La directora de Relaciones con las Confesiones, Ana Gallego, durante la toma de posesión de su cargo. / Prensa Justicia
Ana Gallego (1974) asumió la responsabilidad de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones en el mes de junio, tras el cambio de gobierno en España y a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Con una larga trayectoria en la Administración, donde ha trabajador como directora de la Filmoteca Nacional, consejera de justicia en la representación permanente de España en la Unión Europea y subdirectora adjunta de Coordinación Interinstitucional del Ministerio de Sanidad en la Delegación del Gobierno para la violencia de género, Gallego es partidaria de la misma línea de “laicidad positiva” que defiende el Tribunal Constitucional.
Se trata de un concepto que, según Torres, tiene su razón de ser “para vedar que dicho modelo se deslice hacia un laicismo que trate a las convicciones religiosas peor que a otras convicciones o cosmovisiones.”
Partidaria de continuar con las relaciones entre Administración y confesiones en el marco de los Acuerdos de Cooperación de 1992, la nueva directora también reconoce la sensibilidad de cuestiones como la Enseñanza Religiosa Evangélica, que todavía no ha llegado a todas las Comunidades Autónomas, o las problemáticas existentes en cuanto a los espacios de culto. “Queremos generar políticas de normalización de la pluralidad religiosa para que sea una realidad cada vez mejor conocida e integrada en la identidad de nuestra sociedad”, asegura.
Pregunta: Usted llega a la Dirección General de Relaciones con las Confesiones en un momento en el que el hecho religioso parece tener poco peso en el debate institucional. ¿De qué manera afronta esta etapa?
Respuesta: No creo que el hecho religioso tenga poco peso en el debate público e institucional. Son numerosas las cuestiones en las que el hecho religioso aparece de una u otra forma implicado; desde la educación a los delitos de odio, la apertura de lugares de culto, la tutela penal de los sentimientos religiosos, etc. En ocasiones, el hecho religioso se presenta en el debate público como algo problemático y es precisamente por ello que desde esta Dirección General queremos abordar la cuestión más desde el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y desde la normalización de la pluralidad religiosa que existe en nuestra sociedad, contemplada como un hecho enriquecedor de la misma y nunca como un problema. Todas estas cuestiones deben ser abordadas desde los resortes de los que dispone nuestro Estado de Derecho, y que se han revelado tan eficaces hasta ahora. En este sentido, la suma a las competencias de la Dirección General de una competencia específica en materia de Derechos Humanos, es una oportunidad para profundizar en esta perspectiva.
P: ¿Cuál es su postura ante los planteamientos laicistas que se han realizado y que, en muchos casos, implican apartar el hecho religioso de la participación de la vida pública?
R: El hecho religioso presenta una doble dimensión privada y pública que debe ser tenida en cuenta. Que sea una experiencia privada, ya sea vivida individualmente o en grupo, no impide que tenga también una dimensión pública que no puede ser desatendida. Y ello exige fomentar políticas de gestión pública que permitan el ejercicio del derecho tanto en privado como en público, tal como se dispone en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Los creyentes y las confesiones religiosas pueden y deben participar de la vida pública, como ciudadanos y grupos sociales que son, a través de los cauces que proporciona nuestro ordenamiento jurídico en condiciones de igualdad con otros grupos sociales o ideológicos, sin que su condición religiosa modifique, ni a mejor ni a peor, las reglas que existen para todos sino. Esta participación del hecho religioso en la vida pública no se opone de ningún modo a la laicidad de los poderes públicos, sino que son absolutamente compatibles: la laicidad de los poderes públicos no impide dicha participación; únicamente la limita a las condiciones que establece el ordenamiento en general. Por ponerle un ejemplo, si deseo usar la vía o un equipamiento público, deberé cumplir los requisitos que establezca la normativa para ello.
P: ¿Cómo plantearía usted el laicidad?
