Las víctimas de abuso Alejandro Palomas –escritor que se reunió con Pedro Sánchez–, Miguel Hurtado, Manuel Barbero, Esther Pujol y Jordi de la Mata no colaborarán con la investigación aprobada por el Congreso. La Plataforma Tolerancia 0 alega que el Defensor del Pueblo fía su trabajo a la «buena voluntad» de la Iglesia y que su titular, Ángel Gabilondo, tiene un «conflicto de interés» por su paso por colegios bajo sospecha.
Golpe a la investigación oficial sobre la pederastia en la Iglesia impulsada por el PSOE y aprobada por el Congreso antes incluso de que eche a andar. La comisión del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en la institución católica nacerá lastrada por el rechazo de un destacado grupo de víctimas catalanas, entre las que figuran denunciantes de varios de los más sonados escándalos.
La Plataforma Tolerancia 0 hizo este este jueves pública su constitución en Barcelona con el impulso de quienes se presentan como los «primeros» denunciantes de: 1) el caso de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, cofundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse; 2) el caso de los maristas, Manuel Barbero, a su vez fundador de Mans Petites; 3) el caso Bellcaire, Esther Pujol; 4) el caso de los jesuitas, Jordi de la Mata (es firmante del informe de la plataforma, pero aún no miembro formal de la misma); y 5) el caso de La Salle, Alejandro Palomas, escritor que llegó a reunirse con Pedro Sánchez. Todos ellos se encuentran entre los rostros más conocidos y las voces más escuchadas de la lucha contra la impunidad de la Iglesia. A la plataforma se suma la Fundación Vicki Bernadet de atención a las víctimas de abuso sexual a menores.
La primera iniciativa de la plataforma fue la presentación este jueves de un informe detallando la fórmula a su juicio óptima para la investigación, una «comisión de la verdad» con «poder coercitivo» sobre la Iglesia para forzarla a abrir sus archivos, a los que el nuevo lobby de víctimas y denunciantes se refiere como «archivos de la perversión». En dicho informe, los denunciantes anuncian su rechazo a participar en la comisión oficial aprobada por el Congreso con todos los apoyos salvo Vox. No colaborarán con la comisión Gabilondo. Y no lo harán por dos motivos: no les parece apropiada la institución y no les da confianza Ángel Gabilondo.
El pasado de Gabilondo
La Plataforma Tolerancia 0 carga contra la comisión oficial, que estará coordinada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. En un informe suscrito por todos los impulsores de este lobby –surgido en Cataluña aunque con vocación de incorporar víctimas, asociaciones, activistas y profesionales del resto de España–, la plataforma señala que el Defensor «no es la institución más adecuada» para la investigación, ya que su estatuto no le confiere los «poderes coercitivos de investigación para concluir con éxito». De toda las fórmulas posibles, señala el informe de 38 páginas, la de la comisión Gabilondo es la que daría «resultados menos ambiciosos», por sus «enormes limitaciones», que dejarán toda la cooperación de la Iglesia al albur de su «buena voluntad».
La plataforma afirma que la comisión oficial nace además un «claro» y «gravísimo» problema de «conflicto de intereses», debido al pasado como docente en colegios católicos de Gabilondo «a lo largo de un periodo de tiempo durante el cual se produjeron casos de pederastia clerical sobre los que pudo tener conocimiento sin denunciarlo», afirma el informe, elaborado por el psicólogo infantil Miguel Hurtado, portavoz en España de la organización internacional Ending Clergy Abuse (ECA). La plataforma señala que el Defensor, religioso corazonista entre 1966 y 1979, fue docente en los colegios del Sagrado Corazón de Vitoria y de Madrid, sobre los que se han «presentado denuncias de pederastia clerical durante el periodo en que ejerció la docencia».
«Múltiples víctimas se han preguntado si es posible que Gabilondo conviviera en Madrid y Vitoria con abusadores sin ser conocedor de los delitos. Existen dudas razonables», señalan los firmantes. Gabilondo sería por todo ello, añade el informe, «juez y parte». «Los alumnos dicen que era un secreto a voces», afirmó Hurtado durante la presentación.
La Oficina del Defensor del Pueblo, contactada por infoLibre, no comentó las afirmaciones de la nueva plataforma. Sobre la comisión oficial, dijo: «Se está trabajando en su constitución».
El informe cree que España ha puesto bajo el listón de exigencia en comparación con Reino Unido. Allí la juez emérita Elizabeth Butler-Sloss, presidenta de la comisión inglesa para investigar el abuso sexual infantil en instituciones del país, dimitió en 2014 porque su hermano, entonces ya fallecido, había sido fiscal en los años 80, un periodo que debía ser investigado. Su sustituta, Fiona Woolf, dimitió al conocerse su relación con un político contra el que se habían realizado acusaciones de abuso.
Rechazo a una «voladura controlada»
«Cabe preguntarse si la Oficina del Defensor del Pueblo es una institución con la suficiente percepción de independencia política como realizar esta tarea», señala el informe, que añade: «Ya hay víctimas que afirman que la comisión ha sido acordada de antemano entre el gobierno y la cúpula de la Conferencia Episcopal, de forma similar a como se ha solucionado en falso el escándalo de las inmatriculaciones«.
Los firmantes temen un acuerdo de caballeros» para una «voladura controlada». Y añaden: «Las víctimas catalanas abajo firmantes no vamos a participar en ningún otro modelo de investigación, ya sea de carácter estatal (investigación del Defensor del Pueblo) o autonómico (comisión de investigación parlamentaria catalana) por el importante desgaste emocional y retraumatización secundaria que supondría», señalan los firmantes.
