y realizando estudios «sobre el pensamiento de Franco» y «sobre las realizaciones de los años de su mandato», soslaya sus inscripción en el registro al denominar «mandato» a un largo periodo de dictadura. El fin va más lejos: «Contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española».
La fundación custodia un archivo personal de Franco que va de 1936 a 1975. Tras un acuerdo en 2001, los fondos fueron inventariados y microfilmados. Se envío una copia de estos más de 20.000 legajos al Centro Documental de la Memoria Histórica, en la que faltan 133 documentos. Entre el año 2000 y el 2018, ingresó 1,6 millones de euros en cuotas de afiliados y más de 150.000 euros del Estado. Son cuotas deducibles en la declaración de la renta.
Fundación José Antonio Primo de Rivera
La fundación cuyo fin principal es el estudio de la figura histórica y política del fundador de la Falange Española, la fuerza política que conspiró con el ejército para dar un golpe de Estado en 1936, fue creada en 1996 en Sevilla. Se limita a realizar actividad online y desde 2008 ha dejado de realizar su «Universidad de Verano». En el año 2000, compró el archivo del periódico El Alcázar. El presidente del patronato es el empresario jubilado ovetense José María García de Tuñón Aza, que se dedica a escribir libros sobre falangismo. Cada mes, publican una gaceta digital con artículos políticos y hagiográficos. El fin con el que se registró fue el «estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política de José Antonio Primo de Rivera y su entorno histórico y socio-cultural», añadiendo algo más: «Actualizar su pensamiento en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura».
Fundación María Eugenia Yagüe Martínez Del Campo
Presidida por la hija del general Juan Yagüe, conocido como «el carnicero de Badajoz» por la sangrienta represión que lideró en ese lugar, la fundación que lleva el nombre de la hija tiene la sede en el pueblo natal del militar sublevado, San Leonardo de Yagüe. Es este pueblo soriano, la fundación organizó en 2018 un acto en homenaje «a España, su bandera y las víctimas del terrorismo» en el que se entonó «El novio de la muerte» (el himno oficioso de La Legión) y se izó la bandera «con honores al Cristo de la Buena Muerte y a los Caídos».
Además, custodia los 59 archivadores de los documentos de Juan Yagüe, los libros de «batallas» con órdenes y servicios de diferentes campañas del bando sublevado en la Guerra Civil, así como otros legajos entre los que se encuentran correspondencia y telegramas.
Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano
Esta fundación constituida por el propio militar golpista en plena Guerra Civil (en 1937) e inscrita en Sevilla, en 1945, tiene como único fin «amparar y proteger a la infancia desvalida». Ha estado años sin actividad hasta que se ha reactivado en 2013, fecha a partir de la cual se ha dedicado a subvencionar proyectos solidarios, según los datos que pudo obtener el senador de Compromís Carles Mulet en una pregunta parlamentaria en 2016. De ahí también se sabe que su fuente de ingresos son las rentas por el alquiler de un arrozal.
Fundación Blas Piñar
La fundación que lleva en su nombre al dirigente de Fuerza Nueva y fiel defensor del golpe de Estado es de reciente creación. Según su web, fue inscrita en el año 2014 en Madrid. Su fin es «la promoción, el estudio y la investigación del pensamiento y la obra religiosa, política y jurídica de Blas Piñar López», así como «su contexto sociopolítico». Dentro de este fin se detalla que la obra de Pilar está «inspirada» en «los ideales de Dios, Patria y Justicia, para la memoria colectiva del pueblo español». No obstante, ha dejado de tener actividad online a partir de 2016 y solo ha publicado las cuentas de sus dos primeros años, donde realizó gastos principalmente de digitalización de libros. El presidente del patronato es Blas Piñar Gutierrez, general en la reserva, hijo del dirigente de ultraderecha y uno de los firmantes del manifiesto franquista.
Fundación Serrano Súñer
El cuñado y mano derecha del dictador, la fundación que lleva su nombre está inactiva pero no disuelta. Tampoco está activa ya su página web. Entre sus objetivos, se encuentra el «acercar a las nuevas generaciones, a través de la red de internet, esa obra [de Ramón Serrano Súñer] cuantiosa y fundamental para conocer mejor la Historia de España del último siglo». Según la información que obtuvo el senador Mulet, recibió más de un millón de euros en donaciones entre 2007 y 2016. El destino del dinero es la «custodia» del legado del político franquista y las reformas inmobiliarias, como un piso en Madrid y una casa de Gandesa (Tarragona).
Fundación Ramiro Ledesma Ramos
En 1998 se constituyó la fundación que lleva el nombre de este dirigente falangista, fundador del nacionalsindicalismo, referente habitual de la nueva ultraderecha española. Su fin es único y curiosamente idéntico en la redacción, que el de la Fundación José Antonio primo de Rivera: «el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política de Ramiro Ledesma Ramos, y su entorno histórico y socio-cultural». El presidente de su patronato es el periodista, geoestratega, profesor universitario y Jefe Nacional de Falange Española de las JONS, Gustavo Morales Delgado.
