Hay temas que son muy relativos, que dependen mucho del punto de vista desde el que se miren, de las ideas y vivencias de quien los trate. En este sentido, resulta especialmente difícil abordar un debate sobre el aborto que se centre en definir cuándo empieza la vida, o en el que cada cual intente plantear su moral particular como criterio común.
El respeto a esta diversidad, en una sociedad plural como la nuestra, debe ser garantizado, aunque no dejen de ser necesarias regulaciones para hacer frente a esos conflictos mediante acuerdos y consensos.
Hay otros temas, sin embargo, que son menos relativos, que son cuestión de coger los datos existentes y hacer un análisis veraz de la realidad. De este modo, si centramos el interés en ver qué estrategias se han de utilizar para reducir el número de abortos, y creo que mucha gente se uniría a este objetivo, parece que la cosa deja de ser tan relativa.
Se hace pertinente acudir a los datos estadísticos (Instituto Guttmacher) que evidencian que la tasa de aborto de un Estado no depende de la forma en que éste se regule, sino de las políticas de educación sexual que se pongan en práctica y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos.
Así, las tasas de aborto más bajas se encuentran en países de Europa (12 por 1,000 mujeres), donde el acceso a esta prestación sanitaria no está restringido y las tasas más altas en países de África y América latina (29 y 32 por 1,000 mujeres, respectivamente) donde el aborto es ilegal.
La realidad del aborto existe, se gestione como se gestione por parte de los Estados.
Ninguna regulación penal persuade a las mujeres que lo necesitan de abortar. La prohibición y restricción, lejos de bajar las tasas de aborto, generan inseguridad jurídica a las mujeres y profesionales sanitarios, aumentan las posibilidades de que se retrase el momento del aborto y de que se recurran a prácticas abortivas de riesgo.
En la Declaración del Milenio, firmada por 189 Estados, incluído el nuestro, reducirla mortalidad materna forma parte del 5º Objetivo[1] y el 13% de la mortalidad materna mundial es debida a abortos inseguros.
Para reducir las tasas de aborto hay que disminuir el número de embarazos no deseados, para lo cual hacen falta políticas públicas dirigidas a realizar una mayor y mejor educación sexual, que no se limite a informar sino que eduque en valores – igualdad, autonomía, cuidado de uno/a mismo/a y de los otros/as, diversidad sexual…- , que proporcione recursos y habilidades orientados a posibilitar el ejercicio de una sexualidad libre y responsable, con actuaciones específicas dirigidas a los colectivos con un mayor índice de embarazos no deseados, acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia a cargo de la Seguridad Social.
Parece que esa apuesta por la prevención queda reflejada en la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que el PP está amenazando con derogar. Dicha Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual como la mejor forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, finalmente, los abortos. Establece que el Estado debe poner en marcha políticas específicas en materia de educación sexual, incorporando al sistema educativo en esta tarea.
Si finalmente el Gobierno lleva a cabo sus propuestas en este terreno, paralizadas actualmente por la falta de acuerdo interno, se minará el derecho a la salud sexual y reproductiva con graves repercusiones en las mujeres. Se volverá a poner, por otro lado, en tela de juicio su capacidad de decisión acerca de su maternidad, que recaerá, en última instancia, sobre médicos o jueces.
Si esto ocurriera, volveremos a salir a la calle (con este Gobierno, no salimos de la calle…) a protestar por este retroceso, enmarcado en la campaña del PP de recortes generalizados en materia de derechos sociales y políticos.
Mientras, como ciudadanía, seguiremos promoviendouna sexualidad responsable, sin prejuicios, libre de mitos y falsas creencias, con valores y criterios democráticos que nos hagan disfrutar y evitar las consecuencias no deseadas.
Almudena Ciscares Mercado, Área de prostitución APDHA
[1] “Reducir la mortalidad materna en un 75 % entre 1990 y 2015”; debería haber descendido un 5,5 %/año y lo hace a un 2,3 %.
CONCLUSIONES DEBATE ABORTO
· Por el derecho a decidir. Ni un paso atrás en la ley actual.
Nos oponemos a las pretensiones del Gobierno de volver a una despenalización parcial del delito de aborto, ya que esto supondrá una limitación del derecho a la salud sexual y reproductiva con graves repercusiones en las mujeres.
Este retroceso se enmarca en la campaña de recortes generalizados en materia de derechos sociales y políticos, protagonizada por el PP, a la que estamos asistiendo.
· Consideramos, ante el conflicto existente entre la decisión de las mujeres y la protección de la vida en gestación, que se debe hacer una protección gradual de la vida en gestación en función de su desarrollo, correspondiendo así mayor protección a un mayor desarrollo.
· Constatamos que, independientemente de las opiniones y de las formas en las que en cada sociedad se regula el aborto, las mujeres abortan. No asumir y dar respuesta a esta realidad constituye un problema de salud pública que afecta de forma particular a las mujeres con menos recursos y en situación de mayor vulnerabilidad.
· La prohibición y restricción, lejos de bajar las tasas de aborto, generan inseguridad jurídica a las mujeres y profesionales sanitarios, aumentan las posibilidades de que se recurran a prácticas abortivas de riesgo y que se retrase el momento del aborto.
· Los datos evidencian que la tasa de aborto no depende de la forma en que éste se regule, sino de las políticas de educación sexual que se pongan en práctica y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Éstas deben convertirse en nuestras reivindicaciones centrales.
· Abogamos por la defensa de una maternidad libre, responsable y deseada para lo cual es indispensable garantizar el acceso al aborto a las mujeres que lo necesiten. Volver a la regulación anterior supone poner en tela de juicio la capacidad de decisión de las mujeres.
Por otro lado, consideramos importante que niños y niñas vengan a este mundo siendo deseados/as y cuidados/as como se merecen.
· Creemos importante que la opinión de las mujeres entre 16 y 18 años sea tenida en cuenta, por lo cual defendemos la edad de consentimiento a los 16 años, la misma exigida para otras intervenciones en la Ley de Autonomía del Paciente.
· Consideramos oportuna la defensa del derecho de objeción de conciencia de los/as profesionales implicados/as sin que ello impida la garantía de acceso a esta prestación sanitaria, en la sanidad pública, a todas las mujeres que lo necesiten independientemente de la CA en la que residan.
Antequera, 15 de Junio de 2013
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