El 11 de diciembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público presentada por la senadora de Morena María Soledad Luévano Cantú. De acuerdo con la exposición de motivos, el objeto de la iniciativa es el de armonizar el contenido de la ley con el marco de derechos humanos vigente en el país. Sin embargo, las reformas propuestas ponen en riesgo el principio de laicidad del Estado, el cual ha sido uno de los pilares para la construcción de la vida democrática en México desde tiempos del presidente Benito Juárez.
Utilizar el discurso de derechos humanos para disfrazar una agenda conservadora a favor de las iglesias cristianas no es novedad en México. El extinto Partido Encuentro Social dedicó su trabajo legislativo a presentar iniciativas de ley con el objeto de restringir derechos como al libre desarrollo de la personalidad y a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, así como a eliminar las restricciones a las asociaciones religiosas que tienen su fundamento en la historia política y social del país. No obstante la pérdida del registro de Encuentro Social, su agenda legislativa resucitó en Morena y, esta vez, su apuesta es más peligrosa.
¿Por qué hay que defender un Estado laico?
De acuerdo con Cécile Laborde,1 el principio de laicidad es un requisito fundamental para cualquier Estado democrático. La razón de ello se concentra en los tres elementos de este principio y que configuran un gobierno: limitado, inclusivo y justificable. El primer elemento se refiere al límite que tiene el gobierno de imponer a la ciudadanía un idea específica del bien. Este principio defiende la libertad ética de cada persona. En ese sentido, cualquier acto de autoridad que pretenda imponer a una persona una doctrina contraria a sus creencias debe ser considerado un ataque a su dignidad, y una amenaza a la estabilidad y unidad de la comunidad política.
El segundo elemento de un Estado laico es que su gobierno debe ser inclusivo. Con este elemento es posible abordar un problema de los modelos liberales más tradicionales. La idea de inclusión atiende a contextos específicos y abandona la idea clásica de neutralidad. En sociedades como la mexicana en la que las religiones con bases cristianas tienen un arraigo mayoritario, una posición de neutralidad lo único que provoca es que se repliquen las condiciones de dominación que surgen de las tradiciones y valores cristianas que influyen en las normas, costumbres e instituciones. En otras palabras, pretender entender a la laicidad como una posición neutral frente a la religión y sus intereses significaría defender un modelo en el que las ideas cristianas son la norma en perjuicio de aquellas personas que no comparten dichas creencias.
Finalmente, el tercer elemento que integra el principio de laicidad se refiere al tipo de razones y argumentos que utilizamos para justificar las decisiones del gobierno. Si quienes encabezan las instituciones del Estado defendieran sus decisiones con base en argumentos religiosos, entonces no habría forma de cuestionarlas o revisarlas para aquellas personas que no compartan su fe. Esto significa abandonar la discusión democrática y pretender gobernar desde textos sagrados cuya legitimidad sólo tiene sentido en las creencias espirituales y no en argumentos que puedan discutirse y comprobarse.
Estos tres elementos del principio de laicidad permiten mantener una comunidad en la que todas las personas gocen de la libertad de creer en aquello que les genere convicción y que no sean perseguidas por ello. A su vez, asegura que las creencias religiosas no sirvan como justificación para oprimir a nadie que no las comparta, sino que, al contrario, obliga al gobierno a asegurar condiciones para que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Por último, exorciza del gobierno aquellas razones que no pertenecen a la vida democrática, sino que apelan a creencias que pertenecen al ámbito espiritual de cada persona, pero no a las decisiones públicas.
¿En qué afecta al Estado laico la iniciativa de Morena?
La iniciativa de la senadora Luévano Cantú utiliza el lenguaje de derechos humanos para defender dos premisas. La primera de ellas es que los grupos religiosos han sido excluidos de la discusión pública. De alguna manera, en la exposición de motivos, la senadora, pareciera reclamar que las asociaciones religiosas nunca han tenido la oportunidad de alzar la voz ante los asuntos más importantes de la vida nacional. Vaya, nunca hemos sabido de la opinión de un cardenal o un pastor acerca de tema de derechos, de política e, incluso, de economía. La segunda premisa es que el gobierno requiere de la fe en los corazones de la ciudadanía para poder hacer frente a los graves problemas del país. A quién le importa planear y discutir soluciones para las crisis que enfrenta México, si mejor se puede rezar para tener el auxilio divino que nos resuelva los problemas de desigualdad, inseguridad y de injusticia social.
