Cuatro hermanas menores de edad y residentes en el País Vasco fueron víctimas de la ablación del clítoris en un reciente viaje de vacaciones a Mali, el país de origen de sus padres. La Fiscalía de Menores del País Vasco está investigando los hechos tras ladenuncia de la mayor de las hermanas, de sólo 14 años, a una trabajadora social. Los responsables de la mutilación genital de las pequeñas habrían sido sus abuelos.
En Mali, el país de origen de las cuatro hermanas, el 98% de las mujeres sufren la mutilación del clítoris, por lo que los viajes de vacaciones son un riesgo para estas niñas. Y así sucedió en este caso.
Fue la mayor de las cuatro hermanas, que cuenta apenas con 14 años, la que denunció a una trabajadora social lo que le había ocurrido en sus últimas vacaciones. Según la Fiscalía de Menores del País Vasco, los abuelos maternos de las niñas habrían aprovechado este viaje de la familia a su país de origen para someterles a la mutilación de parte de sus genitales.
Esta práctica, lejos de ser un delito en Mali como lo es en España, es una costumbre y en ocasiones hasta una fiesta para simbolizar el paso de niña a mujer. No consta que los padres pusieran impedimentos.
La adolescente mostró también a la trabajadora social la sospecha de que sus tres hermanas menores habrían pasado por el mismo mal trago. Un médico forense examinó tanto a la denunciante como a las otras niñas y halló evidencias objetivas de que efectivamente las cuatro menores habían sido víctimas de la ablación clitoriana.
La Fiscalía de Menores del País Vasco está estudiando las medidas de protección que procurará ahora a las jóvenes. Fuentes judiciales conocedoras de este caso señalan, además, que la Audiencia Nacional «debería» incoar un procedimiento contra los abuelos, responsables materiales de los hechos y que viven en Mali. Sostienen que la restricción del principio de jurisdicción universal acometida esta legislatura por el Gobierno del PP no limita las investigaciones sobre este tipo de delitos graves.
No es el primer caso detectado en los últimos años en el País Vasco, donde residen unas 800 niñas en riesgo procedentes de los países donde la ablación es moneda corriente. En 2013, como ya publicó EL MUNDO, las víctimas fueron otra preadolescente de familia de Mali y una niña originaria de Guinea. Según la investigación judicial, también entonces la ablación vino ordenada por los respectivos abuelos.
La Fiscalía vasca determinó en aquel momento que no iba a solicitar la retirada a los padres de la custodia de las menores. Interpretó que, al no ser los responsables directos de los hechos, su separación de las niñas supondría para ellas una doble victimización.
No obstante, ya desde que se conocieron los primeros casos en 2013, el Ministerio público emplazó a todas las instituciones a establecer urgentemente un protocolo de prevención. «El riesgo se encuentra cuando las menores abandonan el territorio nacional para ir a sus países de origen. La protección supondría impedir que dichos viajes se produjeran», demandó públicamente a las administraciones competentes la fiscal de menores de la provincia de Álava, Carmen Cotelo.
El Gobierno vasco, a través del Instituto Vasco de la Mujer, recogió el guante y ultima un protocolo de actuación para prevenir la ablación genital femenina. Una de las medidas inmediatas será activar un sistema de alertas en los hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma para detectar a mujeres adultas que en su juventud fueran víctimas de la ablación. Localizadas ellas, será más sencillo proteger a sus hijas cuando lleguen a la pubertad.
Asimismo, en los casos más graves, aquéllos en los que haya sospechas fundadas de que el viaje a determinados países de África pueda estar organizado para cometer esta práctica, se ha planteado la intervención incluso del área de Extranjería de la Policía Nacional para retirar los pasaportes a la familia y que no abandonen el territorio español. Hasta el momento, no ha trascendido ningún caso.
Respecto a la respuesta penal posterior tras la mutilación de las niñas, los juristas consultados coinciden en la enorme dificultad de perseguir a los familiares de las víctimas. Técnicamente, en países como Mali la ablación no es delito, por lo que cualquier petición de extradición por parte de la Audiencia Nacional sería inútil ante las autoridades de aquel país. En todo caso, el principio de jurisdicción universal permitiría actuar en defensa de unas menores que son residentes en España, como acordó el pleno del alto tribunal en 2014 tras analizar la reforma legislativa introducida por el Gobierno del PP. Desde el País Vasco, en medios judiciales se defiende que se «deberían» abrir investigaciones que resulten ejemplarizantes.
17.000 niñas en España, en riesgo de sufrir una mutilación genital
Fruto de la inmigración africana en España, hoy la mutilación genital femenina existe en forma de diáspora. Lo que en África se extiende a lo largo de 28 países, en mayor medida en Gambia, Guinea, Sierra Leona, Burkina Faso y Mali, «afecta en el mundo a 140 millones de mujeres«. De ellas, 55.000 están en nuestro país, según el último Mapa de la Mutilación Femenina en España publicado por la Fundación Wassu-UAB, y que se publica cada cuatro años.
Una de esas 55.000 mujeres afectadas por la ablación es la senegalesa Aminata, que se enjuga las lágrimas en la imagen de arriba. EL MUNDO contaba su historia el pasado febrero, cuando se celebraba la jornada mundial en contra de la mutilación genital femenina. La sufrió de niña, ni recordaba la edad que tenía cuando sucedió y, en Barcelona, ya con 40, su comadrona de la Seguridad Social le advirtió de que su vagina se podía reconstruir.
Además de quienes ya lo sufrieron y conviven con las consecuencias, hay en España 17.000 niñas en riesgo de que se les practique la mutilación. Son hijas de inmigrantes en España de hasta 14 años y, según el informe de la Fundación Wassu-UAB, supone «un aumento del 60% desde 2008».
Cataluña concentra el 36% del total de estas jóvenes, con más de 6.000 chicas, unas 2.000 más que en 2008. Y el municipio español con más mujeres procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina es Zaragoza, con 818 en riesgo de padecerla.
Andalucía es el segundo territorio español con mayor población originaria de países en los que se practica la mutilación genital femenina, aunque la Comunidad de Madrid le supera en número de mujeres y de niñas. Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, País Vasco e Islas Baleares son el resto de regiones con más de 10.000 personas de este grupo de nacionalidades.
Con la intención de reducir las posibilidades de que haya niñas en España que sufran una ablación, el Gobierno y las administraciones regionales decidieron el pasado enero establecer el Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Mutilación Genital Femenina que contemplaba una exigencia a las familias: que renuncien a someter a sus hijas a esta práctica cuando viajen a sus países e incluso que firmen un «compromiso preventivo» antes del desplazamiento y acepten un control posterior.
Además, en este protocolo interterritorial se detalla que la mutilación genital femenina está considerada «como un tipo más de violencia de género».
Desde Sanidad explican a este periódico que este protocolo es el «instrumento al que pueden acogerse todas las comunidades autónomas». También a principios de año el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, inició el proceso de formación de profesionales clave para prevenir la ablación en esta comunidad autónoma, donde hay 800 niñas menores de 14 años en riesgo de sufrirla. Sin embargo, según esta institución, este protocolo aún está desarrollándose y no se implementará hasta el «próximo octubre».
