Nuevos documentos acreditan la soberanía pública sobre el monumento omeya ahora que se cumplen 50 años del proyecto gubernamental que planificó devolver el edificio a su “pureza”
En los primeros días de noviembre de 1971, nada más sentarse en su despacho de la Dirección General de Arquitectura, Rafael de la Hoz Arderius puso en marcha uno de los proyectos más sorprendentes de la historia del patrimonio histórico español. El arquitecto madrileño, afincado en Córdoba, soñaba con devolver la gran Mezquita de Al Andalus al estado original en que había sido concebida. El reto era colosal. Estratosférico. Y requería una operación de cirugía arquitectónica sin precedentes. Lo que el insigne experto proponía era desmontar piedra por piedra la Catedral cristiana que fue incrustada en el corazón de la Mezquita en el siglo XVI.
Para su insólito desafío contaba con el apoyo de piezas claves en la maquinaria administrativa del Estado franquista. Primero, el Ayuntamiento de Córdoba. Después, el director de la Real Academia de la ciudad. Y, finalmente, el arquitecto conservador del universal monumento. Pero, sobre todo, el excelentísimo jefe del Estado. De la Hoz era consciente de las enormes dificultades que afrontaba el proyecto. No solo desafíos técnicos mayúsculos. También una resistencia tenaz en el seno de la administración, que podría dar al traste con un plan extremadamente aventurado. Y, en efecto, eso fue lo que pasó. En abril de 1973, hace medio siglo, una reunión extraordinaria de Icomos en Córdoba, que congregó a expertos de medio mundo, acabó por dar la puntilla a una iniciativa audaz y controvertida.
Pero vayamos al principio. La de Rafael de la Hoz no fue la primera idea conocida para extraer la Catedral del interior de la Mezquita de Córdoba. Ya en el año 1931 los parlamentarios Luis Codina y Manuel Padrós propusieron al Ministerio de Instrucción Pública desmontar el templo católico, que quebró en 1523 la coherencia espacial del oratorio islámico. “Que la Mezquita de Córdoba se traslade, con todo el cuidado necesario, para construir con sus elementos la Catedral reproduciendo exactamente la actual, y que se restaure la Mezquita, dejándola como en su forma primitiva, que podría quedar convertida en museo y, posiblemente, abierta al culto musulmán”, rezaba la iniciativa presentada ante la Comisión de Peticiones.
La actitud del Cabildo es de positiva colaboración en todo lo que sea la mejora artística», asegura por carta la Iglesia a De la Hoz en relación a la gran reforma de la Mezquita Catedral
Meses después, el 8 de noviembre del mismo año, otra propuesta es presentada ante las Cortes. Es mucho menos ambiciosa. No propone el traslado de la Catedral sino la conversión al culto islámico. Y es formulada por el diputado melillense Antonio Acuña Carballar. Casi cinco años después será ya un parlamentario cordobés, el historiador Antonio Jaén Morente, quien lanzara una nueva iniciativa en el Congreso de los Diputados. No sugiere ni desmantelar la Catedral ni convertirla al culto islámico. Lo que el diputado andaluz plantea es transformar la Mezquita de Córdoba en un “gran museo-biblioteca islámico hispana del mundo”. La iniciativa la dirige al ministro de Cultura y dice así: “No intentamos quitar de la iglesia cordobesa ni una cruz ni un altar, sino que se quede como ejemplo y como manifestación de dos magníficas civilizaciones que durante siglos y siglos han convivido, han luchado y han contribuido a formar la historia de una gran ciudad”.
Las tres propuestas anteriores se presentan formalmente en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. No se dirigen al Cabildo catedralicio, el órgano eclesiástico que administra la liturgia de la Catedral de Córdoba. Y el dato no es menor. Nos da pistas muy evidentes sobre el estatus jurídico y administrativo que un Monumento Nacional como la Mezquita de Córdoba tenía hace apenas ochenta años.
Pero sigamos. La siguiente parada de nuestro relato tiene lugar el 4 de noviembre de 1971. España es un régimen nacionalcatólico dirigido con puño de hierro por un militar beato llamado Francisco Franco. Y es su firma la que figura en el BOE del nombramiento como director general de Arquitectura de uno de los más acreditados profesionales del momento. Rafael de la Hoz tenía una idea entre ceja y ceja. Tanto que nada más tomar posesión de su cargo, coge el teléfono y se pone en contacto con el delegado provincial de la Vivienda en Córdoba para que realice discretas gestiones entre la jerarquía católica local.
