La Fiscalía pide 17 años de cárcel para el procesado, director espiritual del colegio donde estudiaba la adolescente.
Después de casi cuatro años de investigaciones y diligencias, el sacerdote J. L. G. M. se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Toledo para ser juzgado por un delito continuado de abusos sexuales a una adolescente entre 2010 y 2014 y otro contra la integridad moral de la menor, que tenía 14 años cuando empezaron los hechos. El relato de acusación de la denunciante, ahora de 25 años, también señala que el sacerdote la agredió psicológicamente y físicamente mientras, en uno de los episodios, intentaba violarla cuando le estaba practicando un exorcismo. Durante las fechas de los hechos, J. L. G. M. era director espiritual de su colegio, Hijas de María Nuestra Señora, de Talavera (Toledo) y mantenía una relación sentimental con la madre de la presunta víctima. Por dichos delitos, la Fiscalía pide para el acusado 17 años de cárcel y la prohibición durante 20 años de acercarse a la joven a una distancia inferior a 300 metros. La defensa del sacerdote, que se declara inocente, afirma que todo es mentira y producto de los celos.
“Me llamaba puta. Me decía que no valía nada, que nadie me iba a creer y que me mataba si lo contaba”, relató la joven en marzo de 2019 durante las diligencias previas en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Talavera. Cuando comenzaron los sucesivos episodios de abusos que cuenta la joven, esta empezó a padecer anorexia nerviosa e intentó quitarse la vida en numerosas ocasiones. Desde entonces, la denunciante ha sido ingresada más de una decena de veces en el hospital por intento de suicidio. Los informes médicos que aportó junto a la querella especifican que su trastorno alimentario y las ideas suicidas son producto de un síndrome de estrés postraumático originado por ciertos episodios “terroríficos, impactantes o peligrosos” que ha vivido. Después de confesar que sufrió abusos, sus psiquiatras le recomendaron que escribiera lo que recordara en unos cuadernos. En inglés, la supuesta víctima describió varios de los encuentros con el acusado. Después, en octubre 2017 decidió ir a la justicia.
Las hojas de esos cuadernos se adjuntaron junto con la querella, además del informe médico citado anteriormente, pero la jueza que instruía el caso solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ciudad Real y Toledo otra prueba pericial que certificase “la compatibilidad y posible nexo causal entre los padecimientos psiquiátricos de la perjudicada y las agresiones sexuales denunciadas”. Todas las pruebas coinciden: “Estos padecimientos psiquiátricos son compatibles y se puede establecer relación de causalidad con haber experimentado acontecimientos traumatizantes, como pueden ser las agresiones sexuales continuadas en el tiempo que la víctima vivió en soledad durante años”.
Durante la instrucción del caso, por la que ya han pasado tres fiscales, la madre de la joven declaró contra ella y sostuvo que tanto la denuncia de abusos como los intentos de suicidio eran una “venganza” por celos. Aunque sí reconoce que fue ella la que la llevó hasta la puerta del acusado en 2014 para que él y otro sacerdote le practicasen un exorcismo. Durante una segunda sesión de dicha práctica religiosa, la denunciante afirma que J. L. G. M. intentó violarla, ella se defendió para evitarlo y este le pegó con un cinturón. Para realizar un exorcismo, según indica el código canónico, es necesario que el creyente acceda voluntariamente y que el obispo dé su consentimiento para realizarlo. Cuando este diario destapó este caso en marzo de 2019, la archidiócesis de Toledo afirmó que no tenía constancia de dicho acto y prefirió no hacer declaraciones hasta que hubiera una sentencia firme.
Una carta al papa Francisco
Después de denunciar los hechos ante la justicia civil, la joven escribió una carta al papa Francisco y otra al cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y adjuntó una copia de la querella. Poco después, en 2018, el cura fue apartado como párroco en la iglesia de San Ildefonso de Talavera de la Reina por el arzobispado de Toledo, que abrió un proceso canónico para juzgar los hechos. También le prohibió oficiar misa pública y lo trasladó, como medida cautelar, al convento de Santiago Apóstol de Toledo como capellán. De momento, no se conoce en qué estado se encuentra el proceso canónico.
J. L. G. M. no es el único clérigo de la archidiócesis que está procesado por abusos sexuales a menores. El sacerdote P. F. R. R., antiguo profesor del seminario menor Santo Tomás Villanueva de Toledo, fue procesado el pasado mayo por abusar de un menor entre 2006 y 2007. Este contó lo sucedido a otros sacerdotes y los hechos acabaron llegando a oídos del obispo, por entonces Braulio Rodríguez, que desoyó las denuncias internas durante cinco años. Ambos sacerdotes acusados coincidieron en el seminario cuando P. F. R. R. supuestamente abuso del seminarista y J. L. G. M. era secretario de estudios del centro.
