El nuevo plan del Gobierno busca equilibrar la protección de los sentimientos religiosos con la libertad de expresión y la creación artística, en respuesta a una serie de controversias y críticas a la legislación vigente.
El Gobierno español ha anunciado un plan de acción por la democracia que propone una reforma significativa en el tratamiento de los delitos contra los sentimientos religiosos. Esta propuesta surge en un contexto donde varios casos de ofensas religiosas han generado debate público y judicial.
Entre los casos destacados, el conocido artista Javier Krahe fue denunciado en 2004 por la receta de un ‘cristo al horno’, una acusación que llevó a la primera denuncia por delito contra los sentimientos religiosos. Aunque Krahe fue finalmente absuelto, su caso puso en evidencia la polémica en torno a la ley vigente.
El nuevo plan de 31 medidas incluye la revisión del artículo del Código Penal que actualmente sanciona con multas de hasta un año a quienes atenten contra los sentimientos religiosos. El documento del Gobierno señala que estas reformas buscan equilibrar la protección de los derechos religiosos con la libertad de expresión y la creación artística.
En casos recientes, como el de las tres mujeres que organizaron la ‘procesión del coño insumiso’ en Sevilla, la protesta fue finalmente amparada por el debate sobre el aborto, a pesar de las denuncias iniciales. Asimismo, Willy Toledo fue detenido y denunciado por insultar a figuras religiosas en Facebook, aunque el juicio concluyó con una sentencia que consideró su acto como defensa de la libertad de expresión.
El caso de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quien fue condenada por manifestarse en una capilla, también destaca en esta discusión. Inicialmente condenada a pagar 4.300 euros, Maestre fue finalmente absuelta por la falta de pruebas de profanación.
Entre otros casos, el artista Abel Azcona enfrentó numerosas denuncias por una obra que utilizaba hostias consagradas, pero las causas fueron archivadas en dos ocasiones por falta de escarnio.
La ley ha sido criticada por su impacto en la libertad de expresión, con solo un caso de condena firme en casi 30 años, y un solo caso pendiente ante el Tribunal Constitucional que podría sentar precedente. La promotora de una procesión en Málaga, condenada por dos tribunales, está dispuesta a llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Constitucional no la absuelve.