El 17 de noviembre, solo 13 días después del nombramiento, ya recibe un oficio del delegado provincial. Juan J. De Rueda Serrano le informa de una larga reunión con un sacerdote “muy afecto a Palacio” y “vinculado a la administración de los bienes del Obispado”. El cura es cristalino: “El Cabildo Catedral no haría ascos al cierre del culto, siempre que ello no mermara sus ingresos”. Es evidente que el director general de Arquitectura ya tiene bien avanzado su plan y quiere pulsar la opinión de la Iglesia cordobesa. Pero hay más. Rafael de la Hoz baraja una sede alternativa para la Catedral una vez que empiecen los trabajos de desmantelamiento. ¿Qué sede? La Iglesia de San Pablo, ubicada en Capitulares, justo en frente del Ayuntamiento.
Así se lo transmite Rueda Serrano a su interlocutor, el sacerdote cercano al Obispado. La propuesta, sin embargo, afronta serios problemas. “No podría pensarse en San Pablo como sede de una futura Catedral, porque esta iglesia está cedida a los Misioneros del Corazón de María en usufructo a perpetuidad”, le dice el cura al representante gubernamental. Y, a cambio, el sacerdote le propone un nuevo emplazamiento: la Iglesia de la Compañía. La reunión con el clérigo revela que el director de Arquitectura planeaba no únicamente sacar la Catedral del edificio. También quería retirar las capillas adosadas a la fachada del Patio de los Naranjos para recuperar la luz horizontal que define a la Mezquita originaria. Y dice el delegado al respecto: “No solo le pareció bien, sino necesario, dada la escasa entidad artística de que están dotadas”.
El problema depende de tres entidades: el Ayuntamiento de la ciudad (el pueblo), el Gobierno de Madrid (el centralismo) y el obispo de la ciudad (la Iglesia). Todos están conformes”, asegura por escrito De la Hoz en 1971
El tanteo inicial con un sacerdote de confianza del Obispado da sus frutos. Meses después, el director general de Arquitectura se reúne personalmente con el obispo de la Diócesis, José María Cirarda. De la reunión tenemos noticia por una carta enviada el 26 de julio de 1972 por el secretario del Cabildo catedralicio a Rafael de la Hoz, conservada hoy en el archivo familiar. “Sobre las reformas proyectadas en la Santa Iglesia Catedral se estimó conveniente formar una comisión especial para que en la realización del proyecto estuviera en contacto directo con la dirección general que usted preside”, señala la misiva. Y añade: “La actitud del Cabildo es de positiva colaboración en todo lo que sea la mejora artística” del Monumento Nacional.
Parece evidente que se trata de un proyecto estatal, que cuenta con las bendiciones de Franco, y cuyo desarrollo técnico y administrativo se materializa de forma exclusiva en el seno de la estructura ministerial. La Iglesia católica es informada. Punto. No toma decisiones ni parece oponer resistencia. Podríamos decir que es un brazo administrativo de un Estado confesional con ocho siglos de existencia. Su misión es guiar las almas y gestionar la liturgia. Lo demás es competencia del Gobierno. También la custodia, administración y dominio sobre un monumento excepcional llamado Mezquita de Córdoba.
De la Hoz está convencido de la misión histórica que le ha tocado. Como alto cargo del Gobierno español, se propone desmontar los aditamentos católicos del edifico más trascendental de la arquitectura islámica del medievo europeo. Y es absolutamente consciente del complejo puzzle que tiene que armar para alcanzar sus objetivos. Otro documento del archivo familiar lo explica con exactitud: “La Catedral no es una expresión de la época sino un error de la época que no ha prescrito. El problema depende de tres entidades: el Ayuntamiento de la ciudad (el pueblo), el Gobierno de Madrid (el centralismo) y el obispo de la ciudad (la Iglesia). Todos están conformes”.
El alcalde Antonio Alarcón anuncia en un pleno del 17 de julio de 1972 su adhesión al plan del Gobierno para «devolver la Mezquita a su pureza»
Así lo revela literalmente De la Hoz. Todas las autoridades, incluida la jerarquía católica, han dado su aprobación a una operación singularmente complicada, asegura el director general de Arquitectura. Y él es la palanca que mueve las piezas. Aunque hay un factor nuevo, que acaba de incorporarse al tablero. “Hoy aparece un cuarto elemento, que es la opinión mundial o la Unesco. Se propone a la Unesco, primero, declarar la Mezquita Monumento Internacional, dado que es el mayor recinto árabe, único en composición y el mayor templo de Europa; segundo, la Unesco recomienda a las autoridades españolas la restauración total del espacio mágico original de la Mezquita”.
