Mañana cumple 94 años nuestro máximo ordenamiento legal. De principio a fin, en su espíritu y en su letra, la Constitución es inequívocamente laica. La vida política del país, por lo tanto, discurre dentro de un complejo sistema de interacciones disímbolas, complementarias o contradictorias, caracterizadas por su estructura secular.
El concepto mexicano de laicidad se decantó de manera paulatina en el transcurso de unas décadas decisivas del siglo XIX, durante las cuales —no sin dolor y mucha sangre—, fuimos erigiéndonos en una nación moderna capaz de superar el viejo orden teocrático y adentrarse en los nuevos terrenos de la secularización progresiva en todos los ámbitos públicos: la política y la enseñanza, la salud y la investigación, el trabajo y la convivencia social.
Lo anterior, entre otras consideraciones, supone una ardua conquista histórica. Detrás de cada disposición constitucional habita una amarga experiencia vivida, un anhelo social largamente perseguido, una batalla ganada, un sueño colectivo, una reivindicación inaplazable.
Dentro de seis años, nuestra Constitución ajustará una centuria de plena vigencia. Eso no es poco si recordamos aquel entorno prevaleciente en nuestra América durante numerosas décadas del siglo XX caracterizadas por la inestabilidad política, la convulsión social, el estancamiento económico, las atroces dictaduras castrenses…
No sólo es laica nuestra Constitución. También es laicista: sus principales disposiciones, relacionadas con tan decisiva materia para la vida nacional (artículos 30, 40, 240, 400,1300), contienen fuerza jurídica sobrada para ahondar, embarnecer y expandir el carácter laico de toda la legislación. Y, de ese modo, ahondar, embarnecer y expandir las normas federales, locales y municipales impulsoras del imparable proceso democrático del país.
No puede ignorar lo anterior el Ejecutivo de Guanajuato, a quien la Secretaría de Gobernación —responsable del cumplimiento de la ley suprema y, en el caso concreto, de la de Asociaciones Religiosas y Culto Público— deja hacer y pasar, cómplice como es el señor Oliva de su correligionario titular de aquella dependencia.
Enseñoreado del PAN, El Yunque es una especie de Tea Party autóctono, movido, entre otros excesos inadmisibles en una democracia moderna, por la delirante manía de regresarnos al medievo: conspira la derecha con el objetivo de impartir educación religiosa en las escuelas públicas. Eso urde el Ejecutivo guanajuatense, vocero y coadjutor del obispo de León.
Hace un año los diputados decidieron, mediante una mayoría calificada holgadísima, enriquecer nuestro texto constitucional en la materia al insertar en su artículo 40 un elemento —su carácter laico— que complementa y vigoriza a nuestra República definida como representativa, democrática y federal. En virtud de esa reforma —cuya aprobación se encuentra actualmente en manos de los senadores— será descrita, también, por su carácter laico.
Demócrata y laica, como debe ser, la mayoría de los senadores no doblará las manos ante las presiones de la aviesa clerecía política. Honrará el Senado su alta investidura y aprobará sin dilaciones la reforma del artículo 40 constitucional. De esta forma conviene a la paz de la nación y al avance democrático de nuestro país.
Consejero político nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
