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Veremos qué otras sorpresas nos depara el concurso internacional que ha convocado el gobierno para el proyecto de resignificación del monumento (con 30 millones de presupuesto), proyecto que parte de las imposiciones de la iglesia…
La verdad, para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ni, ya puestos, tanta retórica, ni tantos millones, ni tanto concurso internacional; al final, en un inmueble que pertenece al patrimonio del Estado -un Estado, oficialmente, laico- una comunidad religiosa (que se parece mucho a una secta) denominada ‘benedictinos’, bajo la forma de una Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (creada en 1957, pleno nacional-fascismo-catolicismo), ha impuesto su okupación a perpetuidad, la que lleva detentando desde que un dictador sanguinario les instaló allí, donde cobran religiosamente (valga la redundancia) subvenciones públicas año tras año, sin dar cuenta de un solo euro y okupando su tiempo, además de, suponemos, en la oración, en el cultivo de, amén de otras hortalizas, el neofranquismo, ahora sin Franco de cuerpo presente pero de espíritu (o espectro) omnipresente.
Ese sí que es un buen modelo de okupación: a cuerpo de fraile y subvencionado… para que luego nos hablen de paguitas y menas.
Este gobierno, en su audacia, ha pensado que una simple resignificación era poca cosa y le ha dado un giro adicional, no se conforma con una vuelta de 180º, mejor los 360º… para volver al punto de partida. En un pispás, entrevista vaticana mediante, hemos pasado de la resignificación (del valle de los Caídos franquista), entendida como cambio de significación, a la requetesignificación, entendida como refuerzo de la vieja significación (y con resonancia a violentas turbas ultrareligiosas y ultramontanas). Todo lo que el gobierno ha conseguido es la salida del prior, pero nada asegura que su sucesor, así como el resto de monjes, no comulguen (ideológicamente también) con este. Tras el anuncio del acuerdo, la archidiócesis de Madrid se ha apresurado a exhibir su control del proceso, señalando las imposiciones obtenidas: permanencia de los benedictinos, no desacralización de la basílica, respeto a todos los elementos religiosos en el exterior de esta, acceso independiente al de la basílica para cualquier otro uso…
A esta Iglesia, que se apropia de todo el patrimonio público a su alcance, que no paga impuestos, que fagocita la enseñanza para hacer negocio y adoctrinar… que sigue, en definitiva, disfrutando de los privilegios obtenidos por su beligerante apoyo al golpe militar fascista del 36, y por su participación en la represión política y opresión ideológica posterior, se le sigue, a estas alturas, otorgando patente de corso, no obstante haber demostrado, en este caso en concreto, tanta opacidad, falta de rendición de cuentas, y beligerancia contra la aplicación de las políticas del gobierno, por ejemplo, frente a la exhumación del dictador, o en la celebración de actos de apología de un régimen totalitario y sanguinario.
La gestión del antes llamado valle de los Caídos, cuya democratización ha sido largamente procrastinada, ha seguido un tortuoso camino desde la ley de Memoria Histórica de 2007, pasando por aquel informe de expertos encargado por el gobierno de Zapatero en 2011 (donde lo más significativo era la recomendación de sacar del monumento los restos de Franco y José Antonio, además de la transformación de la fundación-congregación en Real Patronato para hacerla depender del gobierno), hasta la ley de Memoria Democrática (2022) que señala: ‘Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos’, disposición que debía entrar en vigor tras la aprobación por decreto de que establezca ‘el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros’ (nueva denominación oficial que la ley establece del valle de los Caídos), ese que suponemos ahora se aprobará, pero ya sin extinguir a esa Fundación.
Hubieron de pasar 40 años de democracia para poder sacar a Franco de la basílica (y 4 más para sacar a José Antonio), y casi 50 años desde la muerte del dictador para realizar las primeras exhumaciones de restos de personas cuyos restos habían sido trasladados a sus criptas sin permiso, ni siquiera, en muchos casos, conocimiento, de los familiares.
Veremos qué otras sorpresas nos depara el concurso internacional que ha convocado el gobierno para el proyecto de resignificación del monumento (con 30 millones de presupuesto), proyecto que parte de las imposiciones de la iglesia antes citadas que prácticamente limitan la posible intervención al centro de interpretación anunciado en la explanada frontal; en todo caso, lo que sabemos desde ya es que la verdadera resignificación democrática de este monumento al terror franquista no depende ni de millones de euros ni de brillantes ideas internacionales, sino, sobre todo, de voluntad política frente a inmovilismos neofranquistas como los de esa congregación okupa.
