Durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, la vicepresidenta ha afirmado que “afortunadamente esos tiempos quedaron atrás y no volverán por expreso deseo de la mayoría”
Pese a las recientes ataques de la jerarquía eclesiástica hacia las medidas aplicadas por el Gobierno socialista estos últimos cuatro años, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido la cooperación del Gobierno con la Iglesia porque no supone "menoscabo" de la "laicidad" del Estado. Aun así ha lanzado una advertencia: ni la sociedad ni el Gobierno aceptarán "tutelas morales" de nadie.
De la Vega ha comparecido a petición propia en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para informar de la situación de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, y ha expresado su respeto al derecho de "una parte" de la jerarquía eclesiástica a criticar al Gobierno, como hicieron los obispos en la reciente concentración de Madrid en favor de la familia cristiana.
Sin embargo, también ha pedido y exigido "el mismo respeto" para el Ejecutivo cuando cumple sus compromisos electorales. "Lo que ya no resulta tan tolerable es que para ejercer ese derecho se vulnere el respeto debido a dos poderes legítimos, como son el Gobierno y el Parlamento, y se haga además faltando a la verdad", ha dicho.
En este sentido la vicepresidenta ha valorado la profundización en derechos sociales que, a su juicio, ha llevado a cabo el Ejecutivo, con medidas como el reconocimiento de los matrimonios homosexuales o la supresión de trabas para el divorcio, unos cambios que, en su opinión, la sociedad española "ha aceptado e integrado en su día a día".
Respeto al derecho a la crítica
Asimismo, afirmó que el Gobierno respeta "la expresión de opiniones" y "el derecho a la crítica" pero consideró que "no resulta tan tolerable que para ejercer esos derechos" una parte de la jerarquía eclesiástica "vulnere el respeto debido a dos poderes legítimos como son el Gobierno y el Parlamento y se haga, además, faltando a la verdad".
"En estos cuatro años España ha profundizado sus raíces democráticas y se ha convertido en una de las sociedades más avanzadas del mundo en lo que que a extensión de derechos se refiere", apuntó.
En esta línea, ha advertido a los obispos de que cuando "las opiniones pretenden justificar o condicionar una norma o normas que rijan para todos por igual, primero, deben contar con el respaldo de la mayoría y, segundo, deben fundamentarse en la razón, una razón que haga abstracción de convicciones morales y religiosas y apele al juicio de todos y no a su fe". "Una razón que debe ser consistente con la igual dignidad de todas las personas profesen una religión u otra", insistió.
Asimismo, De la Vega afirmó que el Gobierno "respeta y respetará a la jerarquía eclesiástica, a los que discrepan mucho con el Gobierno y a los que lo hacen menos, esperando y exigiendo el mismo respeto".