Hurtado, el autor del informe
Los firmantes son destacados referentes del movimiento contra la impunidad de la Iglesia. Miguel Hurtado, psicólogo infantil y uno de los fundadores de la organización internacional Ending Clergy Abuse, fue uno de los representantes de las víctimas durante la comparecencia del Vaticano frente al Comité de la Infancia de Naciones Unidas en 2014. Además, es impulsor de la campaña El abuso no prescribe, que logró más de medio millón de firmas en Change.org. Hurtado sufrió abusos en la adolescencia en el grupo scout de la Abadía de Montserrat y fue el primer denunciante del caso. Además, fue fundador de Infancia Robada, a la que ya no pertenece.
Hay, afirmó este jueves, una «quiebra de confianza» hacia la comisión coordinada por el Defensor, por «las formas y el fondo». «Éticamente y honestamente no podemos cooperar. Nos bajamos del tren del Defensor del Pueblo y nos bajamos del tren del despacho Cremades [en referencia a la «auditoría» encargada por la Conferencia Episcopal al despacho Cremades & Calvo Sotelo, presidido por un miembro del Opus]», afirmó este jueves Hurtado.
El escritor y el presidente
También forma parte de la plataforma y es firmante del informe Alejandro Palomas, escritor y ganador entre otros de los premios Nadal y Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Víctima a los 8 años en el colegio de La Salle Premià de Mar, su testimonio en enero contribuyó a dar un fuerte impacto social al problema. Tras hacer público su caso, fue recibido por Pedro Sánchez. Aunque salió satisfecho de la reunión, hoy no le vale con la comisión que defiende el presidente.
«Estoy aquí porque no he tenido más remedio», afirmó durante la presentación Palomas, que dice que el presidente no le mintió, pero que desde su reunión en febrero ha «aprendido mucho sobre el lenguaje político». «Me dijo toda una serie de cosas no decididas, me habló de intenciones, con lo cual me quedé feliz como un niño pequeño que va a ver al rey», dijo. No obstante, a su juicio la comisión del Defensor adolece de «falta de credibilidad».
En cuanto a Manuel Barbero, su hijo sufrió abusos entre los 13 y los 15 años. Barbero, que sacó el conocido como caso Maristas a la luz y animó al resto de afectados a denunciar, es fundador y referente de Mans Petites, la primera organización en España en conseguir un proceso de reparación, con indemnizaciones incluidas
Jordi de la Matata denunció junto a su hermano en 2019 haber sufrido abusos por parte de dos religiosos en el colegio jesuita de San Ignacio, en Barcelona. Es otro de los rostros conocidos de la denuncia pública de la pederastia en la Iglesia. A ellos se suma Esther Pujol, la primera denunciante del conocido como caso Bellcaire. Sufrió una agresión sexual cuando tenía diez años a manos del sacerdote, durante un campamento de verano. En 2016 lo hizo público. «Es uno de los pocos testimonios de mujeres que se atreven a denunciarlo y a contarlo públicamente (se estima que representan el 15% del total de los abusos en la iglesia)», señala la Fundación Vicki Bernadet.
El peso del celibato
El informe presentado este jueves en Barcelona detalla su propuesta de Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Dicha comisión empezaría en el Parlament Cataluña con voluntad de demostrar el éxito de la fórmula y extenderse al ámbito estatal o a otras comunidades autónomas. El propuesto es «un modelo similar al adoptado por el Reino Unido, donde se acabaron creando hasta tres comisiones, una para Inglaterra y Gales, otra para Escocia y una tercera para Irlanda del Norte», señala el informe, que propone investigar las instituciones católicas desde 1945.
El informe propone que la comisión estudie el peso que han tenido en el fenómeno de los abusos el celibato, la exclusión de la mujer del poder en la Iglesia y el secreto de confesión. Tres asuntos vertebrales de la Iglesia católica.
La Plataforma Tolerancia 0 deja claro que no se dedicaría sólo a la investigar la pederastia, con un proceso de «búsqueda activa de víctimas», sino también su «encubrimiento». La «comisión de la verdad» incluiría sesiones públicas centradas en los maristas, los jesuitas, la Salle, la Abadía de Montserrat, el caso Constanti (Diócesis de Tarragona), el caso Casa Santiago (Diócesis de Barcelona), el caso Viloby D’Onyar (Diócesis de Girona).
La comisión requiere, incluso aunque se hiciera en el Parlamento de Catalunya y no en el Congreso, de una reforma del Código Penal, concretamente del artículo 502, para poder castigar la negativa a comparecer y a entregar documentos relevantes. Duraría un máximo de tres años, incluyendo los preparativos de los trabajos.
La propuesta, elaborada por Miguel Hurtado con asesoramiento legal, incluye un paquete de nombres de posibles miembros de la comisión, entre ellos Jean-Marc Sauve, que presidió la comisión francesa; Matthias Katsch, miembro de la comisión alemana; Kirsten Sandberg y Sara Oviedo, expresidente y exvicepresidenta de la Comisión por los Derechos del Nino; los juristas Jorge Cardona, Joan Queralt y Josep María Tamarit; e instituciones como la Fundación Vicki Bernadet, Child Rights Network International (CRIN), The International Centre for Transitional Justice, entre otras.
