El PSOE propone modificar el Código Penal para castigar con cárcel a quienes hostigan en las puertas de las clínicas abortistas a mujeres que acuden a interrumpir su embarazo.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha denunciado el acoso sistemático que sufren los profesionales y mujeres que acuden a estos centros por parte de grupos antiabortistas que les acusan de asesinos y piden que se acabe con los ataques a la dignidad e intimidad de las usuarias.
En rueda de prensa, el asesor jurídico de ACAI, José Antonio Bosch, ha asegurado que son una excepción las clínicas en las que no se produce este tipo de acoso, que se ha visto incrementado en los últimos años y que procede de unas 15 asociaciones «que se dedican a esto» amparados por la libertad de expresión.
«Mientras exista el derecho al aborto, cualquier obstáculo para acceder a él es ilegítimo», ha recordado Bosch, que ha reclamado a las autoridades que se garantice, tanto a mujeres como a profesionales, la tranquilidad y confidencialidad.
ACAI está formado por 31 centros que a su vez tienen varias clínicas en toda España concertadas con la Administración para realizar los abortos, un derecho amparado por la ley que reconoce la potestad de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo y sin plazo en caso de anomalías incompatibles con la vida.
Cada año, estas clínicas realizan unos 100.000 abortos, el 70 % por debajo de las 8 semanas de gestación y un 3 % por malformaciones fetales.
La vicepresidenta de ACAI, Eva Rodríguez, ha destacado la labor de los profesionales que trabajan en estos centros, la mayor de los cuales cuentan con más de 25 años de experiencia, y que en muchos casos son «mal vistos» por compañeros de profesión «que nos derivan a las mujeres para practicarles el aborto» y por determinados grupos «que nos llaman asesinos, cuelgan pancartas o nos persiguen cuando vamos por la calle con nuestros hijos».
Un acoso que ha existido siempre, pero que en los últimos años se ha incrementado y que compromete el derecho a la intimidad que ampara a las mujeres que abortan, especialmente en el caso de ciudades pequeñas.
Para abordar este problema, el Grupo Socialista en el Congreso ha propuesto una modificación del Código Penal para castigar con cárcel a quienes hostigan en las puertas de las clínicas abortistas a mujeres que acuden a interrumpir su embarazo.
También se ha planteado establecer un perímetro de seguridad en torno a estos centros.
En respuesta, la Plataforma Derecho a Vivir ha iniciado una recogida de firmas contra esta iniciativa y ha denunciado el interés del Gobierno en «criminalizar» los movimientos antiabortistas.
