En una sentencia histórica, el alto tribunal del país considera que la prohibición «limita el derecho a la autodeterminación de la mujer embarazada»
Corea del Sur dejará de prohibir el aborto. En una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional de este país ha decidido que la ley que impedía desde 1953 la interrupción voluntaria del embarazo salvo casos muy extremos “infringe excesivamente el derecho de la mujer a elegir”. Tras la decisión de la Corte, el Parlamento surcoreano tiene hasta diciembre de 2020 para reformar las leyes que penalizan el aborto, que quedarán abolidas automáticamente entonces.
Según las imágenes mostradas por televisión, decenas de manifestantes en favor del derecho a elegir recibieron con aplausos y gritos de júbilo -y a pocos metros de los grupos provida que reclamaban que se mantuviera la ley- la decisión del tribunal, que hace siete años se había pronunciado a favor de la legalidad del veto. La sentencia de este jueves marca cuánto ha cambiado, en unos pocos años, la manera de pensar en este país, entre los últimos de las naciones desarrolladas que seguían prohibiendo el aborto.
Para declarar el veto inconstitucional era necesario que al menos seis de los ocho jueces del tribunal apoyaran esa opinión. En 2012, la corte había decidido mantener la prohibición por un voto de cuatro contra cuatro. Entonces, un 53,1% de la población, según una encuesta de RealMeter, respaldaba que el aborto fuera ilegal. En 2017, según el mismo instituto, el 51,9% respaldaba que se permitiera.
Aunque el aborto en la práctica no es algo raro -en 2010 se llevaron a cabo 169.000; en 2017 casi 50.000, según el Instituto Coreano de Salud y Asuntos Sociales-, Corea del Sur se había mantenido como uno de los últimos Estados desarrollados sin aborto libre.
Hasta ahora, las normas solo permiten interrumpir el embarazo en caso de violación, incesto, malformaciones graves o riesgo serio para la vida de la madre, y en todo caso siempre y cuando la gestación no hubiera llegado a las 24 semanas. Si la mujer está casada, debe además recibir la autorización de su marido. Y si una mujer se somete a un aborto ilegal, puede afrontar hasta un año de prisión y una multa de 2 millones de won, unos 1.560 euros. El médico que se lo practique se arriesga a dos años de cárcel y a perder la licencia para ejercer.
No es frecuente que se aplique la norma, pero ocurre. El caso que ha precipitado la decisión de este jueves fue presentado el año pasado por una obstetra acusada de haber practicado 69 abortos ilegales entre noviembre de 2013 y julio de 2015.
Aunque con la mejora de las píldoras del día siguiente y una mayor divulgación del uso correcto de los anticonceptivos ha disminuido el número de abortos, la prohibición sigue estigmatizando el que una mujer interrumpa un embarazo no deseado. Según las organizaciones pro derecho a elegir, el segmento más perjudicado es el de las adolescentes o mujeres con pocos recursos, que pueden verse impelidas a recurrir a abortos poco seguros o a buscar medicación en páginas dudosas de Internet.
La prohibición también expone a las mujeres a chantaje por parte de sus parejas u otros familiares o conocidos que amenacen con denunciarlas.
El Ministerio surcoreano de Igualdad y Familia había reclamado que se aboliera la prohibición, que ha expuesto a las mujeres a interrupciones del embarazo en condiciones peligrosas, y había calificado la legislación de “documento muerto” dado que apenas se aplicaba. En cambio, el Ministerio de Justicia había defendido que continuara el veto, al considerar que “es deber del Estado proteger el derecho del feto a la vida”.
A lo largo de las últimas décadas del siglo XX, aunque prohibido en la teoría, el aborto se convirtió en un recurso relativamente común para controlar la natalidad, en unos años en los que el Estado instaba a sus ciudadanos en campañas publicitarias que “incluso dos (hijos) es demasiado”.
Pero la caída de la natalidad, y el peso de los grupos conservadores y religiosos -especialmente de las potentes iglesias evangelistas-, habían llevado a un cierto giro en la posición oficial. En 2009, una asociación de médicos provida creó una línea telefónica para denunciar a las clínicas que practicaran abortos ilegales.
La decisión de este jueves representa una importante victoria para los derechos de la mujer, en un país que en 2016 el Foro Económico Mundial situaba en el puesto 116 de un total de 144 en cuanto a igualdad de género.
“La decisión hoy del Constitucional explica bien cómo hay que legislar a partir de ahora. No se debe obligar a tener hijos castigando la interrupción voluntaria del embarazo. Respetemos las voces de las mujeres, porque las que viven el embarazo son ellas”, ha declarado la abogada Kim Su-jung, una de las representantes legales de la médica que planteó el caso al Constitucional.
En cambio, la Conferencia Episcopal católica surcoreana ha expresado su “profundo pesar” por la decisión. “El dictamen niega el derecho a la vida de los embriones, que no tiene la capacidad de defenderse por sí mismos”, ha declarado, según la agencia AFP.
