Una entidad que se presenta como Asociación de Consumidores y Usuarios Halal de Ceuta ha denunciado en un escrito remitido a la consejera de Educación y Cultura que «las subvenciones otorgadas a algunas entidades religiosas no tienen repercusión favorable» en forma de descuentos «en las cuotas que estas cobran a las familias por los servicios educativos y de formación religiosa que reciben»,.
La Asociación de Consumidores y Usuarios Halal de Ceuta, ACOHACE ha denunciado mediante escrito remitido a la consejera de Educación y Cultura que las subvenciones otorgadas por la Ciudad Autónoma a algunas entidades religiosas «no tienen repercusión favorable en forma de descuentos en las cuotas que estas entidades cobran a las familias por los servicios educativos y de formación religiosa que ofrecen». En una carta, dirigida a Pilar Orozco, piden «una revisión de los procedimientos conducentes a la concesión de fondos públicos a todas aquellas organizaciones que van por libre dedicadas a impartir clases de árabe y religión islámica». El escrito se remitió el 7 de noviembre «hasta el momento sin respuesta».
“Desde ACOHACE entendemos que los fondos recibidos han de tener como objetivo primordial mejorar las condiciones económicas de acceso de los menores a satisfacer sus necesidades educativas y religiosas, por lo que su asignación y concesión deben estar sujetas expresamente a la obligación de que las entidades receptoras de las mismas trasladen parte de ese beneficio a las familias, de modo que exista correlación estable y transparente entre la concesión de dinero público y la repercusión económica en los precios de las clases de estos menores”, indica ACOHACE en un comunicado de prensa.
Por último, la entidad pide al Ejecutivo «que, entre los requisitos de concesión de estas subvenciones, se establezca a
obligatoriedad de una reducción del 60% en las cuotas que pagan las familias por las clases de árabe y religión islámica que imparten las asociaciones que perciban subvención destinada a estos efectos, así como que se obliguen como sujetos fiscales, tanto en lo que se refiere a los deberes inherentes a tal condición como a otros de carácter laboral, así como a la emisión de los oportunos recibos consignando en los mismos los impuestos inherentes al servicio prestado».
Asimismo, «se solicita el despliegue de actuaciones de control y seguimiento con el fin de garantizar que el dinero público se destine al fin fijado, y no a actividades lucrativas sin perfil social ni fiscal».
