El Gobierno nicaragüense no da tregua a la Iglesia
La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina denunció este martes que el Gobierno de Nicaragua se apropió de un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, y ordenó la expulsión de las tres monjas que lo administraban
La semana pasada, el Gobierno intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata y también expulsó a tres monjas
La Policía de Nicaragua acusó el sábado pasado a la Iglesia católica nicaragüense de «lavar dinero» y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas
Asimismo investiga al sacerdote Jaime Montesinos y a otros dos sacerdotes por «asuntos administrativos» de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez