Un movimiento ultraconservador, apoyado por la iglesia católica y algunos partidos, bloquea el programa nacional de educación sexual. Solo en la región de Santa Fe se han detectado 1.000 casos de abusos y violencia en 2019 gracias a estos cursos
En Argentina, la frase “mis hijos son míos y no del Estado” –pronunciada estos días por Pablo Casado– se traduce en un “Con mis hijos no te metas”, el lema de un movimiento ultraconservador, con lazos políticos y eclesiásticos, que desde 2018 organiza marchas y campañas para rechazar la “ideología de género” en los colegios. Desde el año pasado, además, promueve un veto parental en las escuelas.
Quienes participan de esta entidad se oponen, básicamente, al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, una ley promulgada en 2006 que establece que “todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país”.
Por la presión de la Iglesia y por el conservadurismo de muchas administraciones provinciales, la ley, sin embargo, solo se aplica en muy pocas regiones. Santa Fe, un distrito con más de tres millones de habitantes (limítrofe con Buenos Aires), es una de las excepciones. Los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) se dictan en clases y en jornadas especiales. Las estadísticas recogidas en esta provincia dan cuenta de la importancia de que niños y adolescentes reciban esta asignatura: en 2019 se detectaron 493 situaciones de abuso sexual y 507 de violencia familiar. Es decir, un promedio de tres casos por semana.
Según este registro oficial, los casos fueron revelados a partir del relato de los alumnos y de la escucha de los docentes. La mayoría surgieron en las clases de educación sexual. En Argentina, por cada 1.000 casos solo 100 son denunciados y apenas uno recibe condena judicial, de acuerdo con estadísticas elaboradas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses.
“La escuela siempre ha sido un lugar privilegiado para la escucha. En los últimos años las distintas líneas de actuación del Ministerio de Educación reforzaron ese lugar y generaron el ambiente para que los alumnos se animen a hablar. La ESI, las tertulias pedagógicas y literarias, la formación de centros de estudiantes y de docentes, las ruedas de convivencia, son todas herramientas que ayudan a que aparezca el primer relato, que es clave”, señalaba a finales de diciembre Federico Paggi, secretario de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe, al periódico local Diario Castellanos.
En la misma línea ahonda el exsubsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón, cuando repite en los medios que la educación sexual “no adoctrina a nadie, ni obliga a nadie a hacer nada y no enseña a los chicos cosas que no corresponden”. Además insiste en que se trata de brindar “herramientas para detectar, prevenir o denunciar el abuso sexual infantil, para conocer que hay otras identidades y orientaciones sexuales y que todas son igualmente válidas y que merecen respeto».
La experiencia en las aulas de Santa Fe desvela que efectivamente estas actividades educativas están permitiendo sacar a la luz denuncias que hasta hace poco permanecían en la oscuridad. Para Carolina Bittel, coordinadora de algunos programas de educación sexual, los casos se multiplican porque se “instalaron las condiciones para que los niños tomen la palabra y a su vez generen confianza con los adultos y con las instituciones”.
Más de 700 personas, muchas de ellas docentes, participaron en septiembre del año pasado en el primer Congreso de Educación Sexual realizado en la Facultad de Medicina de la ciudad de Rosario. Entre las demandas de los ponentes, evitar “la naturalización de que los hijos son de los padres”. Una idea que expone a los menores que sufren agresiones sexuales en el seno de la familia al silencio y el estigma. “El abuso sexual es un abuso de poder y confianza. Hay muchos padres que dicen ‘es mi hija y hago lo que quiera con ella’ cuando se está cometiendo un delito. La herramienta central de los niños es poder contarlo, porque al hablar se habilita la intervención”, explicó en el encuentro la psicóloga social Julieta Serrano.
Un caso
En 2018, el portal de noticias Rosario3.com publicó la historia de una joven que logró denunciar a su padre por abuso sexual mientras cursaba el cuarto año del instituto. La condena a 12 años de prisión cerró un capítulo oscuro y siniestro de su traumática adolescencia. “Por la Educación Sexual Integral me di cuenta de que lo que me hacía mi papá estaba mal”, contó en su día Lorena (nombre ficticio para resguardar su identidad).
Vanesa, su profesora (cuyo nombre real también fue preservado en ese informe periodístico), recordó cómo su alumna se acercó y de a poco fue revelando lo que le pasaba.
