Costa Rica llega este domingo a las elecciones nacionales más confusas del siglo con un solo pronóstico claro: es muy probable que el debate entre los partidos políticos debilitados, en medio de la inquietud por una crisis fiscal y la exacerbación máxima del conservadurismo cristiano, se prolongue a una segunda vuelta.
Tras cuatro meses de campaña, calificada por los estudiosos como una montaña rusa, la democracia más longeva de América Latina acude a la cita con las urnas con enormes dudas sobre las posibilidades de triunfo de cinco candidatos presidenciales y sobre los ocupantes de los 57 escaños legislativos que están en juego para el período 2018-2022.
El voto estará marcado por la exacerbación del sentimiento religioso y, aunque con menos peso en la campaña, por la asfixiante situación financiera del Estado, que cada día se agrava sin que los partidos políticos logren encontrar acuerdos para aumentar los impuestos o recortar el gasto público. Todo, en medio de un cambio del terreno político que amenaza a los partidos tradicionales y potencia a los candidatos hábiles en captar a un sector popular que simpatiza con las actitudes conservadoras, antipartidistas y de mano dura.
Las encuestas apuntan a una aparente ventaja del predicador evangélico Fabricio Alvarado, apoyado por las fuerzas del cristianismo más conservador, y del empresario del partido más tradicional (Liberación Nacional, PLN), Antonio Álvarez Desanti, aunque en los últimos días se ha registrado un repunte en la intención de voto al joven candidato oficialista Carlos Alvarado. A ellos se suman Rodolfo Piza (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) y un abogado colmado de retórica autoritaria y antipolítica que se ha convertido en un protagonista de esta campaña: Juan Diego Castro.
Los analistas, sin embargo, evitan las apuestas. El dado seguía girando en la recta final de una campaña azarosa. Los indecisos abundaban en la semana final. Y la incertidumbre es inédita, señalan los expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR). Una semana antes de los comicios, uno de cada tres probables votantes estaba indeciso y el 60% de éstos había variado su intención de voto en el último mes, según concluyó un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) del citado centro universitario.
Este proceso electoral evidencia la pérdida de la credibilidad en los partidos políticos y, en particular, en el Gobierno de Luis Guillermo Solís. Pero también el fortalecimiento de la alianza cristiana entre las dinámicas iglesias evangélicas y la poderosa Iglesia católica. La emisión del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de enero, en favor del matrimonio igualitario ha exacerbado los ánimos y ha provocado un giro en el discurso de la mayoría de los candidatos, aunque el más favorecido ha sido Alvarado.
Con su repentino ascenso en las encuestas, Alvarado entró en una disputa hasta entonces dominada por la rivalidad añeja entre Juan Diego Castro y Álvarez Desanti, a pesar de que son 13 los candidatos presidenciales. La posibilidad de un triunfo consecutivo del Partido Acción Ciudadana (PAC) parecía lejana, pero Carlos Alvarado subió en la etapa final, en parte por ser el contrapeso progresista y por la costumbre de los electores ticos de tomar una decisión en la hora límite. También aparece con posibilidades Rodolfo Piza, una opción conservadora pero intermedia, aunque se pasó la campaña estancado con un 12% de intención de voto.
Ninguno de los partidos parece tener, ni de cerca, el 40% necesario para triunfar en primera vuelta. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene todo listo para el tercer balotaje en la historia de Costa Rica, una jornada prevista para el 1 de abril, el mismo domingo en que la iglesia católica celebra la culminación de su Semana Santa. “El contexto electoral nos pone el reto de llevar tranquilidad y claridad sobre el proceso; estamos listos para un resultado estrecho que puede volver más intenso el escrutinio entre dos o más aspirantes a pasar a esa segunda ronda”, ha dicho a EL PAÍS Gustavo Román, vocero del Tribunal.
Desde este jueves está prohibido emitir propaganda, hacer mítines o publicar encuestas. Sin embargo, los lamentos por la poca calidad de la oferta electoral siguen vivos en los medios de comunicación y en redes sociales. El canal evangélico Enlace transmitió este viernes una hora de oración con la presencia de seis de los 13 candidatos presidenciales, incluidos el predicador Alvarado, Antonio Álvarez y Rodolfo Piza. Juan Diego Castro estuvo ausente, aunque también ha invocado el discurso religioso. El oficialista Alvarado es el único que se ha mantenido al margen.
En esta semana se ha vuelto viral un vídeo de la esposa del candidato Fabricio Alvarado, Laura Moscoa, dando testimonio de una supuesta curación milagrosa y orando de manera tan intensa que “habla en lenguas” poseída por una fuerza divina, según sus creencias cristianas evangélicas.Estas imágenes se suman a la polarización en torno a la religión y el rechazo del sector más extremo en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo, de la educación sexual laica en las escuelas y de la aplicación de la ley de aborto terapéutico.
Ante la pérdida de relevancia de las simpatías partidarias, las creencias religiosas se han convertido en un criterio relevante para apoyar a un candidato o rechazarlo. Las denuncias ante el TSE por supuesta intromisión de las iglesias en el curso electoral se cuentan por decenas. Después de una multitudinaria marcha convocada en San José por los líderes católicos y evangélicos en diciembre, Fabricio Alvarado ha llamado a marchar de nuevo este domingo hacia las urnas.
La discusión electoral se da en los ámbitos privados y no se refleja en las calles de San José, donde todo transcurre con normalidad. El fervor partidario quedó en el pasado. Las banderas ya no están de moda.
“Yo voy a esperar a ver cuáles son los dos candidatos que pasan a segunda vuelta para votar. No logré decidirme. He visto debates y leído cosas, pero ya uno no se va de cabeza por un partido ni se cree las promesas. Ninguno le ha entrado de verdad al problema de este país: el peligro de una quiebra financiera”, decía Alberto Araya, un joven burócrata, en alusión a la crisis fiscal con un déficit superior al 6% del PIB. El Gobierno tiene que dedicar uno de cada tres colones de su presupuesto a los intereses y a la amortización de su deuda y ha fracasado en lograr con los diputados una solución que permita aumentar impuestos o reducir el gasto público.
Aunque el ritmo de exportaciones, la inflación y el crecimiento del PIB están mejor que los promedios de América Latina, el desbalance presupuestario enfrenta a Costa Rica a una presión que no vivía desde la crisis de 1982. El presidente que sustituya a Luis Guillermo Solís, el 8 de mayo, recibirá una brasa que arde desde hace diez años.
Cualquier solución fiscal, sin embargo, deberá pasar por una Asamblea Legislativa cuyos 57 escaños están en juego también en las elecciones de este domingo. La incertidumbre sobre la conformación parlamentaria es aún mayor que en el caso presidencial. Algunos analistas prevén una mayor fragmentación del poder legislativo y una mayor dificultad de acuerdos políticos que permitan equilibrar las finanzas y sostener el modelo de bienestar del que se ufanan los costarricenses.
