Este 22 de junio se celebra un día de protestas en todo el país en demanda de la recuperación de los bienes públicos usurpados por la Iglesia Católica desde 1988. En Extremadura, la convocatoria es en la Plaza de Santa María de Cáceres, a las 12 del mediodía.
Casi 35.000 bienes públicos fueron apropiados por parte de la Iglesia Católica en un proceso de inmatriculaciones que arrancó en 1998, cifra que sin dificultad podría verse triplicada retrotrayendo el cómputo de las mismas hasta mediados de los años cuarenta del pasado siglo.
La inmatriculación consiste en un sencillo procedimiento por el cual se inscribe en el Registro la titularidad de una finca (desde un pequeño inmueble hasta una catedral, pasando por una plaza), de buena fe y ante un notario. Así, desde 1946, en función del artículo 206 de la Ley Hipotecaria entonces vigente, que reconocía a los obispos como fedatarios públicos (con autoridad y competencia para aprobar o confirmar la autenticidad de un documento), miles de propiedades pasaron a poder de la Iglesia. Todo ello en un proceso silencioso, en el que las autoridades civiles podían permanecer perfectamente ignorantes, cuando no obrando, por omisión, en abierta connivencia con los obispados y con un coste económico ridículo que, en el caso de la mezquita-catedral de Córdoba alcanzó la escandalosa cifra de 30 euros…
La inmatriculación consiste en un sencillo procedimiento por el cual se inscribe en el Registro la titularidad de una finca (desde un pequeño inmueble hasta una catedral, pasando por una plaza), de buena fe y ante un notario
Vigente hasta 2015, momento de su modificación por la Ley 13/2015, dicha normativa permitió durante décadas un expolio del patrimonio artístico sin parangón en Europa. Desde 1998, además, bajo el amparo de la reforma de la Ley Hipotecaria del gobierno de Aznar, con el agravante de permitir aquello que hasta ese momento no resultaba posible: la inmatriculación de lugares de culto, de manera que fue adquirida la propiedad de catedrales, basílicas, iglesias, conventos, incluso ermitas restauradas por los propios ayuntamientos o por el vecindario y sostenidas desde tiempo inmemorial con sus impuestos.
¿Son nulos de pleno derecho esos actos jurídicos, al estar fundamentados en un privilegio claramente inconstitucional? ¿Debe, por tanto, retornarse su titularidad al patrimonio común? ¿Tiene el Estado la obligación de actuar jurídicamente en ese sentido? Afirmativamente responde a todas esas cuestiones la Coordinadora Recuperando, convocante de la jornada de protesta en 17 ciudades de nueve comunidades autónomas, incluida Extremadura, “para recordarle a nuestro Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los Diputados. Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos”.
Afirma también este colectivo que “la publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común”.
Fue adquirida la propiedad de catedrales, basílicas, iglesias, conventos, incluso ermitas restauradas por los propios ayuntamientos o por el vecindario y sostenidas desde tiempo inmemorial con sus impuestos
El movimiento memorialista quiere recordar en esta jornada las palabras del presidente Sánchez en su discurso de investidura: “el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.
Transcurrido año y medio desde ese momento, concluyen, “el Ejecutivo no solo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial. En todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de recibir a Recuperando u otras organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es una cuestión de Estado. Es preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de carácter religioso sino estrictamente patrimonial“.
Entre 1998 y 2015, según consta en el listado recibido en su momento por el Congreso de los Diputados el 16 de febrero de 2021, y que puede ser en distintos medios, la Iglesia puso a su nombre en Extremadura un total de 982 inmuebles. 668 de ellos son templos o dependencias complementarias, mientras que 314, dentro de una amplia gama que afectan a viviendas, locales, solares u otros tipos de inmuebles, no son lugares de culto.
