La contribución del erario a los gastos originados por la participación de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en Madrid el 18 de agosto, disgusta por un igual a organizaciones laicas y ateas y a las cristianas que estiman que el acontecimiento desborda con mucho la contención y austeridad exigibles en tiempos de crisis. Lo cierto es que destinar 80 millones de euros de fondos públicos a la estancia del Papa en Madrid para un acontecimiento de carácter estrictamente religioso parece que supera con mucho los límites de la cortesía y las obligaciones que el Estado tiene con cualquier visitante extranjero ilustre. Porque aunque la confesión católica es, con mucho, la que más fieles tiene en España, también es cierto que la Constitución diseña un Estado no confesional en el que la neutralidad religiosa de las autoridades es la mejor garantía de la libertad de culto.
Es esta neutralidad religiosa la que hace posible que la comunidad católica, con todo derecho, ocupe la vía pública para realizar un acto de masas con la orientación que estime oportuna. Sería escandaloso que los feligreses de cualquier credo que defiende pacíficamente sus ideas tuvieran que modular su discurso al gusto de los gobernantes. Lo que es francamente incompatible con la neutralidad del Estado es que este corra con parte del gasto, aunque los organizadores digan que la JMJ dejará 100 millones.
