La Corte Superior de la provincia canadiense de Quebec ha anulado algunos artículos de la Ley de laicidad de la provincia, dictaminado al mismo tiempo que sus disposiciones más controvertidas son constitucionales.
En una sentencia dictada el 20 de abril, el juez Marc-André Blanchard dijo que el gobierno de Quebec tiene derecho a restringir los símbolos religiosos que llevan los empleados públicos, como los profesores, los policías y los fiscales.
El fallo también estableció que la ley no puede aplicarse a las escuelas inglesas porque viola los derechos a la educación en lenguas minoritarias, protegidos por el artículo 23 de la Carta de Derechos y Libertades.
La decisión también establece que no se puede obligar a los miembros de la Asamblea Nacional de la provincia a prestar servicios al público con la cara descubierta.
Esto significa que los miembros de la Asamblea Nacional sí pueden llevar símbolos religiosos que cubran su rostro, como el niqab, de acuerdo con la sección de la Carta de Derechos y Libertades que garantiza que todo ciudadano «tiene derecho a votar en una elección de miembros de la Cámara de los Comunes o en una asamblea legislativa y a ser calificado como miembro de la misma».
En un comunicado, el presidente del Consejo Escolar de Montreal Inglés dijo que estaba «eufórico» con la decisión de eximir a los consejos escolares de lengua inglesa.
«Valoramos la diversidad de nuestros alumnos y personal y respetamos sus derechos personales y religiosos, que están garantizados tanto por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá así como por la de Quebec»,
Joe Ortona, presidente del consejo escolar de lengua inglesa.
Las mujeres musulmanas son las más afectadas por la Ley 21 de la provincia de Quebec. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov)
Las mujeres musulmanas son las más afectadas
Este fallo fue rendido aproximadamente un año y medio después de que el gobierno de la provincia, controlado por la formación política Coalition Avenir Québec aprobó el proyecto de ley 21, que prohíbe a algunos funcionarios llevar símbolos religiosos en el trabajo.
El grupo más afectado por esa prohibición es el de las mujeres musulmanas, que ya no pueden llevar puesto el hijab, que es un velo que cubre la cabeza, si trabajan como profesoras en el sistema público de educación, o como policías, guardias de prisiones o abogadas pagadas por el gobierno.
Según el gobierno del primer ministro provincial François Legault, esas restricciones aprobadas en junio de 2019 eran necesarias para proteger la versión del laicismo de Quebec. Al aprobar ese proyecto de ley, el gobierno de Legault invocó la cláusula de excepción, conocida como «notwithstanding clause», para evitar la impugnación de su ley por parte de quienes argumenten que es discriminatoria y contraria a la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
Las organizaciones de defensa de la libertades civiles, incluyendo el Consejo Nacional de Musulmanes, presentaron impugnaciones legales contra el proyecto de ley 21 tan pronto como fue aprobado. En un juicio celebrado en la segunda mitad de 2020, el juez Marc-André Blanchard atendió cuatro demandas diferentes, cada una de las cuales atacaba distintos aspectos de la controvertida ley.
Esta decisión de la Corte Superior de Quebec marca la primera vez que un tribunal emite una opinión sobre la constitucionalidad de esa ley. Sin embargo, es poco probable que ese fallo resuelva el asunto.
La mayoría de los juristas prevén que el caso acabará siendo apelado ante la Corte Suprema de Canadá.
