Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre del 2024, las conductas vulneratorias del derecho de libertad religiosa aumentaron un 31%, pasando de 13 casos en 2023 a 17 en 2024. El trato discriminatorio hacia iglesias y confesiones religiosas, así como las amenazas de muerte contra líderes y autoridades religiosas, son las conductas que han mostrado un mayor crecimiento. En particular, las amenazas de muerte han tenido un incremento del 50%, pasando de 4 casos en 2023 a 8 en 2024.
Por este motivo, la institución nacional de derechos humanos se suma a la conmemoración del 27 de octubre, declarado Día Internacional de la Libertad Religiosa por la resolución 2941 de 2019 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En este marco, el Grupo de Libertad Religiosa, adscrito a la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Defensoría del Pueblo, organizó un conversatorio virtual para promover y difundir los derechos humanos, en especial el derecho fundamental a la libertad religiosa, en el sistema interamericano de derechos humanos y en el ordenamiento jurídico nacional.
Durante su intervención, Robinson de Jesús Chaverra Tripton, Vicedefensor del Pueblo, indicó que en Colombia, la separación entre iglesias y Estado implica el deber de neutralidad de este último en asuntos religiosos. Por ello, aunque la mayoría de la población es católica, el país garantiza la igualdad de creencias y religiones dentro del marco constitucional como una fórmula consensuada de convivencia para la coexistencia de éstas. En ese sentido, el Estado colombiano no puede favorecer, patrocinar ni adoptar políticas que promuevan o perjudiquen a una religión en detrimento de otras, ya que todas son iguales ante la ley y tienen la misma importancia para el Constituyente.
A pesar de los avances normativos e institucionales, persisten conductas vulneratorias de la libertad religiosa, especialmente hacia estas minorías , lo que motivó a la Defensoría del Pueblo a recomendar medidas adicionales para fortalecer las políticas de prevención y protección. Según informes recientes, las denuncias relacionadas con violaciones a la libertad religiosa aumentaron un 31% entre 2023 y 2024, siendo las minorías religiosas las más afectadas. Esto subraya la necesidad de un seguimiento más riguroso y una respuesta más efectiva para proteger a los grupos vulnerables y garantizar su derecho a la libertad de culto.
Durante el webinar, la Defensoría reiteró su llamado al Gobierno nacional para que brinde atención especial a los líderes religiosos, que por la actividad propia de su vocación ministerial son amenazados, hostigados y desplazados por grupos armados ilegales en territorios de disputa urbana o de conflicto armado interno. Es urgente que esta población vuelva a ser incluida en el ‘Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades’, luego de que su inclusión fuera derogada por el Decreto 1285 de 2023 del Ministerio del Interior. La actividad religiosa en el contexto de violencia que vive el país actualmente se ha convertido en una actividad de riesgo, por lo que se deben establecer protocolos adecuados para el acceso a la protección.
En el ámbito educativo, el Vicedefensor señaló que los proyectos educativos institucionales deben respetar la diversidad religiosa y la laicidad, abordando la enseñanza de la religión desde una perspectiva histórica y cultural. La Corte ha reiterado que las instituciones educativas públicas deben actuar de manera neutral, evitando cualquier forma de discriminación basada en creencias religiosas, por lo que es esencial la neutralidad para garantizar el respeto a la pluralidad y la libertad de cultos, permitiendo que todos los ciudadanos ejerzan su derecho a la libertad de conciencia sin presiones ni condicionamientos.
Asimismo, destacó la precisión que hizo la Corte en la Sentencia T-101 de 1998 donde afirma que los colegios oficiales no pueden basar su proyecto educativo en un credo específico, ya que esto vulneraría el pluralismo y la igualdad. Sin embargo, se aceptó la posibilidad de impartir la enseñanza religiosa, siempre y cuando los estudiantes y sus familias puedan decidir aceptarla o rechazarla.
El fortalecimiento del principio de laicidad es clave para la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de la diversidad. La Defensoría del Pueblo continuará su labor de seguimiento y monitoreo de este principio, proponiendo recomendaciones defensoriales para mejorar su protección.
Al evento asistieron representantes y líderes de las diferentes iglesias y confesiones religiosas del país, miembros de los comités de libertad religiosa de las gobernaciones y alcaldías, funcionarios de la entidad y ciudadanos en general, quienes participaron activamente y adquirieron conocimientos con relación a esta materia.
También participaron Alexander Jaimes Medina, director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior; Sergio Coronado Delgado, Defensor Delegado para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC); David López Amaya, coordinador del Grupo de Libertad Religiosa de la Defensoría del Pueblo, y Nicolás Panotto, director de la organización Otros Cruces.
