Córdoba Laica se unió ayer tarde a las más de 70 organizaciones que participaron en la campaña «Religión fuera de la escuela» y que, con motivo del debate de una nueva Ley educativa (la LOMLOE), se concentraron a las puertas del Congreso del los Diputados respetando todas las restricciones y recomendaciones sanitarias por la Covid-19. El motivo de la concentración fue, principalmente, para exigir que se potencie la Escuela Pública y Laica, lo que exige, según los organizadores del acto, que la enseñanza confesional de la Religión salga de la Escuela. Para que todo ello sea posible entienden que es imprescindible y urgente la denuncia y derogación de los Acuerdos de España con la Santa Sede. En el caso de Andalucía, Córdoba Laica lamenta que “los sucesivos gobiernos autonómicos no hayan apoyado decididamente la laicidad en la Enseñanza a pesar del mandato del Estatuto de Autonomía (art. 21.2): “La enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica.”
La Campaña unitaria apoyada por más de 70 organizaciones sociales, sindicales y políticas, viene de una continuación presión ejercida desde hace años, con recogida de decenas de miles de firmas y de apoyos sociales y políticos diversos. El 22 de febrero de 2018, en la Comisión de Educación del Congreso se aprobó una proposición no de ley, respaldada por diversos grupos parlamentarios, que instaba al Gobierno a:
- Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.
- Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.
Desde Córdoba Laica y el resto de colectivos convocantes, se exige que estos dos puntos aprobados en la proposición no de ley, y mientras se debate en estos días la reforma que lleve a la LOMLOE sean cumplidos en el presente mandato.
La urgencia de estas medidas estriba en la realidad de las actuales políticas educativas, que están provocando graves consecuencias que segregan a un alto porcentaje del alumnado, al aplicarse diferentes procesos de mercantilización y privatización, así como el doble grave perjuicio para el alumnado: por un lado, la segregación es por motivos ideológicos, desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios por la Infancia; y, por otro lado, la segregación es por motivos económicos y sociales, como consecuencia de un Sistema Educativo selectivo e injusto, y cada vez más elitista.
Por todo ello exigen que “en el debate en el Congreso de los Diputados de la nueva ley se potencie la red pública, la única que debe ser reconocida como servicio público, fundamental, para preservar el derecho a la educación de todos y todas, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo“.
