La ampliación de la despenalización del aborto es un derecho que está recorriendo un virtuoso camino en nuestro país. Los derechos personalísimos y los derechos de conciencia ocupan espacios cada vez más importantes en nuestras vidas cotidianas.
Un gobierno democrático radical allá por los 20 del siglo XX dio un primer paso al permitir el aborto ante ciertas circunstancias muy restringidas. Un gobierno democrático peronista hacia mediados de los 50 abrió el paso al divorcio. Las dictaduras cívico-militares-religiosas que asolaron nuestro país desde el 30 hasta el 83 eliminaron e impidieron el reconocimiento de esos derechos al mismo tiempo que toleraron que aquellos que tenían dinero y poder pudieran hacerlo dentro y fuera del estado-nación. Se instaló una hipocresía que continua hasta nuestros días. Las mujeres que se mueren por abortos clandestinos son en su gran mayoría pobres y sin capitales sociales ni culturales.
La democratización iniciada en 1983 quebró las compuertas sobre estos derechos negados. El gobierno radical de Alfonsín impulsó nuevamente la ley de divorcio vincular; el gobierno peronista de los Kirchner amplió derechos de género y el matrimonio igualitario.
El avance del movimiento feminista en nuevos y amplios sectores sociales continúa la deslegitimación de la sociedad patriarcal. El derecho de las mujeres a decidir cuándo, cuántos y porqué tener hijos se va convirtiendo en el reconocimiento de nuevos derechos reproductivos, donde el aborto legal, seguro y gratuito es uno de esos ejes principales.
Varias veces en este debate que es político, sanitario, social, cultural y sobre el tipo de estado laico que deseamos, se invocan creencias religiosas, mostrando, una vez más, el vínculo de las mismas con la vida cotidiana de una sociedad. Debe quedar claro que no es lo mismo reflexionar sobre la religión de los creyentes que sobre normas de las instituciones religiosas.
La única encuesta científica sobre estos temas realizada por el CEIL/CONICET hace ya 10 años -que puede ser consultada en www.ceil-conicet.gov.ar- (y que importante sería replicar nuevamente) nos mostró que “el 63.9% de la población expresa estar de acuerdo con el aborto en ciertas circunstancias. Se destaca el hecho de que el 68,6% de los católicos y el 45% de los evangélicos opine en igual sentido, evidenciando un estado de creencia religiosa, sin pertenencia ni identificación con las normas que las instituciones proclaman.” (Atlas de las creencias religiosas, Biblos, 2013).
Es razonable que sean respetadas las normas religiosas por los propios creyentes. Lo que no se puede aceptar es que las normas de tal o cual institución sean las leyes de una sociedad democrática. Y esta decisión la deben tomar los legisladores que el conjunto de la ciudadanía ha votado.
Cuando discutamos cómo ampliar el derecho a la despenalización del aborto en esta nueva oportunidad que la democracia nos brinda en el Congreso de la Nación, nuestros parlamentarios no podrán decir que lo hacen en nombre de los creyentes. Lo que voten será su propia decisión y la deberán explicar al conjunto de la sociedad.
