Abrió la ventana para hablar del diablo. El papa Francisco salió al balcón de la plaza de San Pedro del Vaticano. Ataviado con su sotana blanca, colocó el micrófono y soltó por los altavoces más cristianos del mundo: “El diablo es el mayor chismoso […] Por favor, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo por no cotillear y hablar por la espalda. El cotilleo es una plaga peor que el coronavirus”. Sucedió el pasado septiembre. Tres meses después, los chismes están por casi todas las parroquias del Arzobispado de Madrid. La millonaria trama inmobiliaria de la Iglesia destapada por EL PAÍS monopoliza los mentideros de la Iglesia. Un colaborador muy estrecho del arzobispo Carlos Osoro asegura que está “preocupado”, que quiere “todo se resuelva sin perjudicar a las familias” y que “va a exigir responsabilidades penales a los implicados”.
Cerca de 200 hogares que viven de alquiler, más de 100 ancianos y casi una veintena de monjas que viven en una residencia de mayores han sido, por el momento, los grandes perjudicados de esta millonaria trama inmobiliaria. Las tres operaciones aglutinan las enajenaciones de 18 edificios. Todas pertenecen a fundaciones tuteladas por el arzobispado. Las ventas se produjeron en los dos últimos años. Juntas han sumado un monto de más de 100 millones de euros. Todas las operaciones están ahora mismo en los tribunales. ¿Quiénes están siendo investigados? ¿Quién es quién en todo este entramado? Documentos a los que ha accedido EL PAÍS ayudan a perfilar a los principales implicados.
Carlos Osoro. Cardenal y arzobispo de Madrid. Osoro, de 75 años, llegó a la capital de España por orden del papa Francisco ―con quien mantiene muy buena relación― en 2014. La Iglesia madrileña tutela 64 fundaciones presididas por el propio cardenal. Osoro decidió dar un nuevo impulso a todas en 2016 con el objetivo de mejorar la coordinación. Todas estas entidades, en conjunto, aglutinan cerca de 1.200 trabajadores y dotan de ayudas y becas a casi 100.000 beneficiarios. El cardenal colocó al frente de todas ellas al laico zaragozano David López Royo. Nacía la Delegación Episcopal de Fundaciones. Tras el escándalo, Osoro ordenó una investigación interna en junio de 2020.
David López Royo. Presidente de la Delegación Episcopal de Fundaciones de Madrid de 2016 a 2019. Nació en Zaragoza hace 63 años. De joven estuvo vinculado a la Iglesia. Se diplomó en Filosofía y licenció en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Entró en Cáritas en los años noventa como director de Cooperación Internacional, donde coordinó, por ejemplo, la ayuda humanitaria del huracán Mitch. En 2014 fue nombrado director del periódico El Correo de Andalucía. No había ejercido como periodista en su vida. “¡No tenía ni idea de Sevilla! Su gestión derivó en portadas vergonzosas”, cuenta un exredactor.
Su fulgurante ascenso en las instituciones vinculadas a la Iglesia llegaría meses después. López había conocido al arzobispo Carlos Osoro en Asturias y Galicia, cuando trabajaba para Cáritas. En marzo de 2016 la Iglesia madrileña se apoyó por primera vez en dos pilares laicos. Uno de ellos era Royo, como delegado de Fundaciones, y el otro Julio Lage, como interventor de las cuentas de la diócesis. Royo aseguró a este periódico que trabajaba de manera altruista para la Iglesia. Pero según ha podido comprobar ahora este diario, tenía un contrato con el arzobispado cercano a los 40.000 euros al año. En una entrevista con el semanario católico Alfa y Omega en 2017 dijo: “La sociedad nos exige transparencia, pero Osoro la impulsa por convicción”. Dimitió en 2019 tras las publicaciones de EL PAÍS.
