La ‘guerra de las inmatriculaciones’ eclesiásticas se recrudece en el incruento campo de batalla de las calles de Córdoba después de que el resultado de las últimas elecciones municipales hayan permitido a la izquierda recuperar el gobierno municipal. Además de su importancia política general, el cambio de gobierno tiene importancia ‘bélica’, ya que el anterior equipo del Partido Popular tendía más bien a alinearse con el ‘enemigo’, representado por el poderoso Cabildo de la Catedral.
El grupo de Ganemos Córdoba, que no está integrado en el gobierno municipal pero cuyos votos son decisivos para la estabilidad del gobierno de coalición de PSOE e IU, llevará una proposición al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba con la pretensión de que el Consistorio “solicite un listado de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica” en Córdoba.
Simultáneamente, la junta de gobierno local aprobaba ayer una moción por la cual se declaraban de titularidad pública los más de 2.000 metros cuadrados de la plaza del Pocito, uno de los inmuebles inmatriculados en su día por el Cabildo que para el Ayuntamiento son de propiedad inequívocamente municipal, es decir, del pueblo de Córdoba.
TODA UNA ‘DECLARACIÓN DE GUERRA’
La moción la promovía por el teniente de alcalde de Gestión, Emilio Aumente, dispuesto “a defender todo aquel espacio de sea público”. Junto a la también concejal Alba Doblas, de IU, Aumente augura una enconada judicialización del asunto, pese a considerar que “sería mucho más fácil para todos que hubiese voluntad para solucionar algo que es tan evidente”. El nuevo equipo consistorial, que encabeza la socialista Isabel Ambrosio, lo tiene claro: “Todo lo que sea público se inscribirá a nombre de este Ayuntamiento”. Una declaración de ‘guerra’ en toda regla.
Mientras tanto, el Cabildo ha venido mostrándose dispuesto a alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento, sí, pero “siempre que se preserve el carácter religioso del santuario y la capilla del Pocito, así como la legalidad de la inscripción registral”. La Iglesia sostiene que la plaza se asienta sobre unos terrenos inscritos en el catastro en el año 1754.
FRACASO DE LA VÍA JUDICIAL
Hasta ahora, la vía judicial no ha dado resultados favorables a los defensores del laicismo. El pasado 9 de junio un juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba acordaba el archivo de las denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre diferentes monumentos, al resolver que los hechos denunciados “carecen manifiestamente de contenido penal”, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está “amparada” por la Ley Hipotecaria.
La instrucción concluía que “todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad, contra los cuales caben interponer los recursos correspondientes tanto en vía administrativa como judicial”.
Al respecto, el auto recogía que “en ningún caso” se puede suponer la comisión de delitos penales por parte de las autoridades, funcionarios o la Diócesis de Córdoba, tras presentarse en este caso las denuncias contra el obispo, Demetrio Fernández, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, entre otros.
GANEMOS CÓRDOBA HACE MEMORIA
En un comunicado de ayer, Ganemos Córdoba recordaba que “en 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el registro de la propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública”.
Para aprovechar esta nueva norma, según recordaba Ganemos, “la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y el 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equipara a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al Registro de la Propiedad sin título, y el segundo equipara a los diocesanos con notarios, de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él diga”.
A través de este procedimiento, según ha criticado Ganemos, “se han inmatriculado, sin título de propiedad, miles de bienes en España que podrían ser públicos”, cuando, además, “debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad” y, por otro lado, “se han inmatriculado miles de bienes en manifiesto abuso de derecho y fraude de Ley, al no haber sido poseídos nunca por la Iglesia Católica e incluso no poder argumentar la coartada de su posible uso litúrgico, como solares, viviendas, caminos e incluso plazas públicas”.
La presión ciudadana y política, según subrayaba Ganemos, “ha desvelado numerosos escándalos, provocando la aprobación de la Ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado, pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica sin presentar título de propiedad”, de ahí que Ganemos quiera conocer cuáles son los bienes inmatriculados por la Iglesia en Córdoba, según recoge Europa Press.