R: El principio de laicidad supone la neutralidad de los poderes públicos respecto de las decisiones de conciencia de los ciudadanos y, como garantía de ello, la separación del Estado y la religión. Ello impide que el propio Estado tome decisiones, en el ámbito de sus competencias, basadas en parámetros religiosos, tal como ha venido sosteniendo reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional.
Ha sido este mismo Tribunal el que ha acuñado el término de laicidad positiva para referirse a nuestro modelo, para vedar que dicho modelo se deslice hacia un laicismo que trate a las convicciones religiosas peor que a otras convicciones o cosmovisiones.
P: ¿Ha concretado su visión sobre el modelo de Estado laico el nuevo gobierno? ¿Cuál es?
R: No injerencia en las decisiones de fe de los ciudadanos y no confusión entre funciones políticas y religiosas, es decir, neutralidad y separación. El modelo laico se basa en la garantía de los derechos de la persona, de su igual libertad; es decir, la laicidad positiva tiene como finalidad el pleno ejercicio de los derechos de las personas y los grupos, precisamente porque el Estado no tiene una religión como oficial y solo el Estado laico garantiza el ejercicio real de la libertad religiosa. A ello se añade el principio de cooperación, que también consagra nuestra Constitución, como concreción, en este ámbito, de la obligación de los poderes públicos de hacer real y efectivo el ejercicio de los derechos de las personas y los grupos y remover los obstáculos que lo impiden, tal como expresa el art. 9.2 del texto constitucional. Entendemos que nuestra visión no puede ser otra que la que marca la propia Constitución y la interpretación de la jurisprudencia nacional e internacional sobre derechos humanos.
P: ¿Considera que España es un Estado aconfesional en la práctica? ¿Qué aspectos diría que quedan por superar todavía?
R: La sociedad española aún se muestra dividida entre quienes consideran que los avances en neutralidad de los poderes públicos ante las distintas creencias son ataques a las tradiciones de una historia de confesionalidad católica, que llega prácticamente hasta la Constitución del 78, y quienes consideran que dichos avances son insuficientes y demandan mayores cotas de laicidad a los poderes públicos. En este sentido, pienso que hay que distinguir aquellos aspectos religiosos que han adquirido un contenido cultural muy fuerte y de los que participa toda la sociedad, más allá del grado de convicción religiosa que se tenga, como puede ser la Navidad o la Semana Santa. Ese marcado contenido cultural, que transciende lo religioso, permite que cada persona se sitúe frente a ellos según sus propias convicciones.
En otros aspectos los poderes públicos debemos hacer un esfuerzo para mantener la neutralidad, los responsables políticos pueden tener las convicciones que quieran, naturalmente, pero cuando se ostenta un cargo público hay que ser muy cuidadoso en mantenerse neutral frente a las distintas creencias religiosas de los ciudadanos y defender también la neutralidad de los espacios públicos, a fin de favorecer la convivencia social. Creo firmemente que en este tema es necesario hacer un esfuerzo de comunicación que genere una sociedad cada vez más inclusiva.
P: ¿Cuáles son las líneas de trabajo que espera implementar desde la Dirección General de Relaciones con las Confesiones en materia de pluralismo?
R: Esperamos mantener las relaciones de cooperación y colaboración que siempre han existido con las confesiones religiosas para dar respuesta, dentro del marco legal, a las necesidades que demandan que, en muchos casos, son cuestiones que transcienden lo coyuntural y deben ser tratadas como políticas de Estado que permanecen con los cambios políticos. Hay algunos temas que no son nuevos y que son de gran interés, como la necesidad de normas iguales y adecuadas para el establecimiento de lugares de culto, el acceso a la Seguridad Social de los ministros de culto de las confesiones que aún no lo tienen y lo quieren, o garantizar los enterramientos conforme a las propias convicciones.
