Se siguen violando los derechos humanos en Afganistán, en particular los de las mujeres, que sufren estrictos códigos de vestimenta y son excluidas de ciertos trabajos, mientras continúa la prohibición a su derecho a la educación superior y se le limita su libertad de movimiento.
Han pasado casi tres años desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán y los derechos de las mujeres siguen siendo objeto de ataques.
El jueves, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), Liz Throssell, reveló que en su último acto de desapoderamiento, las autoridades de facto han comunicado a las funcionarias que tienen prohibido trabajar no obstante sus cualificaciones o experiencia, y que a partir de ahora se les recortará el salario al nivel más bajo.
Los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán, en agosto de 2021, y rápidamente comenzaron a erosionar los derechos de las mujeres, incluyendo estrictos códigos de vestimenta, prohibiendo la educación superior para las niñas, excluyendo a las mujeres de ciertos trabajos, y más.
Según Throssell, las autoridades del país habían dicho a las mujeres que podrían volver a trabajar cuando se dieran “las condiciones necesarias”, pero las mujeres no han recibido ninguna información sobre cuándo podría ser eso.
Tres años después, no se han tomado medidas para que todas las funcionarias puedan volver al trabajo.
“Esta última decisión, discriminatoria y profundamente arbitraria, ahonda aún más la erosión de los derechos humanos en Afganistán, tras las decisiones de restringir el acceso de las mujeres y las niñas a la educación y el empleo, limitar su libertad de movimiento y restringir su presencia en los espacios públicos, afianzando de hecho la exclusión de las mujeres de la vida pública”, afirmó Throssell.
Tres mil millones de horas de aprendizaje perdidas
El jueves también se cumplen 1000 días desde que los talibanes prohibieron la educación de las niñas más allá del sexto grado, un “hito triste y aleccionador” según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Para 1,5 millones de niñas, esta exclusión sistemática no sólo constituye una flagrante violación de su derecho a la educación, sino que además se traduce en una disminución de sus oportunidades y en un deterioro de su salud mental”, afirmó en una declaración pública Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
Russell afirmó que la educación no sólo ofrece oportunidades, sino que “protege a las niñas de los matrimonios precoces, la malnutrición y otros problemas de salud, y refuerza su capacidad de resistencia ante desastres como las inundaciones, la sequía y los terremotos que asolan con frecuencia Afganistán”.
ONU Mujeres informó recientemente de que esta prohibición de la educación está relacionada con un aumento del 25% en las tasas de matrimonio infantil y del 45% en las tasas de maternidad precoz.
La cabeza de UNICEF afirmó que el organismo está trabajando intensamente para apoyar a todos los niños y niñas de Afganistán.
Poner fin a las violaciones de derechos
Mientras se siguen violando los derechos humanos en Afganistán, expertos independientes en derechos piden a los talibanes que proporcionen ayuda médica al ciudadano estadounidense Ryan Corbett, que se encuentra detenido.
Corbett fue detenido en 2022 cuando viajó a Afganistán para realizar labores humanitarias y ha permanecido cautivo desde entonces.
Su salud mental y física ha empeorado gravemente y Alice Jill Edwards, relatora especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, ha declarado que debe recibir tratamiento médico “en un hospital civil sin demora”, y que las condiciones de detención eran “totalmente inadecuadas y sustancialmente inferiores a las normas internacionales”.
Los relatores especiales y otros expertos en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU son independientes de cualquier gobierno, no reciben salario por su trabajo y prestan servicio a título individual.