Todo cuadra en la cabeza del arquitecto cordobés. Por el momento. Lo primero es implicar a la Unesco y otorgar a la Mezquita la mayor consideración patrimonial del planeta. Lo segundo, convencer al organismo internacional de la importancia decisiva de recuperar su “pureza” originaria. A mediados de 1972, el Ayuntamiento de Córdoba organiza un acto en la Sala de los Mosaicos del Alcázar. El director de Arquitectura da un paso al frente y presenta públicamente, por primera vez, su gran proyecto de “purificación” de la Mezquita de Córdoba. En la sala, está presente el alcalde, Antonio Alarcón; el conservador del monumento, Félix Hernández; y numerosos miembros de la Real Academia de Córdoba, entre ellos, Rafael Castejón, uno de sus máximos apoyos, según recuerda el arquitecto Sebastián Herrero en su tesis doctoral, publicada en 2015.
De la Hoz toma la palabra. Hay una gran expectación en el solemne recinto. Y, en medio de un pulcro silencio, desgrana su plan para abrir los arcos del Patio de los Naranjos y trasladar piedra por piedra la Catedral fuera de la Mezquita de Córdoba. “La sorpresa fue general”, asegura Sebastián Herrero, arquitecto ayudante durante años de los conservadores del monumento, Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz Cabrero. Un arquitecto ayudante, por cierto, recientemente apartado de las labores de protección del monumento por razones que no han trascendido.
Una carta de la Real Academia de Bellas Artes a Félix Hernández califica de «verdadero desatino» sacar la Catedral de la Mezquita
El director general de Arquitectura tiene aliados poderosos para ejecutar su plan. El más importante de todos ellos es el mismísimo Franco. Pero no solo. Cuenta con otro socio capital. El Ayuntamiento de Córdoba. El 17 de marzo de 1972, Antonio Alarcón convoca un pleno municipal. El regidor anuncia que va a presentar la Mezquita de Córdoba como candidata a Monumento Internacional de la Unesco. “Dadas las características de nuestra Mezquita”, recogen las actas consistoriales, “el alcalde que suscribe tiene el honor de proponer que se acuerde elevar petición” al organismo internacional. Y para ello designa una comisión especial al objeto de elaborar un informe que justifique la excepcionalidad de esta “joya única del arte árabe” y el “edificio más trascendental entre todos los españoles”.
Llama la atención dos hechos notorios. El primero es que es el Ayuntamiento, y no la Iglesia, quien pone en marcha y lidera todo el procedimiento administrativo. Nada indica que estemos ante un edificio privado. El alcalde habla en nombre de Córdoba en relación a “nuestra Mezquita”. Y, en segundo lugar, destaca sus valores patrimoniales como “joya única del arte árabe”, lo que hoy, 50 años después, sería considerado como una herejía merecedora de la excomunión.
Un nuevo pleno tiene lugar el 31 de julio de 1972. Y el alcalde se muestra ya explícito y sin circunloquios. “La excelentísima Corporación municipal ha mantenido a través de la historia y con respecto a la Mezquita como singular monumento arquitectónico del mundo, una postura contraria a aquellas obras que intentaban atentar contra la integridad del monumento artístico”. Alarcón, un alcalde franquista de un Estado nacionalcatólico, reprocha a la Iglesia haber desfigurado gravemente un edificio único.
Y se proclama heredero del legado de Luis de la Cerda, el corregidor municipal que en 1523 se enfrentó al obispo Alonso Manrique para evitar que demoliera las naves centrales de la Mezquita en su obsesión por levantar una Catedral católica en su corazón. “En el transcurso del tiempo ha sido inalterable la postura del Cabildo municipal de Córdoba en cuanto a la intangibilidad de la Mezquita como monumento artístico”, proclama Alarcón, en una alocución histórica que hoy sería impensable escuchar en nuestros munícipes.
