Proyecto de ley pretende que el Estado financie a todas las religiones. Esperan sea aprobado que el país deje de ser un estado confesional católico.
El bloque de diputados evangélicos de Costa Rica pretende un Estado que no tenga religión oficial, pero sin sacar a Dios del medio.
Gonzalo Ramírez, quien forma parte de este grupo de legisladores cristianos, dice que su objetivo es la votación de un plan de ley de igualdad religiosa, que garantizaría una serie de derechos a todos los grupos e iglesias en el país.
“Nosotros estamos en contra del Estado laico, cuando hablamos del laicicismo. El Estado laico, a nosotros, nos beneficiaría, pero el sacar a Dios de cualquier lugar es lo que no queremos”, dijo Ramírez.
Este bloque evangélico está a la espera de la aprobación del proyecto número 19.099 para que Costa Rica deje ser un Estado confesional católico. El Poder Ejecutivo lo envió al Congreso como una de sus prioridades para el periodo de sesiones extraordinarias de agosto de este año.
El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, compartió esta misma visión cuando inició su administración en la nación, dijo que quería un “Estado laico”, “pero con Dios”. El anhelo de los evangélicos es una Costa Rica sin religión oficial, para así abrir paso a la libertad religiosa, pero sin que Dios deje de estar presente.
El plan de ley establece que el Gobierno debe generar una nueva estructura burocrática, que se ocupe de asuntos religiosos desde el Ministerio de Justicia. La intención es crear una dirección general de asuntos religiosos, que contaría con un registro de iglesias y se obligaría al Gobierno a facilitar el funcionamiento de los centros de oración.
Además, se garantiza la enseñanza de religiones, sin especificar si los centros educativos del Estado deben sufragar la inversión en nuevos profesores y materiales. Los juramentos para nombrar funcionarios de Estado también quedarían a la libre y, cada cual, juraría por el Dios en el que cree.
Por otra parte, dispone que los templos con más de 10 años de funcionar tendrían permisos de Salud automáticamente, salvo que existan riesgos para la seguridad en la edificación.
En relación a esto, este mismo bloque logró que el Ministerio de la Presidencia aprobara reactivar una comisión que permitirá evaluar los permisos de operación de las iglesias evangélicas tras el aviso de que se podría dar un cierre masivo de templos protestantes por no cumplir con la normativa del Ministerio de Salud.
Unas 2.500 iglesias están afiliadas a la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) y se supone que de estas, solo 1.000 cumplen con los permisos del Ministerio de Salud para operar. Es decir, al menos 1.500 templos protestantes están sin autorización de funcionar.
La función principal de este foro sería evaluar las acciones de las regionales de Salud en el otorgamiento de los permisos sanitarios a este tipo de centros religiosos.
Por lo cual, los legisladores evangélicos esperan poder votar el plan de una Costa Rica sin religión oficial, antes de que se modifique la Constitución Política para eliminar la fórmula de Estado confesional vigente. (cbn.com).
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Ley abre portillo a Estado Laico
Diego Marín Alfaro / Paula Ruiz Guevara
El vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, presbítero Javier Román Arias, confirmó que, ayer lunes, recibieron una solicitud de pronunciamiento por parte de la comisión legislativa que estudia el expediente 19.099, Ley para la Libertad Religiosa y de Culto.
Los Obispos del país aún no emitirán criterio y la Conferencia Episcopal estudiará el documento antes de definir una posición oficial, la cual deben emitir en un plazo de 8 días.
La lista de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, de cara a las sesiones extraordinarias que empezaron el 1 de agosto, incluye el proyecto con el cual se quiere reformar el artículo 75 de la Constitución Política, para que ya no se contemple a la religión católica como oficial en el Estado y el artículo 194 para que los funcionarios públicos puedan escoger si jurar por Dios o por sus creencias particulares.
Calderón no, Arias sí
Rafael Ángel Calderón Fournier señaló que no existe necesidad de modificar algo que no ha hecho ningún daño al país.
“Personalmente, creo que la inmensa mayoría del pueblo de Costa Rica es católico. En lo personal no cambiaría nada. Me parece que hay respeto absoluto para todos los credos que, por supuesto, debe mantenerse. Eso no ha sido obstáculo para que la religión del Estado sea la católica”, sostuvo el Exmandatario de Costa Rica (1990-1994).
Por otra parte, Óscar Arias Sánchez declaró estar de acuerdo con el fondo de la reforma. Sostiene que le parece conveniente y dijo ser respetuoso del carácter de urgencia que le impregna el Ejecutivo al proyecto.
“Las prioridades en sesiones extraordinarias las dicta el Poder Ejecutivo. Yo respeto lo que ellos envíen”, apuntó el exgobernante.
Arias considera que un posible paso de Costa Rica hacia el Estado Laico no tiene por qué afectar las relaciones con el Vaticano, pues igual existen muchos otros países cuya normativa establece un Estado no confesional de la religión católica como oficial y no hay conflicto entre ellos.
Opiniones divididas
Para la socióloga Monserrat Sagot, esta ley deja abierta la posibilidad para que el Estado otorgue dinero a las Iglesias sin importar la religión, además, estas no tendrían que pagar impuestos.
Otra de las preocupaciones de la especialista es el artículo que se refiere al derecho a evangelizar, porque podría hacerse por cualquier medio y motivo.
“Eso significa que un maestro o maestra evangélica tendría todo el derecho de convertir sus clases en un culto. No tendría por qué respetar programas del Ministerio de Educación, porque el derecho a evangelizar está establecido”, resaltó Sagot.
En cuanto al Estado Laico, opinó que esta iniciativa de ley descarta la posibilidad o avance del tema, pues si se llegara a modificar la Constitución Política, ya anteriormente se habría aprobado una ley que permite la libertad de evangelizar, giro de recursos económicos y no tributación.
