Viva viajó a Montevideo, la ciudad que registra mayor cantidad de interrupciones controladas, y cuenta de qué manera se realiza el proceso. Testimonios y opiniones a cinco años de la entrada en vigencia de la ley.
La tercera en seis meses que llegaba como el resto: a la puerta de Emergencias, después de varios días escondida, con fiebre y anémica. Fuera de sí, como en trance. Era joven, igual a las demás. Y murió, como las otras, en silencio y por una infección feroz. Nadie supo cómo ni dónde ni con quién esa chica había abortado. Pero los médicos entendieron que tres muertes así, en tan poco tiempo y en una ciudad pequeña, era un número que titilaba en las estadísticas.
Sucedió en julio de 2001, cuando Uruguay intentaba salir de un colapso financiero que incluía ajuste fiscal, devaluación, 20% de desempleo y saqueos. Ese año, 19 mujeres murieron, nueve de ellas por aborto clandestino. Entre 2002 y 2003, el principal motivo de muerte materna fue por interrupciones inseguras.
Entonces en el Pereira Rossell, el hospital público donde aquella mujer falleció, los médicos se organizaron. Revisaron la ley, observaron que informar a las pacientes sobre cómo interrumpir un embarazo sin riesgos no era un delito. No recetaban el misoprostol –la pastilla abortiva– ni facilitaban contactos para conseguirla, pero asesoraban. Lo que había empezado en los pasillos, terminó en la conformación de un equipo integrado por clínicos, psicoanalistas, asistentes sociales y juristas, al que llamaron Iniciativas Sanitarias. Tomaron el modelo de El Abrojo, una ONG que trabaja en reducción de riesgos y daños con adictos a drogas ilegales. En Uruguay, la interrupción voluntaria del embarazo no estaba regulada. Y faltaba tanto…
En Uruguay viven casi tres millones y medio de personas, pero las vacas son mayoría: hay tres por habitante. Montevideo es la capital y concentra casi a la mitad de la población. Uruguay es un Estado laico, gobernado desde hace trece años por el Frente Amplio, un partido de izquierda. Suele decirse que es el país latinoamericano más avanzado en materia de derechos humanos y civiles. La venta y el cultivo de cannabis es legal, rige el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género. En 2013 sancionaron la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y fueron los primeros sudamericanos en legalizar el aborto.
En unos días, los senadores argentinos discutirán el anteproyecto de ley que ya cuenta con media sanción de Diputados. Quienes confeccionaron el texto tomaron como referencia la normativa uruguaya y también la experiencia del país vecino donde el aborto es legal desde hace cinco años. Hubo, en promedio, 8.923 interrupciones por año a partir de su entrada en vigencia. En el marco de la ley, Uruguay no registra muertes por abortos inseguros.
Los referentes en salud y las organizaciones feministas consideran que el proyecto argentino es, en comparación, de avanzada e inclusivo. Sin embargo, hay puntos en común que sirven como advertencia para la posible legalización de esta práctica sanitaria en la Argentina.
El estigma sigue vigente, al igual que la resistencia de ciertos sectores a aceptar un derecho adquirido al punto de que en varias localidades todos los profesionales son objetores de conciencia. Viva visitó Montevideo, la ciudad donde se registra la mayor cantidad de abortos controlados: hubo 5.769 el año pasado.
El pasillo del Pereira Rossell. En ese hospital público, los médicos de organizaron para asesorar a mujeres que no querían continuar con su embarazo. /Lucía Merle.
Mañana de junio, invierno luminoso en Montevideo. El ingreso al Pereira Rossell es un enjambre de niños y mujeres.Iniciativas Sanitarias y el servicio de Salud Sexual y Reproductiva funcionan en un área del hospital. Aquí están Ana Labandera, jefa del departamento obstétrico, Fernanda Chiribao, obstetra partera, e Ivana Leus, psicoanalista. Ellas participan del proceso de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La ley uruguaya prevé cuatro instancias que aquí llaman “la ruta del IVE”. Primero reciben a la mujer que quiere abortar y le ordenan una ecografía para determinar la edad gestacional.
El segundo paso es una entrevista con un equipo formado por un especialista en salud mental, un ginecólogo y un asistente social que asesora sobre las opciones (dar en adopción, continuar con la gestación o interrumpirla) e indican “cinco días de reflexión”. El proyecto que se discutirá en el Senado argentino no obliga a esta instancia. Otra diferencia es que en Uruguay el límite para la práctica legal es hasta la semana doce y en la Argentina, hasta la catorce.
Si la mujer decide abortar debe presentarse a partir del sexto día y, luego de firmar un consentimiento, un ginecólogo receta la medicación. Es gratuita en el sistema de salud público y en el privado, no excede los $200. El kit se llama Mariprist y contiene un comprimido de mifepristona y cuatro de misoprostol. Salvo excepciones, el aborto con pastillas se indica en todos los casos. El proyecto de ley argentino no sugiere métodos, pero por ser menos invasivo se indica el medicamentoso. El último paso es el control, donde se chequea que no queden restos. De esa última consulta, la mujer se lleva un anticonceptivo. El 90% de las mujeres que se acercaron decidieron abortar.
