El Gobierno tiene previsto remitir al Congreso de los Diputados antes de que finalice el año la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con la que pretende adecuar esta norma, que acumula casi 30 años de vigencia, al pluralismo religioso existente actualmente en España.
Así se lo comunicó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, a los miembros de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, a los que ayer recibió en La Moncloa, en el marco de las reuniones que periódicamente mantiene con ellos.
Según informaron a Europa Press asistentes al encuentro, en esta ocasión el objetivo de la cita era informar a los grupos parlamentarios de los proyectos que prepara el Ejecutivo y que habrá de tramitar el órgano que preside el socialista Alfonso Guerra.
El más relevante de los anunciados, y a priori el más controvertido, es el prometido proyecto sobre la libertad religiosa. En una entrevista concedida este verano a Europa Press, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó que la "idea matriz" de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa es que "haya un claro deslinde entre el fenómeno religioso y el espacio público y la laicidad del Estado".
CRUCIFIJOS FUERA DE COLEGIOS PÚBLICOS
La nueva ley tendrá como objetivos, en palabras del ministro de Justicia, "la igualdad, el reconocimiento de la libertad religiosa, la laicidad del Estado y la separación de funciones" de la Iglesia y el Estado.
En este contexto, el Gobierno se plantea incluir la retirada de todos los símbolos religiosos que existan en colegios e institutos públicos, a excepción de aquéllos que tengan valor histórico, artístico o para el patrimonio.
Con respecto a los comedores escolares, se pretende regular que los niños de religión musulmana o judía puedan "comer de manera distinta" si lo desean, no con un menú especial, pero sí utilizando el espacio común para consumir la comida que se lleven de casa.
LEY ELECTORAL
En la reunión de ayer, De la Vega y los portavoces de la Comisión Constitucional analizaron también el trabajo realizado hasta ahora por la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral General. Esta misma tarde la comisión acordó prorrogar los trabajos de este órgano hasta finales del próximo mes de junio.
El objetivo es que las reformas que recomiende la subcomisión sean aprobadas con el tiempo suficiente para que puedan estar en vigor para las elecciones autonómicas y municipales, previstas para mayo de 2011. No llegarán a tiempo, sin embargo, para las catalanas, que se calculan para otoño del año que viene.
Respecto a las reformas estatutarias, la Comisión Constitucional está pendiente de continuar la tramitación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que sigue bloqueado por el espinoso asunto de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, que ahora enfrenta a PSOE y PP, pese a que ambos partidos consensuaron el texto en el Parlamento autonómico.