El diputado cristiano Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, defendió que no se busca un beneficio económico por parte del Estado, sino que más bien una igualdad de derechos y el establecimiento de una legislación para las Iglesias evangélicas, pues en la actualidad no existe.
“Eso no es verdad, primero debería de leerse el proyecto de ley y luego hablar. Eso no es lo que se está pidiendo. Se está pidiendo que, si hay alguna asociación cristiana que califica, se le pueda otorgar el beneficio que hoy tiene cualquier tipo de asociación”, defendió Ramírez.
Asimismo, con la aprobación del expediente 19.099, Ramírez asegura que se evitará el cierre de iglesias por parte del Ministerio de Salud, institución que hoy se fía en un reglamento.
“Buscamos una igualdad real con este proyecto de ley y que no sigan discriminando a la minoría evangélica de este país”, argumentó el legislador.
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Proyecto de ley pretende que el Estado financie a todas las religiones
Elvis Martínez. El Proyecto de Ley para Libertad Religiosa y de Culto (Expediente 19.099) presentado por el ex diputado Carlos Avendaño del Partido Restauración Nacional y convocado por el Gobierno de Solís, pretende, entre otras cosas, que el Estado costarricense financie a todas las religiones.
El proyecto pretende establecer una definición jurídica para las Iglesias no católicas y delimitar los derechos y deberes de luteranos y evangélicos y otras denominaciones cristianas.
“El Estado costarricense, tanto en el plano nacional como local, deberá garantizar la protección de las personas, así como de las organizaciones religiosas, en sus creencias y manifestaciones de culto público y facilitará la participación de ambas en la consecución de sus objetivos y del bien común. Así mismo será obligación del Estado facilitar todas las medidas y permisos necesarios para que las organizaciones religiosas lleven a cabo actividades de caracter social y cultural”, señala el proyecto de ley.
El proyecto además pretende garantizar el derecho de información doctrinal, pese a que en el país existe libertad de culto.
“Toda persona tiene derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa, desde su propia confesión religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento idóneo”, indica el proyecto.
El proyecto de ley forma parte de un paquete de 70 iniciativas de leyes convocadas por el Ejecutivo para el primer período de Sesiones Extraordinarias que inicia este 4 de agosto.
La iniciativa de ley busca que el Estado cree una nueva estructura gubernamental desde el Ministerio de Justicia que se ocupe de los asuntos religiosos ( Dirección General de Asuntos Religiosos) y obligaría al Gobierno a financiar y facilitar el funcionamiento de los centros de oración y la enseñanza de la religión en los centros educativos. Por otro lado, propone renovar automáticamente los permisos de salud a los templos con más de 10 años de funcionamiento.
Los legisladores Gonzalo Ramírez y Abelino Rodríguez, de Renovación Costarricense; Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana, y Oscar López de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), son las piezas que componen el bloque evangélico y han anunciado que cuentan con suficiente fuerza para que el proyecto avance. Su prioridad es votar el proyecto antes de modificar la Constitución Política.
Sin embargo, Jorge Revollo, director de Culto de la Cancillería aseguró este lunes que cualquier reforma sobre la libertad religiosa en Costa Rica debe de empezar por la reformar el artículo 75 de la Constitución Política, que establece que “la Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado”.
“Antes de aprobarse el proyecto de Ley de Libertad Religiosa y de Culto que el Gobierno impulsa en el Congreso, el país debe de dar un viraje hacia un Estado laico”, manifestó Revollo.
Por su parte el Poder Ejecutivo ha reiterado que busca igualdad religiosa. En abril el Presidente Luis Guillermo Solís manifestó que la prioridad de su gobierno era impulsar un Estado Laico.
Sin embargo, los diputados evangélicos sostienen que la propuesta de Estado Laico pretende “sacar a Dios de cualquier lugar”.
“Lo que se ha propuesto hasta ahora como Estado laico es un Estado ateo, donde se saque a Dios de todo, donde los diferentes credos no puedan hacer uso de bienes públicos del Estado. Así no se puede concebir”, dijo el diputado Fabricio Alvarado este domingo en declaraciones al diario La Nación.
¿De estado Uni-confesional a uno Pluri-confesional financiado?
Costa Rica es el único Estado Confesional en América Latina, ello se traduce en la obligación constitucional de brindar una serie de privilegios y exenciones a la Iglesia Católica. Es decir, el Ejecutivo transfiere parte de su presupuesto gubernamental hacia las arcas de la Iglesia Católica, amparado en el artículo 75 de la Constitución Política.
Por ejemplo, datos de Presupuestos Nacionales de 2007 hasta 2014 indican que durante la Administración Arias se transfirieron en total ¢386,6 millones a la Iglesia Católica, mientras que durante el Gobierno de Chinchilla, quien desde su primer año de mandato fue nombrada “hija predilecta de la Virgen María”, otorgó ¢940 millones a las temporalidades de esta denominación religiosa, es decir un incremento del 143%.
Al financiamiento directo vía Presupuesto Nacional, se suman los subsidios a los colegios católicos, el dinero que les giran instituciones del Estado para que administren proyectos de ayuda social, el dinero que invierte el Ministerio de Cultura en la restauración de templos, y la exención del pago de vienen inmuebles.
Por ello, desde hace años se ha propuesto impulsar el Estado Laico, sin avances concretos.
El Proyecto de Ley para Libertad Religiosa y de Culto llega en momentos en que el Poder Ejecutivo negocia con el Vaticano un acuerdo (Concordato) con el cual se garantizaría que Costa Rica deje de ser un Estado confesional católico.
El Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, durante una mesa de diálogo con el bloque de diputados evangélicos.
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