¿Qué motivos refieren?
Doctora Labandera: En general, que el embarazo no está previsto en su proyecto de vida. Luego, por razones económicas. No estar en pareja o tener a la familia lejos, o porque ya tienen suficientes hijos. Vienen con culpa. Explican que se cuidaban y el método falló, o que no están a favor del aborto pero que en ese momento no pueden tener a un bebé.
¿Qué informan sobre el proceso?
Doctora Chiribao: Indicamos cómo administrar cada medicamento y qué puede pasarles durante la gestión del aborto. Hablamos sobre las contracciones y el sangrado, de la posibilidad de que aparezcan náuseas, vómitos, diarrea, fiebre; qué pasa durante la expulsión. Sobre el dolor, hay mujeres que lo experimentan y otras que no. Y advertimos: si el sangrado o los cólicos no cesan, o si hay más de un día de fiebre, deben venir al hospital. Respondemos todas las consultas. Es el momento de informar, pero también de escuchar. Lo mismo ocurre cuando vuelven a la última consulta. Muchas necesitan contar cómo vivieron el proceso.
¿Existe el “síndrome post aborto”?
Licenciada Leus: Es un cuadro psicológico que se desarrolla excepcionalmente después de un aborto. En general, las personas que interrumpen lo hacen luego de haberse informado y reflexionado en un marco de apoyo. Si no tienen antecedentes psiquiátricos graves, esas personas lo procesan como un momento negativo que prefieren no repetir, pero que se hace parte de su historia de vida.
Pintadas. Deseo y revolución, vestigios de la lucha por la ley de aborto. /Lucía Merle.
En Uruguay –como en la Argentina– el aborto era legal sólo en caso de violación o si la vida de la mujer corre peligro. Desde 1985, con la apertura democrática, hubo proyectos para regularlo pero no prosperaron. En 2008, cuando en el Pereira Rossell ya asesoraban a las mujeres que no querían continuar con la gestación, Tabaré Vázquez, entonces presidente, vetó el capítulo de aborto incluido en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El Frente Amplio, impulsor del proyecto y partido al que pertenece Vázquez, no logró reunir las 78 firmas para remontarlo. Cuatro años después, Pepe Mujica, presidente electo, habilitó el debate en el Parlamento y la ley salió.
En 2013, un grupo conservador quiso derogar la norma y convocó a un pre–referendum: necesitaba el 25% del padrón y sólo el 8,8% se acercó a votar. Ese mismo año, una comunidad de ginecólogos impugnó once artículos de la reglamentación. Entre otros puntos, pedían plantear objeción de conciencia en la primera instancia de la “ruta del IVE”. En 2015, la Justicia falló a favor y hubo que adaptar la ley. Ese grupo de ginecólogos logró que en algunas localidades no pudieran formarse los equipos multidisciplinarios que obliga la ley, lo que significó –y todavía significa– que muchas mujeres no puedan abortar en la ciudad donde viven. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, el 40% de los profesionales uruguayos que intervienen en la “ruta del IVE” es objetor de conciencia.
Cruzando el patio, unos metros más allá del busto de bronce que representa a una mujer amamantando a un bebé, en el cuarto piso, está la oficina de Leonel Briozzo. Es ginecólogo y ex subsecretario de Salud. A pedido del ex presidente Mujica, impulsó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
¿Por qué, lejos de reducirse, las estadísticas oficiales muestran que la cantidad de abortos aumentaron?
Eso pasa cada vez que se legaliza una práctica que ocurría en la clandestinidad. La despenalización ubica a Uruguay entre los países con menos abortos: 11 cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, porcentajes similares a los de Bélgica y Holanda. Las políticas educativas y anticonceptivas que acompañan la ley también son parte de los resultados.
¿Qué alcances sociales tuvo la legalización del aborto?
En el imaginario colectivo pasó de ser un tema filosófico–religioso a ser un tema sanitario. Es decir, podíamos discutir sobre cuándo comienza una vida pero sin eclipsar el problema real: los embarazos no deseados existían y frente a eso las mujeres decidían abortar.
¿En esa transición se diluyó el tabú?
No, el aborto sigue siendo un estigma. Hay un avance legal pero no cultural. Es entendible: los estigmas no se derriban de un día para el otro.
¿Eso explica que casi la mitad de los profesionales no hagan abortos?
En un departamento, Salto, trabajan doce ginecólogos y todos objetaron. Es un derecho del profesional; el problema es cuando no quiere involucrarse porque no le reditúa económicamente o porque no se siente capacitado. Eso también lleva tiempo. Aquí tenemos un programa de formación de residentes donde el 90% de los egresados no objetan sino que hace “compromiso de conciencia”: ponen los intereses de los pacientes por encima de sus visiones personales.
