El acusado pidió la palabra pero no aceptó responder preguntas. Desconociendo los hechos dijo «estar enamorado». Quiso presentar nuevas pruebas las cuales fueron denegadas. El viernes serán los alegatos.
Después de seis largos años de permanecer escondido, encubierto y en silencio, el cura Juan de Dios Gutiérrez decidió hablar frente al Tribunal que los juzga por el delito de abuso sexual agravado. Lo hizo de forma virtual, dado que se encuentra aislado por ser contacto estrecho de una persona con covid-19.
Si bien no estaba previsto que declare, el Tribunal concedió este último manotazo de ahogado por parte del sacerdote. Eso sí, declaró con la condición de no responder ningún tipo de preguntas.
Basó su testimonio en afirmar que él y la víctima eran pareja y estaban enamorados, desligándose de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se juzgan y que aún, al día de hoy, dejan dolorosas secuelas en la víctima y su familia. Actitud manipuladora que también desplegó el día anterior a comenzar el juicio, cuando ante los medios locales y montando un espectáculo, pidió perdón a sus «hermanos de fe» por su enamoramiento, momentos antes de que la víctima declarara.
Siendo fiel al manual del cura abusador, depositó toda la culpa en Alejandra Carrizo, madre de la víctima y quien realizó la denuncia en 2015, en un acto de absoluta demonización permanente hacia la progenitora. Intentó presentar como prueba una nota que envió al obispo en el año 2015, donde manifestaba su renuncia al sacerdocio por estar enamorado; pero el tribunal no la aceptó.
«Rasgos psicopáticos y narcisistas»
En audiencias anteriores, declararon, entre otros testigos, profesionales del área de salud mental del Cuerpo Interdisciplinario Forense quienes participaron de las entrevistas que les fueron realizadas a la víctima y a Gutiérrez en 2015, luego de la denuncia. En aquel momento, las pericias fueron contundentes al marcar «falta de angustia, predominio de rasgos obsesivos y marcados rasgos de personalidad narcisista y de tipo psicopático».
También fueron parte de los testigos el psicólogo tratante de la joven y la psicóloga Liliana Rodríguez, integrante de la Red de Abusos Eclesiásticos, organización que viene acompañando a la joven y su familia desde los primeros años.
«Podemos dar cuenta de los avatares que la joven y su familia atravesaron desde esa fecha, dado que fuimos acompañando todas esas situaciones», afirmó la profesional en diálogo con este medio.
«Hubo mucho daño colateral al enorme daño y secuelas emocionales que deja el abuso. Hubo una escuela que no las contuvo, que las estigmatizó, incluso fueron agredidas físicamente, por lo que dejaron la ciudad de Belén», agregó Rodríguez en referencia a las las situaciones vividas por la víctima y su familia.
«El abuso es un delito y hay que condenarlo. A diferencia de la Iglesia que traslada, encubre, que no rompe el pacto de silencio y protege al abusador, habilitando nuevos abusos», señaló la profesional para quien la reparación es desde una condena justa y de cárcel efectiva.
El viernes se esperan los alegatos, donde la querella pedirá la pena máxima de 20 años y la sentencia.
Ante el diagnóstico positivo de covid-19 y la posibilidad postergación de la sentencia, desde la Red de Sobrevivientes solicitaron a través de un comunicado «el normal desarrollo, teniendo en cuenta las maniobras dilatorias del acusado».
