El Arzobispado impuso una cláusula que obligaba a constructoras a entregar dádivas para financiar el evento
Una de las empresas también realizó aportaciones al PP; sólo Acciona dio 550.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias -integrada a partes iguales por la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y el Arzobispado- impuso por contrato a varias constructoras donaciones a la Iglesia para financiar la visita del Papa a Valencia, celebrada en 2006. Según apunta la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los contratistas, muchos de ellos implicados en escándalos de corrupción, estaban obligados a realizar donaciones dinerarias a cambio de trabajos en la visita de Benedicto XVI.
Al parecer, las constructoras se comprometían a realizar la donación -la cantidad variaba en función del volumen del contrato- y como prueba de conformidad se incluía en una cláusula que el Arzobispado impuso en la mayoría de contrataciones. Según desveló el juez de la Audiencia Nacional, el magistrado José de la Mata, cuando abrió una pieza separada por estos hechos, la Fundación V Encuentro obtuvo con esta práctica más de 2 millones de euros.
La Audiencia Nacional ha puesto el foco sobre las contrataciones de esta Fundación, integrada por varias administraciones públicas pero dirigida por el Arzobispado. Estuvo presidida por monseñor Esteban Escudero, en la actualidad obispo auxiliar de Valencia. Fuentes de la organización explicaron a este periódico que el ente no estaba sujeto a las normas de contratación pública, que tramitaron todos los contratos como si de una fundación privada se tratase. Pero el juez, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Policía creen justo lo contrario. Sobre todo porque existe un informe de la Abogacía de la Generalitat, del año 2005, en el que «se estableció el sometimiento a las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación, para las Sociedades Anónimas Públicas (también para las Fundaciones Públicas), en los contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios, de cuantía superior a 206.000 euros (sin IVA)».
En idénticos términos se pronunció la Intervención General del Estado cuando estos acuerdos se investigaban dentro de la pieza separada de la Gürtel valenciana que juzgará el contrato de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), que ascendió a 7,4 millones de euros (IVA incluido), para instalar pantallas y equipos de sonido por el recorrido que hizo Benedicto XVI. Ahora, el juez devuelve a Valencia las contrataciones que tuteló el Arzobispado ante la sospecha de que se incumplieran las normas de contratación pública. En total, la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias gastó 22 millones de euros sin control público.
EL MUNDO ha tenido acceso a los contratos que firmo el Arzobispado con proveedores habituales del Ayuntamiento de Valencia o constructoras, varias de ellas implicadas en Gürtel o en los papeles de Luis Bárcenas, para levantar el escenario central del evento. En nombre de la Iglesia los firmó Francisco Javier Jiménez Fortea, el sustituto de José Selva en la Fundación. Selva es el cargo que presentó su dimisión meses antes de la visita tras advertir a Juan Cotino, quien se enfrenta a once años de cárcel, que aquello «olía mal». Según consta en su declaración judicial, le dijo: «Me parece muy fuerte que estando el nombre del Papa y de la Iglesia por medio, se jugara con dinero, bien para el partido, o bien para lo que fuera».
Los donantes
El primer contrato en el que se incluye una cláusula por el que el contratista está obligado a realizar una donación a la Iglesia hace referencia a la ejecución de la obra con suministro de materiales para la construcción del escenario que acogió los actos centrales. Se firmó el 3 de mayo de 2006 y la constructora elegida fue FCC, investigada por realizar donativos al PP e implicada en el escándalo de Acuamed.
La Fundación impulsó este contrato para promover la construcción de las instalaciones sobre parcelas, de titularidad municipal, ubicadas junto al puente de Monteolivete, sobre el antiguo cauce del río Turia. El proyecto lo elaboró el arquitecto Juan Pablo Mas Mollet y el contrato no incluye la cantidad final del proyecto. Sólo aparece una cifra en la última cláusula, llamada «donación», en la que se establece que el «contratista se compromete a aportar la cantidad de 360.000 euros en concepto de donación dineraria a la Fundación». A continuación, el Arzobispado fijó que «el pago de dicha donación por parte del contratista se efectuará mediante compensación de créditos», es decir, se detraía «dicho importe del pago que deba efectuar al contratista por la ejecución de las obras».
Ese mismo día, el 3 de mayo de 2006, el Arzobispado firmó otro contrato por el mismos servicio -la construcción del escenario se troceó- a favor de Pavasal SA, una sociedad que ha obtenido multitud de contratos públicos aliándose con constructoras implicadas en Gürtel. En este caso se estableció una donación por contrato de «240.00 euros», que también se descontaría del precio final de la obra, que tampoco aparece en la documentación.
Iberdrola también pasó por la caja del Arzobispado. Según esta documentación, el 6 de julio de 2006, sólo dos días antes de la llegada de Benedicto XVI, la Fundación firmó un contrato con Iberdrola para dotar de suministro eléctrico a la zona en la que se desarrolló el encuentro. En el contrato vuelve a aparecer la cláusula «donación» y a continuación se establece que «Iberdrola donará del total del precio la cantidad de 120.000 euros». La donación más elevada fue la de Acciona, contratista del Ayuntamiento, que se comprometió a donar al Arzobispado «550.000 euros» a cambio de un contrato de 2,6 millones para instalar urinarios. La Fundación dejó sin pagar los WC y la Generalitat asumió la factura.
