En la primavera de 2016, durante una conferencia nacional, el presidente chino, Xi Jinping, declaró “de especial importancia” las cuestiones religiosas. En octubre, durante el 19 Congreso del Partido Comunista de China en el que expuso su programa para los próximos cinco años, llamó a la sinización de las distintas confesiones. Este jueves ha entrado en vigor una revisión de la ley sobre la práctica religiosa que los creyentes temen que vaya a incrementar aún más la vigilancia sobre ellos.
Las enmiendas de la ley, dividida en nueve capítulos, imponen multas a quienes alquilen espacio para las reuniones de una congregación religiosa no registrada. También endurece el control del Gobierno sobre el contenido que las instituciones religiosas vuelquen en Internet, y aumenta la vigilancia sobre las escuelas confesionales. Pero, sobre todo, la legislación renovada deja claro que la práctica de la religión estará siempre subordinada a lo que el Estado considere cuestión de seguridad nacional.
“Ningún individuo u organización puede usar la religión para desarrollar actividades que pongan en peligro la seguridad nacional, alteren el orden público… ni otras actividades que perjudiquen a los intereses del Estado o de la sociedad” indica el artículo 4.
“Estas nuevas regulaciones y enmiendas solo aprietan aún más el puño del Gobierno chino sobre la práctica religiosa”, ha indicado Amnistía Internacional. “Tras el nombre burocrático de la ley se encuentran una serie de enmiendas draconianas que verán mayor interferencia estatal, más actividades religiosas prohibidas, más sanciones económicas sobre las organizaciones religiosas”.
La revisión de la ley, y la orden de sinizar las distintas religiones, surge del enorme auge que vive la religión -en cualquier de sus diferentes manifestaciones- en una China oficialmente atea. Los templos se llenan con regularidad; los montes sagrados reciben millones de visitas de fieles; las comunidades protestantes se multiplican.
Aproximadamente un 18% de la población, 245 millones de personas en un país de 1.400 millones, es budista, según el Centro Pew Research Center. Un 22% mantiene creencias tradicionales relacionadas con el taoísmo; oficialmente, el cristianismo suma cerca de 40 millones de fieles, pero algunos expertos calculan que la cifra real puede superar los 88 millones de militantes del Partido Comunista de China. El profesor Yang Fenggang, de la Universidad Purdue en Indiana (EE UU) ha estimado que para 2030 este país podría convertirse en el de mayor población cristiana de la tierra, con casi 250 millones de creyentes.
El régimen, sospechoso de cualquier movimiento social que pueda poner en entredicho su mandato, ve ese auge, especialmente el de las religiones “foráneas” (islam, protestantismo y catolicismo) con preocupación. Si en el caso del islam se alega el temor al extremismo, en el caso de las confesiones cristianas preocupan las iglesias clandestinas, que no aceptan la guía de las organizaciones “patrióticas” oficiales. La perspectiva de regularizarlas puede encontrarse detrás del interés chino en un posible acercamiento con el Vaticano.
Si durante sus cinco años de mandato ya ha encabezado un fuerte aumento del control sobre la sociedad civil y las minorías étnicas, Xi Jinping ha subrayado en diversas ocasiones la necesidad de resistir la “infitración extranjera por la vía de la religión”. Ha puesto de manifiesto que lo considera un asunto de seguridad nacional; según el presidente chino, los “valores centrales” del socialismo son los que deben guiar a las religiones en este país.
El Partido ha vuelto a enfatizar también que sus miembros no pueden ser creyentes. “La fe religiosa es una línea roja para cualquier militante”, ha dicho Wang Zuoan, director de la Administración Estatal para los Asuntos Religiosos, “los miembros del Partido deben ser firmes marxistas ateos, obedecer las normas del partido y adherirse a la fe del Partido”.
Qué efectos tendrán las nuevas regulaciones está aún por ver. Como la mayor parte de la legislación china, muchos de sus artículos están redactados en términos generales, sujetos a una interpretación que puede cambiar de un día para otro, o de una provincia a otra.
Algunos de sus artículos, apuntan comunidades protestantes, pueden interpretarse como -quizás- una puerta abierta a un procedimiento menos rígido para registrarse legalmente sin necesidad de pasar por las organizaciones oficiales. Otras provisiones atajan problemas surgidos con el rápido crecimiento de la religión, como la falsificación de títulos religiosos por parte de personas sin cualificación, o la comercialización de algunos templos.
En agosto pasado, el periódico Beijing News se hacía eco de uno de estos templos, en la provincia de Hebei, explotado por los vecinos del pueblo: con estatuas budistas y confucianistas, e incluso imágenes de Jesucristo, había logrado atraer un público que donaba cerca de 1,5 millones de dólares al año.
