Los diputados de Costa Rica tienen en manos un proyecto de reforma constitucional que podría dejar a la Iglesia Católica sin su último Estado confesional en América Latina. El plan para convertir este pequeño país centroamericano en un Estado laico ha encendido un intenso debate político que motivó incluso a un prominente obispo a pedir a los feligreses no votar en febrero próximo por "candidatos presidenciales que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, contra el matrimonio y contra la familia".
El texto, redactado por un grupo civil llamado Movimiento por un Estado Laico, entró hace dos semanas a la corriente legislativa y, aunque ninguna reforma constitucional en Costa Rica puede tardar menos de un año en aprobarse, ya se convirtió en tema de la campaña electoral. La modificación al artículo 75 de la Constitución Política, que cumple seis décadas este año, recoge el respaldo de congresistas de casi todos los partidos políticos representados en Congreso y del presidente Óscar Arias, cuya posición terminó de preocupar a las autoridades católicas costarricenses.
Varios púlpitos han servido ya para intensificar la lucha eclesiástica en el ámbito político, siguiendo los pasos del obispo de Cartago (centro del país), sede de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. El prelado Francisco Ulloa advirtió que "cuando un Estado se vuelve ateo, es capaz de cometer las peores injusticias y las más bajas aberraciones. De esto es testigo la historia". A su lado estaba el representante de El Vaticano, Pierre Nguyén Van Tot.
