Tenemos la obligación de continuar trabajando y luchando por la permanencia de la educación pública y laica que garantice el derecho de la educación de todos y todas y que cubra las necesidades de la población para que todos puedan recibir el máximo de oportunidades en todas las facetas de su vida.
La educación pública es la única que puede generar cohesión e integración social, la única que es plural e inclusiva y la única que potencia la participación democrática y no es segregadora. Dicho de forma negativa: la educación concertada (las escuelas privadas financiadas con dinero público de nuestros impuestos) es el mayor y más efectivo sistema de segregación educativa y social de este país. Sin embargo, no ha habido ni hay voluntad política para suprimir este factor de segregación educativo y social a lo largo de toda la democracia, tras la muerte del dictador.
Por eso parece necesario elaborar una barrera mediante reivindicaciones educativas en relación a lo público y lo laico. Nos jugamos un futuro democrático y participativo de personas libres y solidarias, que en lugar de replegarse en las ideas y concepciones del pasado luchen consigo mistas, con las otras y con las estructuras para comprender, interpretar y construir una educación pública diferente.
Pero no ha habido, hasta ahora, voluntad política para ello. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobernó con mayoría absoluta en la época de Felipe González, consagró en la LODE los conciertos educativos como concesión a la jerarquía católica y al nacionalcatolicismo (que sigue controlando -según sus propios datos- el 63% de la educación concertada), estableciendo además que pudieran tener ideología propia. Es decir, un ideario propio en el que adoctrinar al alumnado, en función del cual contratar al profesorado y según el cual organizar el funcionamiento y la dinámica ideológica del centro. La actual ministra de Educación, Pilar Alegría, se apresuró a decir, nada más tomar posesión de su cargo, 36 años después, que “la educación concertada es un elemento clave” del sistema educativo.
Su socio de gobierno, SUMAR, en su primera redacción del documento de propuesta de país, consensuada por el grupo de educación encargado de plantear el modelo a diez años, recogió la supresión progresiva de los conciertos educativos y el establecimiento de una red única de titularidad y gestión públicas, en la cual se pudieran integrar mediante negociación aquellos centros concertados que así lo demandasen. Pero «una mano ajena» acabó redactando un programa que elimina esta primera y esencial medida para cambiar el actual sistema educativo segregador que se mantiene en España. Por supuesto, en el pacto de Gobierno que firmó con el PSOE, nada de esto se mencionaba.
Los partidos firmantes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno, y que actualmente lo apoyan de una forma u otra, defienden también mayoritariamente la existencia de los conciertos educativos. Una anomalía en Europa, donde la mayor parte de la educación es pública, pues se considera un derecho esencial que el Estado ha de garantizar sin exclusión de ningún tipo a toda su ciudadanía. Y no olvidemos que los conciertos sirven esencialmente para ofrecer a una parte de la población, que el neoliberalismo competitivo e individualista ha convertido en clase aspiracional, la posibilidad de seleccionar aquellos centros donde no haya alumnado y familias diversas o con las que no “quiera mezclarse”. O dicho más claramente, le da opción de “elegir en libertad” aquellos colegios donde “no haya ‘moros’, ni ‘negros’, ni ‘gitanos’ y donde esté la clase social a la que aspira a llegar. De hecho, el 82% del alumnado migrante, de minorías y con necesidades está en la escuela pública.
Esquerra Republicana, En Comuns o Compromís, desde una visión profundamente neoliberal y de mercado, consideran que la educación es un “servicio público” (como los autobuses o los taxis) y que, como tal, puede ser ofrecido bajo modalidad de gestión pública o privada. No digamos ya el Partido Nacionalista Vasco, con su perspectiva conservadora y sus vínculos con la jerarquía católica o con la excusa de las ikastolas. Algo que también le ha servido a EH Bildu para defender y blindar la red educativa concertada. Sorprendentemente, es una situación que también comparte un sindicato de clase como es CCOO en Cataluña (no así en el resto del Estado). Todos estos actores, supuestamente progresistas y defensores del bien común, parecen toparse con la iglesia, como diría Cervantes. E incluso, apoyan un supuesto “pacto contra la segregación escolar” que lo que hace es consagrarla todavía más, puesto que pagan a los concertados para que no segreguen tanto (como si se pagara a un maltratador porque pegara algo menos a la maltratada).
Esta última barbaridad la ha “comprado” el actual Ejecutivo y se ha conocido en este sentido que el Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada para que dejen de segregar tanto (con cuotas y procesos de admisión), en vez de sancionarlos y suprimir los conciertos cuando no cumplen las normas. Mientras, vemos cómo se van suprimiendo aulas y centros públicos y se mantienen los privados (y se multiplican exponencialmente las universidades privadas), especialmente en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que abogan claramente por la privatización y la mercantilización de la educación en todos los niveles educativos.