La profesora acompañó a Lorena al Instituto de la Mujer de la Municipalidad de la ciudad de Rosario, donde reside. Allí, pudo ponerle voz a todo su sufrimiento. Dos años después logró reunir fuerza para llevarlo a la Justicia. La “llave para abrir su celda” fue la ESI, reflexionó con el tiempo esta víctima.
“La ESI es muy importante. Yo en la escuela era feliz, cuando sonaba el timbre de salida empezaba mi angustia. Hay gente que se opone y es ridículo. Hay que tener conocimientos para darse cuenta que una está siendo víctima de abuso. Me llevó 10 años a mí darme cuenta de lo que me estaba pasando porque no tenía enseñanza, mi mamá es un amor pero nunca me habló de sexualidad, de lo que estaba bien o mal, ni siquiera me llevaba al ginecólogo y no es porque no me quería sino porque no le salía. A los padres nos cuesta hablar de estos temas con los hijos pero ellos tienen que saber, hay que explicarles”, detalló sobre su caso.
Para la profesora que detectó estos abusos ocultos, el caso de Lorena no hace más que refutar el lema “con mi hijos no te metas”. “Me metí con esta “hija” porque vivía una situación de abuso sexual en su propia casa. El Estado con sus diferentes organismos tiene la obligación de meterse porque lo que prevalece ahí es el derecho de esas adolescentes y hay que intervenir, no queda otra”, concluyó.
Ni aborto legal, ni educación sexual
El encendido debate sobre la ley de aborto legal en 2018, pese a que finalmente no fue aprobada, abrió la puerta en Argentina a una nueva (vieja) discusión pública: la educación sexual en las escuelas. En ese momento, voces de todas las agrupaciones políticas dijeron estar de acuerdo en que, para reducir la cantidad de embarazos no deseados (sólo de niñas y adolescentes son más de 100.000 al año en el país), había que garantizar que todos los alumnos recibiesen educación sexual.
Con ese consenso, un grupo de legisladores de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia acordó a mediados de 2019 un dictamen con algunos cambios para que se implemente la ESI en todas las escuelas del país. La perspectiva de género aparecía entre esas modificaciones. “Todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral, respetuosa de la diversidad sexual y de género, con carácter formativo, basada en conocimientos científicos y laicos”, decía el primer artículo.
La reforma apuntaba a que la ESI fuese de aplicación obligatoria en todas las escuelas del país y que se impartiesen los mismos contenidos, sin que un colegio pudiese omitir algunos bajo el amparo del llamado “ideario”, una especie de cláusula de conciencia institucional.
En su página de Facebook se leen los principios de la sección argentina: “No a la ideología de género en Argentina y el mundo. No al adoctrinamiento escolar. Somos Pro vida (no al aborto) y Pro familia (matrimonio hombre y mujer)”. Algunos padres ligados a este movimiento impulsaron una campaña denominada “No autorizo”: redactaron una “carta modelo” para que otros padres envíen a las autoridades de los colegios donde estudian sus hijos para prohibirles tener ESI.
A esta cruzada se ha unido la jerarquía católica. El presidente de la Comisión Episcopal de Educación Católica de Argentina, monseñor Eduardo Eliseo Martín, ha insistido en sus últimos discursos en que hay grupos que pretenden modificar la ley de Educación Sexual Integral para imponer una “sola perspectiva” y quitar la posibilidad a los colegios de “adaptar los contenidos a su ideario”. “La educación es un derecho. Por eso los padres deben preguntarse: ¿qué educación le están dando a mis hijos? ¿Qué les están enseñando? ¿Les enseñan conforme a mis tradiciones, mis costumbres, mis convicciones? ¿De acuerdo a la recta razón?”, se pregunta.
Para la Conferencia Episcopal, “son los padres los primeros educadores de sus hijos y a la escuela y al Estado le corresponde un papel subsidiario en esa tarea”. La ESI es, a juicio de esta entidad, “un intento totalitario de excluir a los padres a la hora de elegir la educación sexual para sus hijos”.
La presión de la Iglesia y la visibilidad mediática de quienes levantan la consigna “Con mis hijos no te metas”, que han realizado marchas multitudinarias, se ha traducido en un triunfo político: el debate legislativo sobre los cambios en la ESI se aplazó para el 2020. El proyecto naufragó a fin del año pasado en el Congreso: 71 diputados votaron en contra, 75 prefirieron ausentarse al momento de la votación y otros tres se abstuvieron.
