Nunca han permitido el establecimiento de escuelas públicas y solamente ofrecen el adoctrinamiento en sus propios principios religiosos
Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), indicó que el derecho que tienen los miembros de la comunidad de Nueva Jerusalén, en el municipio de Turicato, Michoacán, a profesar su religión no está siendo violentado, debido que está presente el argumento del derecho que también tienen los niños de la población a la educación.
Y es que mientras niños, niñas y jóvenes de todo el país iniciaron hace unos días el ciclo escolar 2012-2013, esto no ocurrió en Nueva Jerusalén, una comunidad religiosa que se estableció en 1974 en el municipio de Turicato.
La razón, tiene que ver con los dirigentes de la población, que es una rama disidente del catolicismo, quienes nunca han permitido el establecimiento de escuelas públicas y solamente ofrecen el adoctrinamiento en sus propios principios religiosos.
De hecho, en el año 2004 se estableció de manera precaria una escuela primaria a la que pocas familias permitieron a sus hijos asistir; sin embargo, dicha institución educativa fue destruida el pasado 6 de julio por habitantes de Nueva Jerusalén, encabezados por su líder autoproclamado San Martín de Tours.
La justificación que tuvieron ante tal acción, estuvo planteada posteriormente, indicando que la educación laica en la comunidad carece de valores morales, de manera que para la sociedad de la población es suficiente con otorgar una educación en valores religiosos que permitan la continuidad de la tradición.
Por su parte, en los medios de comunicación la noticia retomó a partir de dos lecturas principales, una por parte de quienes descalificaron el fanatismo de la comunidad ridiculizando la forma anacrónica de vestir de sus habitantes y evidenciando el carácter doctrinario y acrítico de los principios de la comunidad.
La otra parte, señaló el deber de las autoridades para rescatar a niños y niñas, de los que calificaron como ignorancia de los padres y madres de familias que los educan, incluso, plantearon que dicho rescate debía ser por la fuerza pública y violentando los principios de la comunidad.
Ambos casos, dijo González Placencia, coinciden en señalar la importancia del carácter laico de las instituciones públicas, quien debió deslindar la educación laica universal y el respeto a la diversidad religiosa como principios democráticos.
Sin embargo, estos elementos no necesariamente encuentran un equilibrio en una ciudad plural como la mexicana, ya que en principio habría que reconocer que nuestra sociedad ha experimentado una fuerte transformación en el terreno de la pluralidad de los valores y creencias, pues hasta hace unos años creíamos que México era básicamente católico, aunque los últimos censos realizados por el INEGI nos dejan ver que no necesariamente es así.
Más bien, hoy en día, las cosas han cambiado y en consecuencias de las libertades que se han ido consiguiendo en nuestro país, cada vez se hacen más visibles núcleos familiares que desafían la concepción tradicional de las relaciones afectivas, que además proliferan grupos religiosos que a su manera buscan dar respuesta a cuestiones fundamentales de la vida.
Por lo tanto, si bien es verdad que las prácticas discriminatorias con motivos religiosos son todavía un lastre con el que tenemos que lidiar, también es cierto que contamos con un marco legal que garantiza hoy que las personas vivan sus vidas como mejor lo consideren conveniente en materia de libertad religiosa, el cual también afirma la orientación laica en el Estado mexicano.
Y en esa lógica, el laicismo no ha pretendido hacer creer que es un espacio vacío y sin valores propios, sino más bien a partir de la configuración de una serie de valores en los que están el respeto, la libertad al credo, los derechos de las personas, la igualdad de todos y todas ante la ley, el mundo democrático simplemente no sería posible.
De manera que el laicismo debería ser por lo tanto, una sociedad abierta y pluralista de la ética que rige en la vida pública la convivencia en la naturalidad de la nación. En necesario entender que el laicismo asegura el goce de la libertad religiosa a las minorías confecciónales, es decir, "una sociedad laica es sinónimo de una sociedad abierta a todas las interpretaciones de un hecho religioso, en el sentido positivo del laicismo, de modo tal, que no basta con la acontecionalidad del Estado para decir que es laico, sino que es necesario que el Estado garantice la pluralidad y el ejercicio de las libertades, del credo y pensamiento".
Asimismo, apuntó que el Estado debe ser protector de las minorías frente a la amenaza ilegítima de las mayorías y promotor de una educación pública, orientada por el pensamiento crítico y valores humanistas; sin embargo, en el caso de Nueva Jerusalén se plantea una disyuntiva, debido a que por una parte se tiene una minoría religiosa que está haciendo valer sus creencias, aunque por otro lado está el hecho de que los niños y niñas acudan a escuelas públicas como lo hacen los demás infantes del país.
Al respecto, agregó que en este caso el Secretario de Educación Pública va a ser muy importante para lograr plantear las necesidades de que las niñas y niños vayan a la escuela, y de que haya un diálogo que permita el respeto por principios y valores que son los que han regido a esta comunidad.