Algo similar pasa con la educación laica. Y aparece de nuevo el famoso “con la iglesia hemos topado, Sancho” del Quijote. Porque también todos estos partidos firmaron en sede parlamentaria que una de las primeras medidas que tomarían sería derogar los acuerdos con el Vaticano que obligan, según quien lo interprete, a mantener la religión en las escuelas y a pagar con nuestros impuestos a una legión de catequistas, elegidos a dedo por sus jerarcas, para que adoctrinen en creencias y dogmas de su religión a las futuras generaciones.
Sin embargo, no se ha dado ni un solo paso político en este sentido. Más bien se han dado pasos en sentido contrario. Y los líderes de estos partidos han ido a rendir pleitesía al jerarca de la religión católica e, incluso, alguna ministra de Educación ha acabado de embajadora, con peineta y mantilla, en el Vaticano.
La educación laica supone el respeto a la libertad de conciencia de los menores, a no utilizar el sistema educativo para adoctrinar en creencias o dogmas, a facilitar la convivencia entre personas que no tienen la misma religión, a respetar por igual al creyente que al ateo o al agnóstico. La educación laica implica desarrollar un pensamiento no sujeto a dogmas impuestos, propone una educación crítica con todas las creencias y dar la libertad a los jóvenes para que, progresivamente y a medida que maduran y tienen conocimientos suficientes, puedan tomar la opción que consideren más adecuada sobre si creer o no creer, en vez de estar sometidos a la imposición de sus progenitores y a sus creencias particulares.
La escuela debe ser un espacio para aprender, no para creer. Ninguna religión debe formar parte del currículo ni del horario lectivo. Es imprescindible el respeto a la convivencia plural, por lo que ningún acto ni simbología religiosos se debería exhibir en ninguna institución educativa. Y necesitamos ya una educación sin tutelas extranjeras. Lo cual supone que se deberían derogar de forma inmediata los acuerdos del Concordato de 1979 con la jerarquía católica y los suscritos con otras religiones.
Reclamamos una voluntad política clara y decidida para todo ello. Es una exigencia histórica de la comunidad educativa progresista de este país, pero que nunca se ha visto respaldada por los representantes políticos a quienes han elegido. Porque, aunque grupos políticos minoritarios, como Izquierda Unida, hayan venido defendiendo claramente la supresión de la concertada y una educación pública laica, nunca han tenido el peso suficiente para inclinar la balanza en las leyes y en las normas y medidas efectivas para que esto se haya podido materializar.
No hay una explicación razonable a esta “traición” política por parte de grupos políticos supuestamente progresistas que, sin embargo, siguen manteniendo, justificando y sosteniendo de facto un nacionalcatolicismo educativo, herencia de la dictadura. Han tenido casi medio siglo, desde la instauración de la democracia, para avanzar en una educación pública y laica propia del siglo XXI. Pero no han querido, no quieren y no parecen dispuestos a tocar los privilegios de la jerarquía católica ni de las clases dominantes y aspiracionales que exigen centros exclusivos para educar a su progenie en sus aspiraciones de clase. Porque en estos centros se educa en un modelo social que mantiene y justifica una sociedad cada vez más segregada y desigual.
Una educación clara y radicalmente pública y laica
Por eso desde el colectivo “Por otra Política Educativa, Foro de Sevilla” demandamos a todos estos partidos políticos, que son nuestros representantes, que escuchen el clamor de la comunidad educativa progresista de este país y tomen las medidas necesarias para establecer de forma definitiva la educación pública y laica del siglo XXI que merecen las futuras generaciones. De lo contrario, seguirán avanzando cada vez más las ideas racistas y reaccionarias de los sectores de la ultraderecha que continúan siendo educados en unos privilegios y en unas rancias tradiciones propias del siglo XIX. Ahora, más que nunca, para prevenir el auge del neofascismo y la derecha reaccionaria, necesitamos una educación clara y radicalmente pública y laica.
La educación debe hacernos mejores como personas y como ciudadanía. Esta debe ser su finalidad principal. Debe posibilitar el derecho a una vida digna. Debe ser la base de una sociedad justa. La educación es un proyecto civilizatorio. Debe ser lo primero y la prioridad esencial de un proyecto de país, porque es la base para asegurar un futuro de mayor libertad, igualdad y justicia social. De la educación depende la formación académica y profesional, pero sobre todo el modelo de convivencia, de democracia y la cohesión social del país. Por eso, necesitamos un nuevo contrato social para la educación que se base en dos principios fundamentales: el derecho universal a la educación laica y el compromiso con su carácter público en tanto que bien común esencial, que garantice el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y equidad.
Y para desarrollar todo ello es necesario una voluntad política como garante de lo público ya que es el futuro de las naciones, de los ciudadanos responsables y de educar a todo un pueblo en la participación y el respeto a los demás. Tenemos la obligación de continuar trabajando y luchando por la permanencia de la educación pública y laica que garantice el derecho de la educación de todos y todas y que cubra las necesidades de la población para que todos puedan recibir el máximo de oportunidades en todas las facetas de su vida. O sea, una educación y una escuela pública y laica que defienda y trabaje por una verdadera democracia participativa.
