En estos dos países se han creado comisiones independientes, impulsadas por la Conferencia Episcopal nacional, presididas por una personalidad relevante y conformadas por un equipo multidisciplinar.
Las pesquisas para conocer qué dimensión han tenido los abusos sexuales en las instituciones católicas españolas están echando a andar. Tras años de reivindicaciones por parte de las víctimas, finalmente en nuestro país se han impulsado dos comisiones que investigarán –en paralelo y a la vez– estos casos.
Otros países llevan años con las conclusiones de esos trabajos encima de la mesa. La experiencia adquirida por estos estados ayudará a los impulsores de las dos iniciativas a perfilar su funcionamiento. En Francia y en Portugal el modelo es parecido al mandato que el Congreso ha dado al Defensor de Pueblo, con comisiones independientes lideradas por una personalidad del país. Por su parte, en Alemania se decantaron por un equipo de investigadores universitarios.
En nuestro país, la Conferencia Episcopal ha contratado al bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para realizar una auditoría externa. Este encargo ha generado desconfianza entre algunas víctimas debido a la vinculación del presidente del bufete, el letrado Javier Cremades, con el Opus Dei. El colectivo de afectados Infancia Robada ya ha anunciado que no va a colaborar con los trabajos impulsados por los obispos.
La apuesta de la Iglesia española se asemeja a la realizada por la Archidiócesis de Múnich y Frisinga, que concluyó que el Papa emérito, Benedicto XVI, no actuó en cuatro casos de abusos sexuales mientras era arzobispo
La apuesta de la Iglesia española se asemeja a la realizada por la Archidiócesis de Múnich y Frisinga. Los resultados de esta investigación tuvieron repercusión mundial al concluir que el Papa emérito, Benedicto XVI, no actuó en cuatro casos de abusos sexuales mientras era arzobispo de Múnich. Los encargados de liderar las pesquisas fueron los abogados del despacho Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que concluyeron que entre 1945 y 2019 hubo al menos 497 casos de pederastia.
España: dos investigaciones en paralelo
A pesar de que nuestro país está a la cola en la transparencia sobre este asunto, en los próximos meses se va a producir una situación paradójica. En paralelo a la Comisión de la Conferencia Episcopal, el Congreso también ha encargado al Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, que investigue las denuncias de casos de pederastia en las instituciones católicas.
El formato de esta investigación provocó discrepancias entre los socios del Gobierno. Mientras Unidas Podemos apostaba, junto a EH Bildu y ERC, por una comisión parlamentaria que obligase a curas y obispos a comparecer; PSOE y PNV proponían la investigación que finalmente ha sido aprobada.
En Portugal las pesquisas están lideradas por un reputado psiquiatra y un equipo formado por una socióloga, otro psiquiatra, una trabajadora social, una directora de cine y un ex ministro de Justicia
En países como Portugal y Francia el formato ha sido parecido al aprobado en el Congreso, aunque hay diferencias en la fecha en la que se han impulsado esas indagaciones. La Conferencia Episcopal Portuguesa anunció a finales de noviembre la creación de una comisión independiente y no ha sido hasta comienzos de este año cuando su trabajo ha echado a andar. Por delante tienen un año para investigar los casos de pederastia en la Iglesia lusa entre 1950 y 2022.
En Portugal, las pesquisas están lideradas por el reputado psiquiatra Pedro Strecht. Junto a él, el equipo lo conforman una socióloga, otro psiquiatra, una trabajadora social, una directora de cine y un ex ministro de Justicia, aunque no descartan aumentar el número de profesionales conforme pase el tiempo.
Equipo multidisciplinar en la comisión portuguesa
A pesar de que esta iniciativa fue impulsada por la Iglesia lusa, Strecht ha reivindicado la independencia de su trabajo y el de sus compañeros. “Las personas que nos contactan no quieren indemnizaciones o emprender acciones jurídicas, sino hablar de su dolor y su sufrimiento, contar su experiencia y sentir que no están solas. Buscan una reparación en términos genéricos y no una reparación jurídica y ni mucho menos económica”, apuntó Strecht recientemente en una entrevista en El Periódico.
En esas declaraciones explicó que aboga por una composición multidisciplinar, en lugar de una investigación impulsada únicamente por abogados. “Esta opción da énfasis solamente a la parte jurídica, es decir, a aclarar si las personas quieren presentar una queja formal y a estudiar si los casos han prescrito o si las víctimas quieren alguna indemnización”, añadió al ser preguntado sobre la auditoría encargada por los obispos españoles. Según los últimos datos publicados, en los primeros dos meses los investigadores lusos han recibido 250 denuncias.
El trabajo de Strecht servirá de espejo al Defensor del Pueblo. Hace una semana Gabilondo se pronunció por primera vez sobre este encargo y reveló el perfil de los profesionales que van a formar parte de la comisión: asociaciones de víctimas, psicólogos y sociólogos, miembros de la Fiscalía, expertos en Derecho Canónico, criminólogos y algún representante de la Iglesia católica.
“Estamos buscando algo que también está buscando la CEE, que es la verdad, supongo que coincidimos en eso”, apuntó ante los medios al presentar en el Congreso el informe anual que realiza la institución que él lidera. En ese encuentro también pidió “confianza” a los obispos para que participen en la comisión que les ha encargado el Congreso de los Diputados.
En Portugal se han dado un año para la investigación; en Francia se alargaron durante dos años y medio, mientras que en Alemania ese periodo se extendió hasta los cuatro años
Las recomendaciones con las que concluyan su investigación se basarán en las sugerencias de una comisión independiente de asesoramiento, cuya creación también se contempla en la Proposición no de Ley (PNL) que ha impulsado esta labor. Por ahora, la institución de Gabilondo guarda silencio sobre la evolución de los trabajos que están realizando. Según fuentes consultadas, esta semana ya se han producido reuniones para debatir sobre el perfil de los expertos que puedan participar en la comisión.
