Obispos y fieles deben recapacitar por las muchas razones que hay para pensar que con tales actuaciones están contribuyendo a reeditar páginas oscuras de la historia eclesiástica.
Estas palabras del Papa Juan Pablo II deberían hacer pensar a quienes se consideran sus más genuinos herederos y en la actualidad, bajo las bendiciones de Benedicto XVI, se dedican en España a convocar manifestaciones contra la política del gobierno socialista. Y deben hacerles reflexionar, no para inhibirse en el ejercicio de los derechos de libertad religiosa, libre expresión y manifestación que al amparo de la Constitución ponen en práctica, sino para recapacitar sobre lo que dicen y hacen en el ejercicio de esos derechos.
Obispos y fieles deben recapacitar por las muchas razones que hay para pensar que con tales actuaciones están contribuyendo a reeditar páginas oscuras de la historia eclesiástica. No pueden calificarse de otra manera páginas en las que no se trabaja a favor de la unidad de la familia de todos los que invocan a Dios como Padre, en las que se distorsionan los hechos para que parezcan lo que no son, en las que se usa el poder mediático y el apoyo de otros poderes de este mundo para imponer abusivamente a toda la sociedad una moralidad que, por recurrir a tales medios, ya deja de serlo. ¿No ha ocurrido todo eso cuando se ha dicho que la política socialista destruye a la familia, cuando se ha acusado al gobierno de fomentar un laicismo contrario a la religión, cuando se ha cuestionado la legitimidad de un parlamento democrático para legislar sobre educación para la ciudadanía y cuando, por otra parte, se sucumbe a la tentación del poder para presionar a los representantes de la ciudadanía y a un gobierno elegido democráticamente en un ejercicio de injustificable injerencia política? ¿Tan ciegos están tantos católicos y sus obispos que no reconocen el 'espíritu de la mentira'?
Es imposible no pensar que lo que pretende la Iglesia mediante la espectacularización masiva a la que recurre en sus manifestaciones públicas es en verdad la defensa de ciertos privilegios que ve peligrar y no la verdad de un mensaje que para su difusión requeriría otros medios más evangélicos. No disipa esa sospecha el que desde el episcopado se aluda a la defensa de la vida o de la familia tradicional como móviles de sus pronunciamientos. La vida, y la dignidad que debe acompañarla en el caso de los seres humanos, no se halla ni maltratada ni menospreciada en España, ni por su gobierno y el partido que lo ha apoyado, ni por la legalidad que nos hemos dado; y si en algún momento hay que volver a debatir sobre la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo habrá que hacerlo con rigor y seriedad, como reclama un tema que hay que abordar lejos de toda banalización, a la vez que buscando el máximo consenso desde el pluralismo ideológico presente en nuestra sociedad. En cuanto a la familia, no es creíble la acusación de que resulta socavada por la atención a diferentes modelos familiares o por la extensión de derechos civiles -como el de contraer matrimonio- a quienes carecían de ellos. Es el respeto que se debe a las personas y sus derechos lo que ha conducido a nuevas medidas en relación a las familias y solo quienes se aferran a un modelo de familia patriarcal y burgués, condenando a quienes optan por otro, son los que recusan tal profundización democrática en derechos por cierto, desde una nefasta confusión entre su moralidad y la legalidad, prescindiendo de que también ésta se basa en principios éticos que aspiran a ser suscritos por todos.
La cuestión, más allá de coyunturas, se nos presenta como déficit de una institución con resabios premodernos, incapaz de encontrar su sitio en una sociedad secularizada, pluralista y democrática. Y ello no tenía que ser necesariamente así, como mostró el Vaticano II cuando dispuso a la Iglesia católica para un reencuentro fructífero con la modernidad, con sus desarrollos científicos y con sus logros emancipadores. El cristianismo contemporáneo se reconcilió con la idea de que la separación entre Iglesia y Estado, desde el reconocimiento mutuo de la autonomía recíproca de ambas instituciones, era un principio necesario para la construcción coherente de un orden político democrático. En la apertura a tal principio de laicidad, que supone además la desacralización del poder y la asunción del mismo como principio de convivencia para una sociedad pluralista, el cristianismo aprende de la herencia de la modernidad, sin por ello renunciar a una recepción crítica de la misma, como todos debemos hacer. Es más, gracias a ese aprendizaje mediante el rodeo por la modernidad, el cristianismo se reencuentra con vectores que le fueron propios en su etapa fundacional y que se vieron desplazados por el peso de una institucionalización tan asfixiante que ahogó el carisma primitivo. Tales observaciones, que hasta el mismo filósofo Jürgen Habermas formuló en su conocido diálogo con el entonces cardenal Ratzinger, son las que nos permiten a muchos cristianos defender la laicidad asumiéndola abiertamente, no solo por razones éticas y motivos políticos, sino también en virtud de las propias convicciones religiosas. Por ello es pertinente hablar en tal caso de cristianos por la laicidad.
Pero hay más: el cristianismo como religión nació de la mano de la laicidad que desde su origen impulsó, si bien entonces no se formulaba con el lenguaje ético-político con que hoy lo hacemos. Aunque la historia de la Iglesia fuera por otros derroteros, confesionalistas y clericales, cabe parafrasear a Marx para decir de ella que «no lo supo, pero lo hizo». Se puede hablar, por tanto, de otro sentido, subyacente al anterior, de la expresión cristianos por la laicidad: no sólo hay cristianos que están por la laicidad -y deberían estarlo todos-, sino que además los cristianos lo son gracias a la laicidad, aunque históricamente se volvieran contra ella. El famoso dicho atribuido a Jesús conminando a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (cf. Mt 22,21; Mc 11, 17 y Lc 20, 25) es punto de arranque de una religión laica que, entre el legado profético de la desacralización del poder y la posterior elaboración paulina de la obediencia a la legítima autoridad política, sitúa lo religioso en una órbita que no es ni la de la sumisión al poder ni la de su manipulación desde ilegítimas intromisiones en su campo. Eso quiere decir en la actualidad que la Iglesia ha de ubicarse en el lugar cívico que le corresponde, para desde él ofrecer en el debate público su palabra sobre cuestiones de justicia, como otras entidades de la sociedad civil, a la vez que sus miembros se comprometen como ciudadanos en el ámbito político desde el que se organiza la convivencia y se transforma la realidad. Con una Iglesia así el Estado podrá colaborar lealmente a tenor de una laicidad positiva respetuosa con las religiones y su pluralidad. Sobran en tal caso acuerdos destinados a mantener privilegios eclesiásticos sorteando lo que exige el principio de justicia que debe inspirar cualquier ordenamiento democrático. Encastillarse en el integrismo para lanzar condenas urbi et orbe es una de esas cosas que algún día -como dice uno de los personajes de Delibes- «serán consideradas como un atropello contra la libertad que Cristo nos trajo».