A veces dejan una bolsa de bebitos de plástico en las puertas de Emergencias de los hospitales. O alquilan pantallas publicitarias para campañas antiaborto, siempre anónimas y con imágenes montadas con programas de diseño. El año pasado, en el Liceo N°1 de Salto, mostraron a los alumnos un video en el que una mujer aseguraba que haber abortado hizo que perdiera otros embarazos: “Es más fácil aceptar la voluntad de Dios que un crimen propio”, decía. La Iglesia excomulgó a los legisladores que votaron a favor de la ley y se opone a la educación sexual en las escuelas. En Young, Mercedes y Castillos, localidades uruguayas, es imposible abortar: todos los profesionales son objetores. A pesar de las resistencias, sólo el 10% de las mujeres que consulta por una IVE continúa con su embarazo.
Mujeres en el Horno es una organización feminista y asesora en temas de género en el Ministerio de Salud de Uruguay. Militaron por la ley de IVE desde el principio y, regidas por los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fueron las primeras en habilitar una línea de aborto e información segura, el 0800 8843. Cuando no había regulación y los profesionales de la salud asesoraban antes y después, Mujeres en el Horno proveía la droga para abortar. Aquí están Valentina Requena (27 años, trabajadora social) y Andrea Martínez (33, especialista en psicomotricidad y asesora en la Junta Nacional de Drogas). Ambas integran la ONG y coinciden en que la ley es buena y necesaria, al tiempo que plantea fisuras.
¿Cómo cuales?
Andrea: Si cumplís con las condiciones de la ley, no es un delito. El aborto aún figura en el Código Penal y eso es muy significativo. Sobre el plazo de las doce semanas, las diferencias socioeducativas son una barrera. Hay mujeres que no conocen su cuerpo ni su ciclo, que no están informadas, y quedan afuera. Por otro lado, aunque la ley dice que deberíamos poder elegir dónde y con qué método abortar, el 99% es con pastillas, así que no podés elegir. Las migrantes deben demostrar que han vivido un año aquí. Los profesionales no intervienen sobre feto vivo, es decir, que si cumpliste con los pasos legales y la medicación no funcionó, no te hacen un raspaje.
Valentina: Y la objeción de conciencia, que no está regulada. Cuando es colectiva genera un obstáculo porque el médico exige que se respete su derecho violentando el derecho de otro. Además, en el interior no hay garantía de confidencialidad. Quizás en el centro de salud que te corresponde atiende un familiar tuyo. El aborto forma parte de la vida reproductiva de las mujeres y la ley ofrece un marco regulatorio que es positivo. Pero creo que tutela a las mujeres, que las sigue infantilizando.
Un símbolo que resiste en el tiempo: hace cinco años, pintaban manitos sobre las baldosas de la plaza Cagancha. /Lucía Merle.
El Ministerio de Salud funciona en un edificio sobre la avenida 18 de Julio, cicatriz y referencia en Montevideo. Ana Visconti es partera, ginecóloga, trabaja en el Pereira Rossell y en una clínica privada. Desde 2015 es responsable del Área de Salud Sexual y Reproductiva. Sobre el escritorio hay una planilla con datos. Las muertes por aborto inseguro estarían en cero, si no fuera porque en febrero de 2016, una mujer murió por una infección generalizada. Cursaba un embarazo de trece semanas y por no cumplir con los requisitos de la ley, recurrió al circuito clandestino.
¿Qué deben mejorar para que la ley de IVE se cumpla en pleno?
La accesibilidad al sistema en términos de tiempos. Hay dificultades para reunir al equipo interdisciplinario o se demoran los traslados de las mujeres que no pueden gestionarlo en su localidad porque hay objeción de conciencia. La norma garantiza la cobertura del viaje hacia el centro de salud más cercano.
¿Las adolescentes acuden al aborto?
Sí, pero la cifra disminuyó. El año pasado, lo gestionaron 1.540 mujeres menores de 19 años. Una de las metas es reducir el embarazo no intencional en la adolescencia. Hacemos hincapié en los métodos anticonceptivos. El implante subdérmico tiene una gran aceptación entre las adolescentes.
Mujer y Salud en Uruguay (MySU) es una ONG feminista de larga historia en salud y derechos sexuales y reproductivos. Una de sus líneas de trabajo es la incidencia política, y en el camino hacía la legalización fueron fundamentales. Lilián Abracinskas es la directora.
¿Qué tan difícil fue obtener la ley?
Después del veto de Tabaré, en 2008, hubo que negociar mucho. Incluyeron el equipo interdisciplinario y los “cinco días de reflexión”, y no quitaron el aborto del Código Penal. MySU fue una de las organizaciones que denunció el contenido del texto negociado durante el debate. La ley tiene fallas, sí, pero casi 40 mil mujeres abortaron donde debe hacerse, en un sistema sanitario. De todas maneras, el aborto clandestino existe porque hay mujeres que no cumplen con los requisitos que marca la ley.
¿Qué significa que el aborto sea discutido y legalizado?
Por supuesto amplía derechos, pero la regulación no es el final del camino. Una vez sancionada la norma, hay que reglamentarla, adecuar las instituciones, capacitar a los profesionales y difundir el servicio para que la población sepa que está disponible y la use. Luego están los cambios culturales, que suelen ser más lentos. Que el aborto sea ley implica un nuevo comienzo.
