El juez Domínguez había ordenado no imponer a los chicos la obligación de rezar en cualquier escuela pública. La entidad que inició un amparo por las prácticas católicas en las aulas considera que no se respeta la sentencia.
La ADC (Asociación por los Derechos Civiles) denunciará formalmente el incumplimiento del fallo de la Justicia que prohibió obligar a rezar a los chicos en las escuelas públicas de Salta.
El juez Marcelo Domínguez ordenó el 23 de febrero que se eliminen las políticas que imponen a todos los alumnos la necesidad de participar en prácticas religiosas en horario escolar.
El magistrado tomó esta decisión frente al recurso de amparo que presentaron padres salteños con la representación legal de la ADC.
El Tribuno publicó ayer que hacer rezar a los chicos en el inicio de la jornada es una medida de rutina en muchas primarias estatales de la ciudad.
“De ningún modo el cumplimiento del fallo de la Justicia puede quedar librado al arbitrio de cada director de escuela y menos si el Estado no diseñó mecanismos para controlar que se aplique”, dijo ayer a este medio Felicitas Rossi, coordinadora del área de litigios de interés público de ADC.
Rossi adelantó que en las próximas horas se denunciará formalmente ante la Justicia que se está ignorando lo dispuesto por el fallo.
La representante de ADC detalló que en algunos de los colegios a los que asisten los hijos de los demandantes se había modificado la política de hacer que todos los chicos recen. Sin embargo, consideró que el Estado debería estar supervisando lo que pasa en todas las instituciones.
Felicitas Rossi destacó que, aunque hubo apelaciones en contra de la sentencia del juez Domínguez, no tienen efecto suspensivo y que la decisión judicial se debe cumplir.
El amparo
La resolución del 23 de febrero respondió a un amparo en el que se denuncia que chicos de familias que no comparten el credo católico se ven obligados a hacer oraciones porque se lo demandan los docentes o directores.
En medio de una escalada en el debate sobre el tema, el ministro de Educación, Roberto Dib Ashur, había dicho ayer a la mañana que “se debe denunciar” a la Justicia a quienes impongan prácticas religiosas a los alumnos.
Dib Ashur no manifestó, sin embargo, si tomaría alguna medida con las instituciones que siguen incluyendo rezos en las actividades cotidianas, política que obliga a los niños sumarse a una iniciativa católica en contra de lo que ordenó la Justicia.
“Si no son impuestas las prácticas, la gente las puede realizar perfectamente. Ahora, si existe un caso de imposición, las personas que así lo crean lo deben denunciar porque las leyes tienen que ser cumplidas”, respondió ayer Dib Ashur a una consulta de Radio Salta sobre el tema.
El Ministerio de Educación envió una circular a principios de marzo a los directores informando sobre la resolución judicial de Domínguez.
Sin embargo, la cartera dejó abierta la posibilidad de que continuaran las oraciones que los directores consideren una costumbre “con arraigo popular”, sin especificar qué significa.
Los padres que presentaron el recurso de amparo ante la Justicia también señalan que no hay otra opción que quedarse afuera del aula para los niños que no quieren asistir a la hora de formación religiosa, que es parte de la currícula en las primarias de Salta.
Domínguez ordenó que cesaran las políticas por las cuales se obliga a participar de prácticas católicas a todos los chicos. También resolvió que la materia de religión deje de centrarse solo en conceptos de la Iglesia y que el programa se adapte para garantizar la libertad de conciencia y la no discriminación.
Un crucifijo presidiendo un aula en una escuela pública de la provincia de Salta (Argentina)
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