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En su Constitución Colombia es un país laico y con libertad de culto, pero a la hora de incluir en su tributación a instituciones religiosas el debate se abre
Desde el estudio científico de la historia los problemas de nuestra discriminación, inequidad, corrupción y violencia comienzan con el desprecio que una clase social muestra hacia la vida de los demás.
Ese desprecio por la vida y su relación con la muerte galopante no se pueden comprender desde los puntos de vista de la economía, aunque contienen una dosis peligrosa de ambiciones materialistas e impulsos sexuales, y solo aplicando las reflexiones de la metafísica, la ontología y la axiología, se les encuentra el vínculo con el derecho y el orden jurídico.
Pero, en Colombia nunca han tenido importancia las consideraciones metafísicas, la filosofía se considera inadecuada o inalcanzable para nosotros, una estirpe salvaje, una colonia de la metrópoli y despensa económica del planeta, un país del tercer mundo.
Aquí la Biblia remplaza a la filosofía, por allí empiezan la discriminación y el conflicto, solo cuentan las interpretaciones mitológicas que traían los conquistadores españoles a su llegada, y que coinciden de manera peligrosa con la educación supersticiosa de la escolástica, la religiosidad de la Edad Media europea, ideas de hace 1000 años.
Luego de sancionadas la Constitución de 1991 y la Ley sobre Libertad Religiosa y de Cultos de 1994, nos vendieron la idea de que en nuestro país ya se había solucionado el problema de la religión, causa de las horribles guerras del siglo XIX, y de muchas de las confrontaciones del XX, hasta el descontento actual que discute la obligación de las iglesias de rendir cuentas al fisco y pagar impuestos.
Pero no, con otra de las acostumbradas jugaditas políticas de la ultraderecha, mediante otro de los conocidos micos jurídicos de la maquinaria, la dirigencia inculta y corrupta pretendió burlarse otra vez del descontento sobre el tema y la obligación estatal de buscarle solución.
La Ley 133 del 23 de mayo de 1994, que de acuerdo con el Artículo 19 de la Constitución Política reglamenta la Libertad Religiosa y de Cultos, en el Capítulo I, Artículo 2°, dice: “Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos”.
Y, en el mismo Capítulo I, Artículo 5°, dice: “No se incluyen prácticas mágicas, parapsicológicas, espiritistas”, negando así la protección legal a las creencias espirituales y prácticas religiosas de los pueblos indígenas, que sobreviven a cinco siglos de genocidio, y de los pueblos afrodescendientes, que se debaten en la más cruda ignorancia y el mayor abandono, con lo cual sus destinos son para siempre la discriminación y la miseria.
En adelante, el texto de la Ley se dedica a especificar la forma en que el Estado y el orden jurídico defenderán a capa y espada a la Iglesia católica, y a las sectas cristianas evangélicas, aplicando la reflexión filosófica de Hegel sobre el surgimiento de la autoconciencia, la razón, la conciencia desventurada, la ley y el Estado, que en la Fenomenología del Espíritu interpreta a la familia no como el espacio del amor y la fraternidad, el seno de la humanidad viva, sino como la célula social que tiene como deber enterrar a sus muertos.
Para nosotros, los indígenas de América, la espiritualidad, la educación religiosa, son fuerzas abstractas vivas y funcionales que deben acompañar al ser humano en cada uno de sus pasos sobre la Tierra, no solamente un aroma artificial en las oficinas burocráticas donde se registran matrimonios, nacimientos y defunciones.
Nos interesa el espíritu, la presencia viva de Dios sobre la Tierra, no la posibilidad del alma, que nadie sabe qué es, ni dónde está, y solo sirve para que los opresores profesionales nos inculquen esperanzas ficticias en el más allá.
La educación religiosa debe enseñar a respetar y cuidar a todos los seres vivos, la biosfera, el medio ambiente, tal como hacían nuestros pueblos indígenas a la llegada de los europeos.
No se decía entonces por ignorancia que el agua, los arroyos, los ríos y los mares fueran sagrados; la ignorancia estaba, hoy se comprueba, en el otro bando.
Como organismo de propaganda y control de los matrimonios la Iglesia ya no cumple funciones prácticas, la mayoría de las parejas se juntan en unión libre, figura jurídica de plena vigencia, mientras un gran porcentaje de matrimonios oficiales, civiles o religiosos, se desbaratan a madrazos y puñetazos, algunos a pocas horas de haberse consumado.
Como base de socialización al amor no le basta la oficina de registro, algo de suma importancia le está faltando al ser humano.
Como organismo de control de las defunciones y los entierros a la Iglesia le ocurre igual: son mucho menos los fallecidos con entierro decoroso que los asesinados en secreto a altas horas de la noche, los desmembrados y desaparecidos, los cadáveres que flotan en los ríos hasta el mar; en Colombia, hay más campos de fosas comunes desconocidas que cementerios legales.
Sin embargo, la Ley 133 de mayo del 94, aunque niega que haya una religión estatal, sigue tratando a la creencia convencional como “el culto oficial”.
Hay colombianos que no tienen en la mente una idea de Dios, o del espíritu, o las inquietudes de la metafísica; no hay religiosidad alguna en el pensamiento de la mayoría de mis compatriotas, solo una ciega ambición de bienes materiales, riquezas, lujos, despilfarros, vicios y fantasías sexuales, y son ellos quienes, ante las opiniones diferentes, reaccionan con la intolerancia, la violencia y el crimen.
El mayor aliciente para la formación de iglesias no es la religiosidad del pueblo, sino el hecho de que estos negocios no rinden cuentas al fisco, ni pagan impuestos. Este detalle bien se puede considerar el corazón de nuestros problemas.
La Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia solo tiene valor para los indígenas y los afrodescendientes; “el culto oficial”, desde la época de la Colonia española, siempre ha sido lo aceptado.
Resulta obligatoria la crítica de la Ley 133 del 23 de mayo de 1994 sobre la Libertad Religiosa y de Cultos, porque el Estado sigue defendiendo la mitología europea traída por los conquistadores como si fuera la única religión que existe, o que merece respeto.
Considero este problema como una de las piezas básicas del rompecabezas de la discriminación, la corrupción y la violencia en nuestro país.
Mi objetivo es proponer el cambio del Artículo 5° del Capítulo I, para que diga: “Se incluyen las creencias espirituales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las prácticas esotéricas, mágicas, espiritistas, o de cualquier clase que pueda ser comprendida dentro del marco del sentimiento religioso”.