En lo ingenuo de esos planteamientos es donde radica el peligro de la iniciativa que se encuentra actualmente en revisión en las comisiones de Gobierno y Estudios Legislativos del Senado. Los cambios que se proponen no tienen nada de inocentes, sino que pretenden fortalecer las capacidad políticas, económicas y de influencia social de las iglesias cristianas. Como una especie de anunciación, la iniciativa de reforma pretende eliminar la referencia al principio histórico de separación del Estado y las iglesias, para sustituirlo por la libertad de conciencia y religión. Este cambio propuesto al artículo 1.º de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se presenta como un nuevo testamento en el que la historia nacional debe olvidarse para sustituirse por una nueva interpretación que consagre el poder de las iglesias frente a la ley.
La forma en la que se pretende acrecentar el poder político de las iglesias utiliza una interpretación tramposa en la que se considera al discurso religioso como uno especialmente protegido por el derecho internacional. El fraude radica en que estas consideraciones han surgido en contextos en los que se persigue poblaciones por sus creencias y no en países en los que hay una religión hegemónica. Con base en esto, la iniciativa pretende ampliar el ámbito de influencia de las iglesias asegurándoles el acceso a la radio y la televisión; que se instalen centros de asistencia religiosa en estaciones migratorias, centros de reinserción social, centros de salud instalaciones de cuerpos policíacos, así como en unidades del Ejército, Fuerza Armada y la Marina.
A su vez, se pretende que los ministros puedan pronunciarse sobre la vida política del país y contra las leyes del Estado, a pesar de ser conductas restringidas por la Constitución. Su trampa opera mediante una precisión en la ley en la que se entienda por fines políticos solo a los mensajes en los que se expresen directamente sobre un candidato o un partido político. Incluso, la iniciativa pretende eliminar la restricción para que servidores públicos asistan a actos de culto.
En la parte económica, la iniciativa busca eliminar la figura de la declaratoria de procedencia. Este es el mecanismo por medio del cual la Secretaría de Gobernación decide sobre el carácter de indispensable de los inmuebles que pretenda adquirir una iglesia. La declaratoria de procedencia permite que el gobierno mantenga el control de los bienes que las iglesias adquieran para que estas no caigan en la tentación de convertirse en negocios.
No sólo ello, el artículo 16 de la ley establece que las asociaciones religiosas sólo pueden tener el patrimonio “exclusivamente indispensable” para el desempeño de su objeto religioso, pero en la iniciativa se pretende modificar ese criterio por el de “necesario”. El diablo está en los detalles y, en este caso, el detalle es que la modificación en la ley le daría el poder a las iglesias de decidir cuánta riqueza consideran necesaria, a la vez que reduce las capacidades del gobierno de fiscalizar a esta asociaciones.
Finalmente, la iniciativa propuesta pretende robustecer el papel de las iglesias anteponiendo la libertad de creencias frente al derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo; a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas de violación, y a la voluntad de anticipada de las personas sobre su vida. A su vez, buscan que se les reconozca como instituciones de asistencia privada para que puedan participar de actividades de promoción social y cultural mediante convenios de colaboración con el gobierno.
Todos las modificaciones destacadas tienen como objetivo restarle presencia al Estado y permitir que esos vacíos los llene la fe. Asegurar que los ministros de culto influyan en la vida política y que los líderes políticos puedan asegurar ese apoyo implica la imposición de una visión de la vida para todas aquellas personas que no la compartimos. Esto es aún más grave cuando pretenden combinar la religión con las fuerzas armadas, así como para aprovecharse de la vulnerabilidad de aquellas personas privadas de su libertad o en necesidad de atención médica.
Mediante la acumulación de riqueza, las iglesias cristianas pretenden asegurar la posición de dominancia frente a otras ideas que las contradicen y con ello asegurar sus privilegios y capacidades de expansión. Finalmente, en el celebrar convenios de colaboración con el gobierno para desempeñar proyectos sociales se desenmascara una clara pretensión de expulsar las razones públicas para fundamentar la acción del Estado en creencias religiosas.
Un gobierno laico es uno más democrático porque es aquel que impide que el poder se acumule con base en la fe dominante. Es uno en el que las personas tienen la seguridad de que el gobierno no interferirá con sus creencias y que tendrán la libertad de profesar la religión que les genere una mayor convicción. Es uno en el que el pueblo puede participar de las decisiones del gobierno y asegurar que sus autoridades cumplan con sus encargos, pues sus decisiones son justificables con base en elementos que podemos conocer y no en ideas en las que necesitamos creer. Así, la iniciativa de propuesta por la senadora de Morena, María Soledad Luévano Cantú, disfraza de derechos a la búsqueda de privilegios para las iglesias. Con ello no se pretende proteger la libertad, sino condenar a quienes cometan el pecado de ser libres y creer en algo diferente a lo que les quieran imponer.
José Manuel Ruiz Ramírez
1 Cécile Laborde. Liberalism’s Religion. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press, 2017.
