La educación que queremos se basa en el principio básico del derecho a la educación desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, así como en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación. Que desarrolle un aprendizaje cooperativo que sea participativo, colaborativo y nunca competitivo, implicando en su consecución a toda la comunidad educativa.
Todo lo anterior, constituye los cimientos de un proyecto de educación integral, es decir, dirigido a la persona en su globalidad; de lo que se desprenden consecuencias importantes referidas al profesorado, las familias, la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto. Una educación democrática y que promueva la participación de la comunidad educativa.
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3.2 UN SISTEMA EDUCATIVO LAICO SIN IDEARIOS PARTICULARES
El carácter laico debe respetarse en el conjunto del sistema educativo. A las Administraciones educativas corresponde preservar el marco escolar común frente a cualquier tipo de discriminación o de segregación en su seno e impedir la injerencia de intereses particulares, tanto materiales como ideológicos, como es el adoctrinamiento y el proselitismo confesional, en tanto que son contrarios al respeto del derecho universal, a la libertad de conciencia, de pensamiento y expresión.
Los centros escolares no deben ser, en ningún momento, un lugar de exclusión y discriminación.
Niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o convicciones de las familias. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Una exigencia que debe extenderse al conjunto de la enseñanza regulada oficialmente, pero con mayor motivo a la de titularidad pública o financiada con fondos públicos.
Ha de prevalecer, por encima de todo, “el interés superior del niño”, frente a la invocación de cualquier otro interés privado, incluso el de las propias familias. Porque así se recoge en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la posterior Convención de 1989 que sostiene que “los Estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, obviamente conculcado cuando, sin tener desarrollada su autonomía, se ve sometido a un adoctrinamiento religioso o de cualquier otra naturaleza.
En España la desigualdad socio-económica se expresa, entre otras de sus manifestaciones, en el carácter dual del sistema existente, que está formado por los subsistemas público y privado.
El problema, esencialmente, no reside en que exista un subsistema privado, sino en el hecho de que representa una tercera parte del sistema no universitario (un 31,7% del alumnado), tres veces más que la media de la UE, y porque un 80.1% del mismo es concertado, es decir, financiado con recursos públicos, con ventajas fiscales y reforzado en algunas Comunidades Autónomas a través de cheques escolares. Hay una representación muy desigual de centros concertados por Comunidades Autónomas, que oscila desde el 4% hasta el 40%.
El tratamiento de los problemas que se plantean en este sector se complica porque la mayor parte del mismo pertenece a la Iglesia Católica, lo que, debido a los pactos entre el Estado y la Iglesia, el incumplimiento de las cláusulas de los conciertos (falta de gratuidad, selección del alumnado, separación por sexos…) y el hecho de que se refuerce un ideario confesional, se convierten en un problema institucional de primer orden. Se incumple el principio de igualdad porque genera dos subsistemas desiguales en función de la procedencia social del alumnado que asiste a uno u otro.
Por otro lado, se atenta contra la libertad de conciencia cuando se requiere la aceptación de un ideario como condición para la entrada en alguno de esos centros privados que están subvencionados con fondos públicos, teniendo en cuenta que el ideario de esos centros difunde contenidos en contra de la propia Constitución Española y los derechos universales, ya que la Conferencia Episcopal declara públicamente sus dudas sobre el papel de la mujer en la sociedad y su equiparación de derechos respecto al hombre, o la descalificación pública de las personas con
orientación sexual distinta a la heterosexual.
La libertad de elección de las familias, argumento esgrimido para su defensa, es una opción que genera desigualdad y hurta el derecho de alumnos y alumnas al ejercicio de su libertad.
Concreciones y propuestas.
- El Estado no puede desempeñar un papel subsidiario con respecto a la iniciativa privada en la escolarización.
- Establecer controles para impedir las desviaciones que se han producido en el régimen de conciertos: por la falta de gratuidad, haciendo negocio en centros financiados con recursos públicos, o los centros que adoptan prácticas de segregación del alumnado por sexos y de selección por nivel académico, etnia y religión.
- Auditoría de la escuela privada y pública, establecer mayores controles sociales y democráticos en los conciertos y en los procesos de escolarización y exigir más transparencia en el funcionamiento de los centros.
- Denunciar y evitar los procesos de privatización: uso de suelo público para centros privados, licitación y gestión privada de las escuelas infantiles, externalización de servicios públicos…
- No puede existir ideario alguno en los centros educativos que atente contra los Derechos Humanos, centros que deben tener un carácter laico donde se respete la libertad de conciencia y se eduque sin dogmas. Queremos una educación racional e integral que elimine el adoctrinamiento a través del currículo escolar.
- Hay que denunciar el concordato firmado entre el Gobierno Español y el Vaticano como paso previo a la eliminación de estos idearios religiosos, de la asignatura de Religión en la escuela y de los actos y la simbología religiosa de los centros escolares, una reminiscencia franquista impropia de un Estado aconfesional.
- Reapertura de aulas e infraestructuras cerradas, planificación de nuevas construcciones y plan de recuperación y restauración de las infraestructuras existentes.
- Creación de una red única de centros (a partir de los 0 años) de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Entretanto, y de forma inmediata, se obligará a los centros privados concertados a que se cumpla la gratuidad total. Asimismo, hay que suprimir los conciertos en aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación.
- Impedir que haya ampliación económica para el capítulo de conciertos, de tal forma que no se aumenten los conciertos, ni las plazas en la privada concertada, ni el precio de los módulos.
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Texto completo del Documento: Documento de bases para una nueva ley de educación
Decálogo: Decálogo bases para una nueva ley de educación
Colectivos Sociales
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE, ‘Movimiento Cooperativo de Escuela Popular’ (MCEP), Red IRES, la Coordinadora de Universidades Públicas de Madrid (CUPUMA), la Plataforma por la Justicia Fiscal, ’Estudiantes en Movimiento’, y ‘Stop Ley Wert/La Educación que nos une’ conformada por los colectivos y plataformas: %ATTAC España, OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública.
Sindicatos de Estudiantes
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.
Asociaciones de Madres y Padres
Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.
Organizaciones Sindicales
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de CGT.
Partidos Políticos
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana.