Queremos generar políticas de normalización de la pluralidad religiosa para que sea una realidad cada vez mejor conocida e integrada en la identidad de nuestra sociedad y para lo que contamos además con la Fundación pública Pluralismo y Convivencia que lleva años trabajando muy eficazmente por conseguir estos objetivos. Creo que somos una administración cercana con las confesiones, con las que tenemos una relación muy fluida. En aquellas cuestiones que dependen directamente de nuestra gestión, como puede ser el Registro de Entidades Religiosas, estamos trabajando para mejorar y agilizar nuestros procedimientos y cumplir los objetivos de la Administración electrónica. En aquellas otras cuestiones que no son de nuestra competencia directa, nos esforzamos por llevar a cabo el trabajo de relación y acompañamiento, intentando facilitar el contacto con los organismos o entidades competentes, a los que también ofrecemos nuestra colaboración.
P: Del hecho religioso en la actualidad, uno de los aspectos que más discusión genera es el de las asignaturas de religión en los currículums académicos. Comunidades como Valencia y La Rioja han incorporado la opción de la Enseñanza Religiosa Evangélica a sus programas educativos este curso porque la ley las obliga. ¿Cuál es la postura de la Dirección General de Relaciones con las Confesiones en este sentido? ¿Hay alguna manera y voluntad de convencer con argumento político en lugar de que sea la ley la que imponga?
R: Lo cierto es que no existe diferencia entre lo que establece la ley y el argumento político, ya que la ley es, en sí misma, un argumento político porque en su origen hay una decisión política.
El Ministerio de Educación y Formación profesional presentó al Consejo de Ministros del pasado día 14 el informe de Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación que mantiene la Enseñanza de la Religión introduciendo dos cambios que parecen razonables: el primero es eliminar la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión. En este sentido, nuestros tribunales ya han sentenciado que el ejercicio del derecho para unos no puede suponer obligaciones para otros; es decir, facilitar la enseñanza religiosa a quien la solicita no puede conllevar que aquél que no la quiere deba cursar otra materia, que además nunca podría ser curricular o simplemente significativa para el alumnado porque, en tal caso, se privaría de ella a aquellos que asisten a clases de religión, así que lo más razonable es que no haya una alternativa obligatoria. El segundo cambio es consecuencia del anterior: la calificación de la religión no se puede tener en cuenta para calcular las notas medias en los procesos de acceso a la universidad o de obtención de becas.
Por lo que se refiere a la enseñanza de la religión evangélica, sus datos han mejorado en los últimos años, según la información que nos ha presentado el Consejo General de la ERE: la religión evangélica se imparte ya en 900 centros públicos a aproximadamente 18.000 alumnos, por parte de 254 profesores. Somos conscientes de que aún hay que mejorar algunos aspectos, como la escasez de oferta o la insuficiente información, o que haya CCAA que aún no la prestan. Este es un tema que excede de nuestras competencias, pero en el que tenemos el máximo interés en acompañar y colaborar con FEREDE.
P: Prácticamente un año y medio después de los atentados en Barcelona y Cambrils, ¿diría que la tolerancia se ha visto afectada en España?
R: Es difícil hacer afirmaciones tajantes en este tema porque bastaría un caso de intolerancia para sentirnos insatisfechos del grado de tolerancia de nuestra sociedad. España es, en general, un país tolerante y así es valorado por otros países, según ha puesto de relieve el Real Instituto Elcano en su 7ª Oleada del Barómetro de la Imagen de España. No obstante, existen incidentes de odio que atentados como los de Barcelona y Cambrils pueden hacer crecer, y lo que es peor, pueden alimentar ideologías supremacistas y excluyentes que perturban nuestra convivencia, y debemos rechazar todas aquellas manifestaciones falaces y manipuladoras que pretenden generar un clima social de enfrentamiento.
Por tanto, nos parece necesario reforzar la resiliencia que siempre ha demostrado la sociedad española frente a los graves atentados que hemos sufrido, y trabajar para poner coto a estos aires que cruzan el mundo de intolerancia frente a todo lo que nos parece diferente. Detrás de estas actitudes solo hay miedo a lo que no se conoce, y eso nos obliga a poner el acento en mejorar el conocimiento que tenemos de los grupos religiosos minoritarios, que participan de nuestra sociedad y contribuyen a su mejora.