Plazos temporales dispares
Otra de las preocupaciones de las víctimas son los plazos temporales. En Portugal se han dado un año para realizar pesquisas sobre este asunto. Por su parte, en Francia las investigaciones se alargaron durante dos años y medio, mientras en Alemania ese periodo se extendió hasta los cuatro años. En esta materia, estos países están mucho más adelantados. La Iglesia germana arrancó en 2014 con estos trabajos, tras las conclusiones algunas archidiócesis regionales iniciaron sus propias investigaciones. Una de las últimas que ha presentado resultados ha sido la de Múnich y Frisinga.
En Francia, la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia presentó su investigación el pasado mes de octubre. Según la estimación realizada, desde 1950 ha habido entre 2.900 y 3.200 curas pederastas (el 2% del clero a lo largo de estos 70 años), que llegaron a abusar de 216.000 personas. Si se incluyen los abusos en colegios o instituciones católicas, la cifra se eleva a las 330.000 víctimas.
Como en el resto de países europeos citados, estos trabajos fueron promovidos por la Conferencia de Obispos de Francia (CEF) y la Conferencia de Religiosos de Francia (CORREF). Y sus conclusiones han tenido un gran impacto en las instituciones católicas: los obispos galos anunciaron su disposición a vender parte de sus bienes y a pedir un crédito, si era necesario, para indemnizar a las víctimas. Para ello han creado una iniciativa económica, denominada ‘Fondo Selam’, que a comienzos de año ya contaba con una primera partida de 20 millones de euros, según informa El País.
A diferencia de la iniciativa del Defensor del Pueblo, entre la veintena de miembros que formaron parte de la Comisión francesa no hubo ni víctimas ni representantes de la Iglesia. Una decisión que se tomó en “aras de la imparcialidad”, tal y como recoge el resumen del informe final.
El encargo de presidir este organismo y escoger a sus miembros fue aceptado por Jean-Marc Sauvé, vicepresidente de honor del Consejo de Estado, quien apostó por 21 profesionales –once hombres y diez mujeres de diferentes generaciones– con especialidades variadas, entre ellas, el derecho (penal, canónico y de protección de menores), psiquiatría y psicoanálisis, medicina y salud, educación y trabajo social, historia, sociología y teología. Para insistir en la independencia de su trabajo, Sauvé explicaba en el documento de conclusiones que a gran parte de los miembros escogidos no les conocía y tampoco se conocían entre ellos.
Obstrucciones a los investigadores alemanes
En los primeros tres meses de vida, la institución francesa se limitó a debatir sobre el enfoque de la comisión, los parámetros de las investigaciones y a recopilar datos. En ese primer acercamiento lanzaron una convocatoria para reunir casos. Entre junio de 2019 y octubre de 2020 les llegaron 6.471 casos: 3.652 vía telefónica, 2.459 a través de correos electrónicos y 360 cartas. Las pesquisas fueron avanzando con búsquedas en los archivos de las diócesis y entrevistas con víctimas y victimarios. En la última etapa de trabajo, llegaron a hablar con una decena de los curas señalados.
Los miembros de la comisión francesa trabajaron de forma voluntaria. Aún así, los gastos vinculados a la investigación y la gestión de las comparecencias supusieron alrededor de 2,6 millones de euros. En Alemania la investigación fue realizada por siete expertos de las Universidades de Mannheim, Heidelberg y Giessen y su coste supuso un millón de euros para las arcas de la Asociación de Diócesis Alemanas.
En este caso, las 27 diócesis germanas “se comprometieron contractualmente a involucrarse en el proyecto de investigación”, aunque su participación varió “considerablemente de una diócesis a otra”, tal y como recoge el resumen del informe final emitido. Las obstrucciones que se encontraron los investigadores en sus pesquisas quedó patente en el texto final, donde llegaron a asegurar que hay “indicios de que los expedientes personales u otros documentos relevantes para la investigación habían sido destruidos o manipulados en el pasado”.
A pesar del compromiso de la Conferencia Episcopal Alemana, los investigadores “no tuvieron acceso a los archivos originales de la Iglesia Católica”. Esos documentos únicamente “fueron revisados por personal de las diócesis o por despachos de abogados designados por estas diócesis”, añade el informe publicado en septiembre de 2018.
Más allá de los obstáculos y tras cuatro años de trabajo, la comisión germana estimó que entre 1946 y 2014 en las diócesis de su país 3.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de 1.670 clérigos (4,4% del total de curas alemanes) acusados de abuso sexual. Del total de sacerdotes señalados, únicamente contra un tercio se había iniciado un procedimiento canónico por abuso sexual de menores.
En ambos casos, tanto en las conclusiones francesas como en las alemanas, se aborda la reparación económica. Según el cálculo realizado por los investigadores universitarios, hasta 2014 las diócesis germanas abonaron alrededor de cinco millones de euros. Analizando esas cifras no se han encontrado cantidades homogéneas ni cálculos transparentes. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que se han producido diferencias “considerables” en las cifras abonadas por cada diócesis.
En las próximas semanas el Defensor del Pueblo tendrá que constituir la comisión para comenzar a trabajar cuanto antes en labores de investigación. La experiencia francesa o alemana aporta diferentes ejemplos de la implicación de la institución católica. En nuestro país, el papel de la Iglesia en esta iniciativa es una de las incógnitas pendientes, su colaboración o su obstrucción determinará si hay un cambio de rumbo en la transparencia de la Conferencia Episcopal española.
