La Iglesia católica y el resto de credos se oponen a una contabilidad transparente e informatizada impuesta por el Gobierno
Del bolsillo roído de su delantal blanco, Lupita Morales —una señora de 69 años— saca una moneda de cinco pesos. Tiene 30 segundos para pasar frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica de la Ciudad de México. Mira hacia arriba, se persigna con la moneda, después deposita su limosna en una de las 28 canastillas de metal que hay debajo de la pintura. En voz baja hace una oración. “Lo único que pido es otra oportunidad para mi hijo. Tiene una bala en la columna y no puede andar desde hace nueve años”, dice esta señora. “No tengo más dinero y la virgencita sabe lo que le puedo dejar”.
Los pocos pesos que ha dado esta creyente contribuirán a engrosar las arcas de este centro religioso, el más grande México, visitado por cerca de 15 millones de personas al año. A partir de 2015, la limosna de Lupita deberá de ser contabilizada de manera electrónica por esta iglesia católica, que se opone a la medida junto a más de 8.000 asociaciones de culto en todo el país, pues alegan “incapacidad tecnológica” para lograrlo.
El brazo recaudador del Ministerio de Hacienda mexicano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha indicado que todas las iglesias deberán de llevar un control electrónico de sus ingresos y egresos. El objetivo es identificar la procedencia de cada operación. Las nuevas exigencias que se imponen han desatado un nuevo enfrentamiento contra el Gobierno. Un recurso legal contra las nuevas medidas será el primero de los golpes que preparan los organismos religiosos.
En agosto, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado respaldado por 100 obispos en donde afirma que seguirán cumpliendo con las obligaciones fiscales, pero ha manifestado su preocupación por las “dificultades humanas, geográficas y económicas” para adoptar el sistema electrónico.
La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), que representa a más de 700 asociaciones, presentará el primero de enero de 2015 —fecha en que entran en vigor las nuevas obligaciones— un amparo que pretende poner un freno a los propósitos del Gobierno. Originalmente, la medida se tenía que haber cumplido el primer día de septiembre de este año, pero las organizaciones de culto levantaron la voz al unísono para que Hacienda otorgara una prórroga, que consiguieron con una serie de desplegados y declaraciones en los medios de comunicación.
En México, las organizaciones religiosas no están obligadas a pagar impuestos, salvo en algunas condiciones excepcionales como la enajenación de bienes, pues están tipificadas como personas morales sin fines de lucro. “Pedir que cada centro religioso, sin importar en qué sitio del país esté, tenga que llevar las cuentas de manera electrónica es imposible”, reclama Arturo Farela, presidente de Confraternice. “En algunos pueblos que están en la sierra o en lo más escondido de México ni siquiera hay conexión a Internet”, arguye el religioso.
Entre las nuevas exigencias de Hacienda también se incluye que todas asociaciones religiosas presenten de forma anual los sueldos de las personas que integran cada uno de los organismos. Andrés Hernández, obispo de la Iglesia Metodista de México, considera que este es un paso adelante para conocer los salarios que han permitido el enriquecimiento de algunos ministros de culto. “Hay quienes se aprovechan de la gente para su propio beneficio”, dice este representante de culto que lleva a su cargo los centros religiosos del Estado de México, el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, que en conjunto tuvieron ingresos cercanos a los 527.000 dólares.
Las relaciones con las asociaciones religiosas no son el fuerte del Gobierno federal. En abril de este año, la Iglesia católica criticó el plan de reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. “Nos preguntamos de qué manera serán benéficas, sobre todo para los que han estado permanentemente desfavorecidos, o si serán una nueva oportunidad para aquellos acostumbrados a depredar los bienes del país”. Estas fueron algunas de las palabras de la Conferencia del Episcopado Mexicano, uno de los grupos más fuertes en la nación.
En junio, la Arquidiócesis de México reprochó la aprobación de la reforma electoral. Desde su publicación semanal, desde la fe, este organismo indicó que México tiene una “partidocracia encubridora de una clase política hambrienta de poder”. La iglesia católica en el país latinoamericano es una de las instituciones con mayor influencia, a pesar de que el número de feligreses ha disminuido. En la última década, según datos oficiales, el porcentaje ha pasado del 88% al 83%, es decir casi 93 millones en una nación con más de 111 millones de habitantes.
Expertos fiscales coinciden en que las Iglesias han sido exceptuadas de casi toda regulación. En el sexenio de Felipe Calderón, el Ministerio de Hacienda puso filtros a las operaciones vulnerables al lavado de dinero: determinó límites para las operaciones bancarias y los depósitos en efectivo. Pero su reforma pasó por alto a las instituciones religiosas. Los expertos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, expertos en el sistema recaudatorio y financiero, han indicado que el ataque al blanqueo de recursos sería más eficiente si a las iglesias y a sus organismos se les impusiera un límite y una mayor vigilancia en el dinero que reciben de sus fieles.
Arturo Farela, presidente de Confraternice, teme que las medidas impuestas por el SAT sean el primero de los pasos para poner una mayor regulación fiscal a las asociaciones religiosas. Andrés Hernández, de la Iglesia Metodista, va más allá: “Con la digitalización de las cuentas iniciarán a cobrarnos impuestos”.
La Basílica de Guadalupe, el mayor centro religioso católico en México. / Basílica de Guadalupe
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