El proyecto estatal para separar la Catedral de la Mezquita se desvanece y la reunión internacional de Icomos en abril de 1973 certifica el abandono de la propuesta
El alcalde atribuye al Ayuntamiento un papel clave como custodio de la Mezquita de Córdoba, por encima de la arbitrariedad de los obispos y las profundas alteraciones que han provocado en el monumento a través de los siglos. Si la Catedral se construyó en el eje del oratorio omeya en el siglo XVI, argumenta Alarcón, fue “como consecuencia de la orden real como superior decisión de la Administración Central”. Más claro agua. La Mezquita de Córdoba, sostiene el alcalde franquista, es un edificio público cuyo soberano y último responsable es el Estado.
Fue entonces cuando Alarcón anuncia su apoyo al plan de desmontaje de la Catedral, en coordinación con Rafael de la Hoz, y convoca en octubre de 1972 una reunión de la organización internacional asesora de la Unesco en Córdoba “al objeto de llevar a cabo sobre el terreno todos los estudios encaminados a la conservación en toda su pureza de la Mezquita como monumento internacional”. Eran, desde luego, otros tiempos. Las autoridades se empeñaban tenazmente en la defensa de los valores islámicos del monumento y estaban dispuestas a extirpar la prótesis católica. Todo lo contrario de lo que sucede en estos días.
El acta municipal da cuenta de las gestiones que el propio alcalde ya ha formalizado con algunos jefes de Gobierno árabes, que muestran su apoyo para que la Mezquita “vuelva en lo posible a su primitivo estado”. Y desvela que Franco le pidió personalmente en una de sus recientes visitas a Córdoba que “se prestase [a la Mezquita Catedral] la atención máxima en su conservación como monumento único”.
Todas las piezas parecían estar encajando. Todas no. Una voz discordante comienza a poner reparos en el plan del director general. Y no era una voz cualquiera. Nada menos que la Real Academia de Bellas Artes. Su secretario general, Federico Sopeña, se dirige por carta a Félix Hernández el 10 de octubre de 1972. Su tono es desabrido. Hostil. Y en la misiva califica de “verdadero desatino” el proyecto de desmantelamiento de la Catedral. No es una carta personal. Es un oficio institucional. La opinión formal de una institución prestigiosa como la Real Academia de Bellas Artes. Y lo que es peor. Le afea duramente que, ante un proyecto transformador de esta envergadura, la institución cultural no haya sido informada.
El clima se enturbia drásticamente. La Real Academia de Bellas Artes entra en acción y exige, con cajas destempladas, ser consultada antes de que se mueva una sola piedra de la gran joya andalusí de Al Andalus. Una nueva carta del académico Camón Aznar llega a manos de Félix Hernández ocho días después. En ella revela que acaba de contactar con Rafael de la Hoz y advierte que “las tareas de esa dirección general en relación a la Mezquita de Córdoba, se limitan al estudio y documentación gráfica, sin que ello lleve anejo el propósito de traslado o desaparición de arte cristiano, que actualmente figura en esa Mezquita”. Cualquier obra de restauración o alteración del edificio, agrega Camón Aznar, “se consultaría previamente con las academias de Bellas Artes y de la Historia”.
Una realidad parece incuestionable. El futuro de la Mezquita de Córdoba se dirime en sede ministerial. El papel de la Iglesia católica es, a todas luces, subsidiario. Y, en el mejor de los casos, consultivo. Quien toma las decisiones es el Estado. Y, si finalmente se desacraliza el edificio y se extrae la Catedral de su interior, no parece razonable que la Mezquita de Córdoba, ya devuelta a su estado primitivo, pueda convertirse en un monumento privado en manos de la jerarquía católica.
Pero esa opción empieza a desvanecerse como un castillo de naipes. La tensión se eleva por momentos. Tanto que la reunión de Icomos prevista para octubre en Córdoba es suspendida. En los meses siguientes, el formidable proyecto que preveía separar la Mezquita y la Catedral como dos hermanos siameses encalla en los pasillos del Gobierno. Destacados expertos sostienen que desmontar el crucero católico es violentar la historia del monumento y traicionar su singular complejidad, mestiza y diversa.
La reunión de Icomos acaba celebrándose en abril de 1973. Para entonces, el audaz plan de Rafael de la Hoz es ya una quimera herida de muerte. Y el sueño de la “purificación” del oratorio omeya termina definitivamente archivado en un cajón del Ministerio como otra página más de un soberbio palimpsesto llamado Mezquita de Córdoba.