Julio Lage. Interventor de las cuentas de la Iglesia de 2016 a 2020. Según su currículum, ha formado parte de las cúpulas ejecutivas de entidades financieras de referencia como Santander, La Caixa y Banco Español de Crédito; de consultoras de la talla de Arthur Andersen; de grandes grupos empresariales como consejero asesor y de instituciones como la Fundación I+E Innovación España. De Orense, es ingeniero de Telecomunicaciones y doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Ingeniería del Conocimiento. Osoro le encomendó en 2016 supervisar las cuentas de la Iglesia. Royo y Lage se conocían de otras etapas anteriores. Durante su etapa como interventor de la diócesis madrileña trabajó de manera altruista. Varios curas de Madrid aseguran que dentro le llamaban “el dios del dinero”. Dimitió hace tres semanas ante las últimas publicaciones.
Manuel Fernández Clemente. Ha sido el secretario de las tres fundaciones que están siendo investigadas: Fusara, San Celedonio y Molina Padilla. En San Celedonio entró como secretario en 2012, durante la época del anterior cardenal, Antonio María Rouco Varela. Su despacho, Fernández Clemente Abogados, está especializado en urbanismo. Presume de ser “multidisciplinar”. Clemente fue abogado asesor de urbanismo para la Comunidad de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre.
El abogado Clemente cobraba un salario de 3.000 euros al mes en las tres fundaciones. Y un contrato como asesor en una de ellas cercano a los 30.000 euros al año. Algunas fuentes eclesiásticas apuntan que intentó llegar a un acuerdo económico con el arzobispado tras el escándalo de las ventas, pero Osoro se negó. Ha ejercido de secretario en, al menos, seis de las 64 fundaciones.
Antonio Naranjo Fabián. Otro de los hombres clave. Fue director médico de la Fundación San José. De ahí da el salto a las fundaciones de la Iglesia. Está presente en las tres entidades investigadas como gerente y como delegado. Como gerente cobraba un salario de, al menos, 1.500 euros. Durante la pandemia estuvo al frente de la gestión de la fundación San Celedonio, que gestionaba una residencia donde convivían más de 100 ancianos. Entre marzo y mayo fallecieron más de 35. “Se lleva muy bien con el abogado Clemente”, cuentan varios patronos que han trabajado con él.
Bufete Chávarri Abogados. Despacho principal con el que ha trabajado el arzobispado en los últimos cuatro años. Se define como “un despacho de referencia para las instituciones religiosas, no solo por la atención profesional y técnica, sino también por su identidad y valores”. El bufete cuenta con una fundación en la que han trabajado dos de los nombres clave: el delegado de fundaciones, Royo, y el interventor de las cuentas, Lage. Según fuentes de este despacho, se han producido comisiones millonarias en las ventas de los inmuebles de las fundaciones de la Iglesia. El propio bufete ha hecho de intermediario en las tres operaciones. Solo con la venta de la Fundación San Celedonio se han repartido unas comisiones de 1.850.000,40 euros, según los documentos a los que ha accedido ahora EL PAÍS. Por la venta de la fundación Fusara cerca de 3.700.000 euros y por la compra de unos terrenos de Metrovacesa en Valdebebas (Madrid) ―solar donde la propia Iglesia quería construir oficinas con la venta de las tres fundaciones― más de 900.000 euros.
Tapiamar. Un armazón empresarial de 14 empresas que han comprado los 14 edificios de la fundación Fusara en el centro de Madrid por 74 millones de euros. Tapiamar es un entramado de 14 sociedades creadas entre el 2 de abril y el 13 de junio de 2019 con un capital de 3.010 euros cada una y entre cuyos accionistas se encuentra Ahorro Corporación Financiera, una de las grandes firmas de inversión en España. En las actas de la fundación, a las que tuvo acceso este diario hace más de un año, se explica que entre los accionistas está “un alto ejecutivo de Barclays Bank”, Álvaro Portanet (marido de Ana Agag, hermana de Alejandro Agag, yerno del expresidente Aznar). El 30 de julio de 2019 se ejecuta la venta de Fusara con una transferencia de 37 millones de euros procedente de Luxemburgo, según pudo comprobar este periódico.
¿Quiénes están investigados por la justicia? La jueza Carmen Rodríguez-Medel investiga en el juzgado número 41 de Madrid a Royo, Clemente y Roberto de Juan, como representante de las 14 empresas que han adquirido los inmuebles de Fusara.
