La nueva ley que sustituya a la actual Ley de Libertad Religiosa, debe ser una Ley de Libertad de Conciencia, que desarrolle ese derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la CE y en todas las normas de Derechos Humanos. La ley debe contemplar no solo las creencias religiosas, como hace la actual, sino todas las convicciones y opciones de conciencia, sean de carácter religioso o no. Ya Europa Laica presentó un proyecto articulado de dicha ley que puede verse AQUÍ.
La diputada del grupo Compromís, Isaura Navarro, ha registrado en Les Corts una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno central a impulsar una nueva ley de libertad religiosa que garantice la neutralidad del Estado ante el hecho religioso, entre otras medidas.
Según Navarro «en el proceso de la nueva ley se debe tener en cuenta la opinión de los representantes de las diferentes confesiones religiosas y organizaciones laicas, pero teniendo en cuenta que es imprescindible llevar adelante esta necesaria reforma legislativa que asegurare la neutralidad los poderes públicos estatales ante el hecho religioso».
La propuesta de Compromís requiere al Gobierno central otras medidas como derogar los diferentes acuerdos firmados entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas, como el caso del tratado firmado con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, entre el Estado y las iglesias evangélicas (1992), comunidades judías (1992) y comunidades musulmanas (1996).
Solicita también modificar la normativa sobre exención del IBI a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y de proselitismo religioso. Además, propone empezar una campaña de cobro del impuesto de los bienes inmuebles no destinados al culto en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
Otros objetivos de la propuesta son garantizar el carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la educación confesional fuera del currículo y del ámbito escolar, e impulsar la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 252 del Código penal.
Según explica Navarro «pese a los establecido en la Constitución, el Estado español nunca ha sido neutral ante el hecho religioso y no ha garantizado la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de las libertades reconocidas en el artículo 16 del texto constitucional».
«Las prerrogativas financieras y educativas, concedidas especialmente a la Iglesia Católica -la cual vive en España en un paraíso fiscal al no estar obligada a declarar sus bienes o ingresos- y demás entidades religiosas, inciden negativamente en la separación que debería imperar en una sociedad moderna y democrática entre la Iglesia y Estado», ha resaltado Isaura Navarro.
