Alertan de que continúan las concentraciones para rezar y que incluso un autobús acude los sábados para realizar ecografías gratuitas ante un centro madrileño.
Las clínicas abortivas aseguran que continúa “el acoso” a las mujeres que acuden a interrumpir de forma voluntaria su embarazo pese a que hace dos meses que entró en vigor la ley que lo penaliza, y quienes se apostan frente a las puertas de estos centros dicen no hacer recibido ninguna notificación policial ni judicial.
Desde el 14 de abril, en España el acosar a las mujeres que acuden a abortar es un delito que está penado con tres meses a un año de prisión o con trabajos en beneficio de la comunidad, sin embargo, tal y como afirma a la Agencia EFE la portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Sonia Lamas, la ley, por el momento, “no está funcionando”.
Y no está funcionando, subraya, porque los mismos grupos antiabortistas que se concentraban frente a las clínicas antes de la ley siguen “acosando, rezando, verbalizando el acoso, con expresiones que son constitutivas de delito y con cánticos que apelan a la perversidad de las mujeres que ejercen su derecho al aborto”.
Desigualdad por territorios
Los primeros sábados de cada mes, en distintos puntos del país, esos grupos organizan concentraciones frente a las clínicas y “acosan en formato masivo” dentro de su campaña “rezar no es delito”. Según Lamas, las fuerzas de seguridad actúan de forma distinta según el territorio.
Pone como ejemplo una de estas concentraciones de los antiabortistas ante la clínica Dator de Madrid, donde llegaron a reunirse cerca de un centenar de personas a las que la policía les permitió continuar, mientras que esa tarde, la misma gente llegada en autocares a San Sebastián para protagonizar un acto similar frente al centro Askabide no pudo ni bajar del vehículo, ya que la Ertzaintza se lo impidió.
Denuncian que la policía no disuelve las concentraciones
“Creemos que se les está dando un mensaje de permisividad, de que están porque se les permite estar”, abunda Lamas, portavoz también de la clínica Dator, que relata cómo, además de esas concentraciones, algunos días hay personas que se ponen a medio metro de las puertas de los centros con la “rodilla hincada en el suelo, con los brazos en cruz”.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid consultadas por Efe aseguran que la Policía hace propuestas de sanción si lo considera, y luego empieza el proceso administrativo (ratificación, alegaciones y resolución), aunque no avanzan cifras concretas.
Lamas afirma que la Policía Nacional está identificando a algunas de las personas que allí se concentran y entiende que eso dará lugar a una propuesta de sanción. Luego “habrá que ver” lo que hace el juzgado, pero, de momento, a las puertas de las clínicas nada ha cambiado tras la reforma del Código Penal.
Piden un perímetro de seguridad
ACAI defiende la necesidad de que se establezca un perímetro de seguridad para acabar “con el acoso” a las mujeres que acuden a abortar. “Cualquier reforma del Código Penal, si no contempla las zonas de seguridad, no va a ser beneficiosa para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto; es una prestación sanitaria pública, hablamos de un derecho que tenemos las mujeres”, incide Lamas.
Lo que ocurre en Dator, que ha presentado denuncias por estos actos, no sucede con la misma dimensión en otras clínicas donde, no obstante, también se concentran estos grupos, agrega Lamas. Y habla de ciudades como Zaragoza y Badajoz, entre otras, donde sin perímetro de seguridad los antiabortistas seguirán teniendo “zonas de acoso”.
Ambulancia para ecografías gratuitas
En la acera de enfrente de la clínica Dator, y visible desde dentro del centro, el movimiento antiabortista mantiene un local con la fachada pintada de rosa y la frase “el aborto no es la única solución” de forma repetida en sus paredes.
Junto a una gran foto de un bebé con la pregunta ”¿Te vas a perder mi sonrisa?”, invitan a las mujeres a llamar a un teléfono concreto para recibir “ayuda”. El local lo inauguró la organización antiabortista Derecho a Vivir el pasado 8 de marzo.
Los sábados por la mañana aparca frente a esta clínica madrileña una ambulancia gestionada por sanitarios voluntarios antiabortistas que ofrecen de forma gratuita ecografías a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a la Dator.
“Es un vehículo que lo único que persigue es confundir a las mujeres. Les hacen ecografías, les ponen el sonido fetal”, explica Lamas, quien indica que incluso llegan a ofrecerles desayunar para romper el ayuno y que no se les pueda practicar el aborto.
Los antiabortistas
Desde Derecho a Vivir, su portavoz María Sánchez defiende, en declaraciones a Efe, que vehículos como éste deberían estar más extendidos y subraya que lo hacen frente a la Dator porque “es el mayor abortorio de España”. “El emblema de la muerte está ahí dentro”, afirma.
Esta organización mantiene que lo que ha conseguido la ley es animar a los gerentes “de los abortorios” a ir contra las personas que ofrecen ayuda a las embarazadas.
“No hemos recibido ninguna notificación, más allá de que se presenta la Policía, se identifican y no nos pueden decir que nos vayamos, ni siquiera nos pueden detener. Nos dejan que continuemos con nuestra labor, ellos dan parte y el gerente, en todo caso, pone la denuncia, nosotros como plataforma y lo que concierne al refugio no hemos recibido ninguna denuncia”.
“El refugio” al que se refiere Sánchez es el local frente a la Dator. “Esta ley tiene mucha retórica pero es inaplicable porque ningún rescatador ni acosa ni hostiga ni maltrata, ni coacciona”, mantiene la portavoz de Derecho a Vivir.
