Recuperando cree que el Gobierno ha pactado en secreto la “impunidad” de miles de bienes inmuebles registrados a nombre de los obispos “como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano”
“Todas las inscripciones son plenas de pleno derecho”, aseguran los colectivos, que insisten en que, si se toma como período de referencia 1946, “las inmatriculaciones podrían alcanzar los cien mil bienes”
El Gobierno entrega al Congreso de los Diputados el listado definitivo de inmatriculaciones de la Iglesia. O, al menos, eso es lo que el Ejecutivo aseguró hace dos semanas a los responsables de la Conferencia Episcopal, como adelantó, en exclusiva, RD. Casi dos años después de que Transparencia exigiera al Ejecutivo la presentación del informe del Colegio de Registradores a la Cámara Baja, ésta está a punto de producirse. ¿Qué ha pasado durante este tiempo?
Este es el temor de los colectivos patrimonialistas que, a través de plataformas como ‘Recuperando’, temen que el Gobierno haya pactado en secreto la “impunidad” de miles de bienes inmuebles registrados a nombre de los obispos “como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano”. “Se ha afeitado” el listado, aseguran.
Un expolio monumental
“Con dos años de retraso, el gobierno de Pedro Sánchez entregará previsiblemente el listado de inmatriculaciones al Congreso de los Diputados en las próximas semanas. Lo hará después de haber negociado con la alta jerarquía eclesiástica en medio de una evidente opacidad y sin haber articulado soluciones globales para deshacer lo que a todas luces ha sido un expolio monumental, que ha permitido a la Iglesia registrar a su nombre miles de bienes, entre ellos la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el tesoro prerrománico de Asturias, o la arquitectura mudéjar de Aragón”, denuncian desde Recuperando, que aseguran que “todas las inscripciones son plenas de pleno derecho”.
Desde estos colectivos recuerdan cómo, en su discurso de investidura, Pedro Sánchez se comprometió “expresamente” realizar “las modificaciones legislativas oportunas para recuperar los bienes que hubieran sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. De ser cierto el temor de estos grupos, “el presidente del gobierno habría incumplido uno de sus compromisos”, como parece reflejarse de algunos hechos, como el retraso en la entrega y el recurso a la resolución del Consejo de Transparencia instando al Ejecutivo a hacer públicas las inmatriculaciones.
“El inventario incluye únicamente los bienes inscritos por la Iglesia católica entre el decreto de Aznar de 1998 y su derogación en 2015, mientras que los colectivos patrimonialistas exigen el número total de inscripciones efectuadas desde 1946, la fecha en que se reformó la Ley Hipotecaria. Si se toma ese periodo como referencia, las inmatriculaciones podrían alcanzar los 100.000 bienes”, recalcan desde Recuperando.
Tal y como apunta Infolibre, Recuperando ha solicitado, hasta en tres ocasiones, reuniones oficiales al Gobierno, que no ha dado respuesta, mientras sí se ha reunido con los obispos para abordar esta cuestión. Así, señala, ha pedido tres reuniones oficiales al Gobierno. En septiembre de 2018 cursó petición por escrito a la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, y dos meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, hizo lo propio con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. En enero de 2020, poco después de la investidura del presidente Pedro Sánchez, volvió a pedir una reunión con el nuevo titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Ninguna de las tres peticiones ha fructificado.
