El pasado 21 de agosto de 2024, se llevó a cabo en la Universidad Externado de Colombia el Seminario de Profesores titulado. ‘La laicidad y el principio de neutralidad estatal: garantía de libertad religiosa’. En este evento, se contó con la participación de la Dra. María Esperanza Adrianzén Olivos, candidata a doctora en ‘Estudios Avanzados en Derechos Humanos’ de la Universidad Carlos III de Madrid.
Durante su intervención, la Dra. Adrianzén Olivos abordó la importancia del pluralismo religioso como un valor esencial en los Estados democráticos y destacó la necesidad de separar las confesiones religiosas del Estado para garantizar la libertad religiosa en condiciones de igualdad y autonomía. Además, subrayó que la laicidad impide al Estado determinar lo que es religioso, protegiendo así el derecho a la libertad religiosa de manera equitativa.
En particular, se analizó la evolución del marco jurídico y jurisprudencial en Perú y Colombia. En Perú, desde 1812 hasta la fecha, se ha observado un desarrollo significativo en la protección de la libertad religiosa, culminando con la Ley N°29635 y la eliminación de barreras desproporcionadas para el reconocimiento de agrupaciones religiosas. En Colombia, la Constitución de 1991 y otros acuerdos han sido cruciales para la equiparación y garantía de igualdad entre las organizaciones religiosas, aunque se reconocen desafíos persistentes debido al legado católico en ambos países.
El evento concluyó destacando la necesidad de mantener la neutralidad estatal para asegurar la diversidad y pluralidad de ideas y creencias, un reto especialmente relevante en sociedades con fuertes influencias religiosas. Se afirmó que, más allá de la tolerancia, es fundamental que el Estado garantice de manera efectiva y equitativa los derechos en materia de laicidad y libertad religiosa.
Este seminario aportó reflexiones profundas y necesarias sobre los desafíos que enfrentan las democracias modernas en la gestión de la diversidad religiosa, subrayando la importancia de un Estado neutral y laico como garante de la libertad religiosa y la igualdad de todos sus ciudadanos.
